Carina Ortiz
La iniciativa de bajar la edad de imputabilidad a los 15 años propuesta por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, abrió un nuevo debate. El Ciudadano dialogó con la titular del Juzgado de Menores N° 4 de Rosario, María Dolores Aguirre Guarrochena, quien remarcó la necesidad de evitar la instalación de un tema en años electorales y dar una discusión seria y responsable. La magistrada refirió a la necesidad de políticas públicas vinculadas a niñez y destacó que el fuero penal es un pequeño segmento de esa problemática. Además, invitó a tener una perspectiva más general y entender que la selectividad del sistema penal abarca sólo a una parte de la población más vulnerable. La jueza hizo foco en las condiciones de encierro de los adolescentes y resaltó que el encarcelamiento debería ser la última herramienta que utilice el Estado.
—¿Qué opina sobre la discusión sobre la baja de edad en la responsabilidad penal?
—Por un lado corresponde que Argentina se dé la oportunidad de debatir una edad de responsabilidad penal de una manera seria y en un contexto democrático porque el régimen actual es del año 1980 con una modificación en mayo del 83, es decir plena dictadura militar. De aquel momento hasta ahora, nunca nos permitimos discutir seriamente, dentro del ámbito democrático, la edad de responsabilidad penal. Me parece razonable el esfuerzo del Gobierno Nacional de querer impulsar un debate democrático, pero me parece que no es el momento adecuado. Se está intentando fijar como un tema de agenda. Es algo que sistemáticamente viene ocurriendo en todos los años electorales. Pasó en 2017 y es casi sistemático el uso de este tema porque tiene un altísimo componente emocional.
—¿Por qué habla de componente emocional?
—La palabra “menores” la simple palabra “menores” que la uso intencionalmente, tiene un altísimo componente emocional que tiene que ver con la historia de la construcción social de la infancia. Entonces cuando uno empieza con la palabra menores saltan un montón de emociones entorno a ese concepto que tienen que ver con la bronca, el hartazgo, la furia, la impotencia, el odio. Esas emociones son las que en épocas electorales están muy a flor de piel y son las que intentan capitalizarse. Me parece que el tema es para debatir, pero no en este momento.
—¿Por qué considera que es un tema recurrente?
—A mí me parece que el tema de la responsabilidad penal es un tema no resuelto porque el tema de la niñez es un tema no resuelto. Tenemos que plantearnos o pararnos desde otra perspectiva mucho más general y ver que hay muchísimos aspectos de la niñez y adolescencia argentina que no están resueltos. Entonces, después, intentamos utilizar un pequeño segmento de toda esta temática general, que es el área penal, como para tener rédito político porque si intentamos hacer un abordaje serio de toda la problemática de la niñez eso no es electoralmente redituable. Me parece que de esta perspectiva mucho más amplia no podemos soslayar el informe del observatorio de la deuda social argentina que hizo la Universidad Católica Argentina (UCA) hace un par de meses.
En ese observatorio se avizora que en Argentina el 33 por ciento de la población está por debajo de la línea de pobreza. Es decir uno de cada tres argentinos. Si ese estudio se hace en forma desagregada, por edades, el 51 por ciento de las personas menores de 18 años están debajo del índice de pobreza. Es decir uno de cada dos niños o adolescentes. Tenemos que empezar a analizar por ese lado cuáles son las respuestas que no conseguimos dar como Estado para recién poder empezar a plantear seriamente uno de los aspectos, que es el penal.
—¿Cuál es la discusión que se tiene que dar en el ámbito de la justicia penal juvenil?
—A mí me parece que existen muchas. En primer lugar que efectivamente la justicia penal juvenil sea el último recurso posible porque si estamos diciendo bueno, vamos a utilizar el proceso penal juvenil para que los chicos se resocialicen, se reeduquen me parece una visión equivocada. En realidad, el Estado tiene muchísimas otras herramientas para lograr esa finalidad y son esas otras herramientas y esas otras áreas del Estado las que tienen que activarse mucho más para lograr ese fin, sin recurrir a una ley penal.
Hay que analizar mucho y más seriamente la deserción escolar, la promoción de los derechos que tienen que ver con la vida deportiva, los bienes culturales, el acceso una vivienda digna a vivir en ambientes tranquilos, sanos. Hay muchísimos factores que influyen para que las tasas de delitos aumenten y tienen que ver con qué son poblaciones muy vulneradas.
—En muchos casos se vincula el consumo de estupefacientes con la comisión de delitos ¿Cómo valora esta situación? ¿Cómo se refleja en la realidad del Juzgado?
—El tema del consumo de drogas es uno de los factores que se suman a toda una serie de factores socioeconómicos que aumentan las tasas de los delitos. A mí me parece que las políticas de prevención en materia de adicciones y políticas de abordaje para aquellos que presentan consumos problemáticos son insuficientes. Desde mi punto de vista no alcanzan a abordar toda esta problemática, máximo cuando el consumo de drogas debe analizarse como un consumo más. Hay gente que accede a bienes de consumo de buena calidad y otros de mala calidad. En estos casos, la mayor parte de las poblaciones vulnerables accede a consumo de elementos de baja calidad, lo cual repercute negativamente y tiene muchas incidencias en la salud.
Me parece que todas las estrategias de prevención y de abordaje de chicos que tienen esas problemáticas tienen que reforzarse porque en este momento son insuficientes. Es una problemática que es cada vez mayor y va captando cada vez población más joven, por lo que me parece que el Estado no sólo tiene que atender a casos particulares sino que tienen que establecer programas que tengan objetivos sociales concretos y que puedan ser evaluados periódicamente. No se puede estar corriendo atrás del caso particular. Tienen que fijarse programas que persigan ciertos objetivos sociales que sean evaluables. Por supuesto, estamos hablando de ciencias sociales, pero por lo menos que existan ciertos periodos de evaluación para ver si estamos más cerca o no.
Mucha de las personas podrán decir que las políticas públicas en tema de niñez le faltan esto o aquello o tienen determinadas insuficiencias. Probablemente pueda llegar a coincidir en esos puntos de vista, pero por el hecho de que necesitan más desarrollo ¿Por ese motivo vamos a endurecer las penas? Me parece que no es la respuesta adecuada.
—¿Qué influencia tiene la reforma al sistema procesal penal de mayores?
—La reforma al sistema penal juvenil tuvo muchos idas y vueltas. Para los adultos se cambió de un sistema inquisitivo (el juez tenía la función de investigar y juzgar) a un acusatorio (la investigación está a cargo de la Fiscalía y el juez sólo garantiza el proceso) en el 2014. Estamos en el 2019, ya pasaron 4 años y la justicia penal juvenil está en veremos. Con un proyecto que pasa de una Cámara a la otra, con modificaciones. Todavía no tenemos certeza si esto se va a probar o no.
Inclusive, algunos legisladores provinciales intentan modificar este proyecto que ya tiene muchas modificaciones y de ser un todo armónico pasó a ser un conjunto de distintas lógicas y soluciones porque cada cual quiso ir acomodándolo a su entender. Además, algunos legisladores puntuales intentan introducir modificaciones utilizando herramientas procesales como herramientas de política criminal cuando en realidad las herramientas procesales aclaran de antemano cuáles son las reglas del juego de debate. Todas estas idas y venidas del régimen procesal en el tema de infancia y adolescencia, es sintomático de lo que opina el arco político de un tema como niñez.
—Muchas veces se escucha que grupos delictivos reclutan adolescentes en sus filas y muchas veces terminan en la primera línea de fuego. ¿Qué hay de cierto?
—El tema de la participación de la niñez o adolescencia en grupos delictivos no es un fenómeno masivo, no es un gran porcentaje dentro de la población con la que nosotros trabajamos. La mayoría de los delitos son contra la propiedad, delitos callejeros pero sí es verdad que un determinado porcentaje integran organizaciones criminales que por supuesto están en la línea de fuego. Están en los lugares más expuestos de la organización criminal con un altísimo riesgo de ser captado por el poder punitivo. Es decir, en definitiva esos chicos son víctimas de la banda criminal. No es que forman parte, ni mucho menos, tengan poder de decisión, ellos son utilizados por esas bandas criminales. Por el otro lado, son doblemente víctimas porque hay un Estado que no intervino en su momento y dejó a estos chicos librados a su suerte donde una oferta de una banda criminal terminó siendo mucho más atractiva que la estatal. Me parece que hay que analizar estos chicos desde una doble posición de víctima.
Ciudades con mayor índice de conflictividad
La jueza explicó que los lugares en los que hay mayor índice de adolescentes en conflictividad con el sistema penal son Rosario y Santa Fe. Y requirió que el Estado ofrezca herramientas por fuera del sistema penal.
Para la magistrada, en Santa Fe las dos sedes más importantes que hay que analizar en el ámbito del delito son: la capital provincial y Rosario. Las otras localidade s no presentan una criminalidad que sea seria o muy grave aunque siempre hay casos individuales pero hay que hacer análisis desagregados por regiones, puntualmente por ciudades para tratar de desmitificar esto de que todos los adolescentes son una horda delincuentes que están dispersos por la República Argentina.
“Acá, las ciudades que pueden traer una conflictividad más elevada son Rosario y Santa Fe. Aun así me parece que los chicos que cometen delitos presentan características socioeconómicas de muchísima vulnerabilidad. Son familias muy arrasadas, familias excluidas que no han logrado cubrir sus necesidades básicas. Es una población seleccionada por el sistema. No significa que los pobres sean delincuentes sino por el contrario el sistema penal es selectivo de la población más vulnerable. Entonces, la población con la que trabajamos son estos chicos: son vulnerables, tienen cierto atraso escolar, precaria inserción laboral, un gran porcentaje presenta consumo problemático por sustancias psicoactivas. Son familias muy desmembradas y el Estado tiene que tratar de ofrecer herramientas por fuera del sistema penal”, sostuvo la jueza de Menores.
Perspectivas sobre el cierre del Irar
El Instituto de recuperación del Adolescente Rosario (Irar) nació en 1999 y desde el comienzo presentó graves problemas estructurales que llevaron, hace 6 años, al que el gobierno prometiera un cierre que nunca llegó. Pese a los inconvenientes, sigue alojando menores. Al respecto, la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena propuso el “desarrollo de políticas de justicia penal juvenil y de programas de justicia penal juveniles”.
—¿Qué pasa con los chicos que tienen causa de menores pero que están casi al límite de la mayoría de edad y terminan cumpliendo medidas cautelares o condenas en cárceles de mayores?
—Hay distintas posiciones entre los colegas, entiendo que después de los 18 años deben cumplir la prisión preventiva o la condena en pabellones juveniles de cárceles de mayores. También hay que preservar la población adolescente que está en el Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario (Irar), ubicado en Saavedra y Cullen. La Convención de los Derechos del Niño establece que no se puede encarcelar a niños y adolescentes en los mismos lugares que los adultos. En realidad, siempre es la sábana es corta porque en realidad sería mucho mejor tener un lugar especial para aquellos chicos que cometieron un delito en su minoridad.
—Se había prometido el cierre del Irar. ¿En qué situación está la institución?
—A mí me parece interesante analizar esa promesa, que lo iban a cerrar y después no se pudo lograr. También son promesas que tienen una intención electoralista. A mí me parece que el encarcelamiento de los adolescentes debería ser el último recurso posible y, por supuesto, habría que propiciar medidas alternativas, previas como la justicia restaurativa. No tenemos suficientes lugares de centros abiertos, ni personal suficiente. Me parece que tendríamos que hacer todo un desarrollo de políticas de justicia penal juvenil y de programas de justicia penal juvenil. Es decir, plantear el cierre o reducción de Irar en un futuro tratando de establecer metas intermedias. No decir, vamos a cerrar Irar, como si el problema mágicamente desapareciera.
Hay que fijar una agenda para que ese resultado se pueda obtener en el futuro, pero no es algo que se logra de la noche a la mañana, obviamente. Creo que ningún operador va a salir a defender el Irar porque es un lugar de encierro, con una lógica carcelaria. Lo mejor que nos podría suceder es que con el tiempo esto se vaya reduciendo en su máxima expresión. Hoy tiene un cupo de 40 personas y tenemos un centro de puertas abiertas con la capacidad para alojar a 10 personas, lo ideal sería revertir esta situación.
Las adolescentes en conflicto con la ley
Las adolescentes que ingresan al sistema penal son menos en número que los varones, pero para la magistrada a cargo del Juzgado de Menores de la 4 Nominación las condiciones de detención son peores que la de los varones.
—¿En qué circunstancias se encuentran las adolescentes que están privadas de su libertad?
—Es algo que también tiene que ver con la selectividad del sistema penal porque en realidad la población más vulnerable para ser captada por el sistema punitivo son los varones que por supuesto pertenecen a barrios vulnerables, a clases sociales desfavorecidas que tienen atraso escolar, que tienen precaria inserción laboral es decir dentro de la población seleccionada por el sistema penal las mujeres no son tan vulnerables para ser atacada por el poder punitivo.
No obstante, hay algunas chicas que son captadas por el sistema punitivo y sus condiciones de encarcelamiento son aún peores que la de los varones. En primer lugar, porque no existen alojamientos adecuados para tener a esas chicas. El único que tenemos es Asuntos Juveniles Femeninos, el cual tiene sectores destinados al alojamiento de las adolescentes y otros para imputadas mayores de edad. Si bien, no se cruzan, es el único lugar de detención. Al ser tan poca la población privada de la libertad tienen muchísima más dificultad de acceso a educación, cursos de capacitación o talleres recreativos y culturales.
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