“El agua de Mendoza no se negocia”, es la consigna de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura (Ampap), que no frena su lucha si con la Navidad. Luego de las masivas manifestaciones por las modificaciones a la ley 7.722 que promulgó el gobernador de Mendoza y que habilita el uso de cinauro y otras sustancias tóxicas para la minería a cielo abierto, los asambleístas se reunieron en la madrugada de Navidad en el Kilómetro 0 y este jueves realizarán nuevos encuentros para continuar con el plan de lucha. Mientras el flamante ministro de Ambiente, Juan Cabandié, intentó provincializar el conflicto aduciendo una cuestión de “competencias”, el ex líder de Calle 13, René Pérez, envió un mensaje en el sentido opuesto: “Esto se puede convertir en una situación internacional, porque no están protegiendo el agua, y el agua es de todos. De todos los mendocinos y del planeta entero”. En tanto, los asambleístas suman el apoyo de distintas instituciones y sectores de la sociedad civil.
“Esta lucha en particular no comenzó hace una semana. Apenas promulgada nuestra ley 7.722 en 2007, el sector prominero impulsó 12 pedidos de inconstitucionalidad para derogarla a lo largo de todos estos años. Los derrotamos en 2015 ya que la Suprema Corte de la Provincia de Mendoza ratificó la constitucionalidad de la ley de manera unánime, luego de semanas de movilizaciones, charlas en escuelas, en los barrios y de un acampe de cuatro días en el Poder Judicial con el acompañamiento de miles de nosotros, los mendocinos”, dijeron en un comunicado los miembros de la Ampap.
Este lunes, miles de mendocinos se movilizaron desde distintos puntos de la provincia hasta la puerta de la Casa de Gobierno de Mendoza, adonde eran aguardados por fuerzas de seguridad que, bajo las órdenes del recién asumido gobernador Rodolfo Suárez (Cambiemos), reprimieron al pueblo movilizado.
El reclamo era que Suárez vetara las modificaciones que la legislatura provincial introdujo a la ley provincial 7.722, sancionada hace 12 años, que prohibía expresamente la utilización de cianuro, ácido sulfúrico y otras soluciones contaminantes en las explotaciones mineras. Las modificaciones, oficializadas en el Boletín Oficial a través de la ley N° 9.209, fueron aprobadas por una coalición de diputados y senadores de Cambia Mendoza (Cambiemos) y del Frente de Todos.
“Nuevamente fueron por nuestra ley y nuestro pueblo ha comprendido el peligro que significa tener la actividad megaminera aguas arriba en toda nuestra cordillera. Esta es la razón de fondo de la masividad del reclamo actual”, sostuvieron desde la Ampap, que este jueves se reunirá para organizar las próximas acciones de lucha a seguir.
“La situación actual es compleja ya que las modificaciones sancionadas por la Legislatura el viernes 20 en sesión exprés, han puesto en jaque la estabilidad social. Esa es la razón de la represión del lunes al pueblo de Mendoza, la que repudiamos desde nuestras entrañas. Hay una crisis de representación porque no tienen licencia social”. Ese es el principal cuestionamiento de los asambleístas hacia los gobiernos nacional y provincial, entre los que denuncian un pacto para favorecer “el ingreso de la megaminería en Mendoza”.
Con el paso de las horas, son cada vez más las instituciones y los sectores de la sociedad civil que se posicionan políticamente en contra de la nueva normativa.
Cuestión de competencias
En el medio, desde el poder político nacional las manifestaciones han sido escasas. El presidente Alberto Fernández se reunió con la diputada nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, y se limitó a plantear su preocupación por la “tensión social” en esa provincia.
Dos días antes de que la legislatura mendocina modificara la ley, un almuerzo que mantuvo con la Asociación Empresaria Argentina, dijo: “En Mendoza hemos logrado que salga una ley para que Mendoza también se involucre en lo que es la explotación minera. Allí está nuestra riqueza y eso es abrirnos al mundo con inteligencia”.
Además, la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva –sancionada por la legislatura nacional el mismo día que en Mendoza se modificaba la ley 7.722– redujo las retenciones a la actividad minera de un 12% a un 8%.
Por su parte, el flamante ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, planteó una cuestión de competencias y responsabilizó íntegramente al gobierno de Suárez. “La competencia en materia de explotación minera es exclusivamente provincial. El Gobierno Nacional no interviene en la materia, solo puede extremar su recaudo a favor de que esa actividad se realice con acuerdo social y con preservación del ambiente”, señaló en un comunicado.
Reclamo sin fronteras
El músico puertorriqueño René Pérez (Residente) –ex líder de Calle 13 y una de las caras visibles de las protestas que este año llevaron a la dimisión del gobernador de Puerto Rico, Ricky Roselló– envió un mensaje a los manifestantes mendocinos y al gobierno argentino desde sus redes sociales.
“Este es un mensaje para el pueblo de Mendoza, para que sepan que cuentan con todo mi apoyo, y para que el gobernador Rodolfo Suarez sepa que esto se puede convertir en una situación internacional, porque no está protegiendo el agua, y el agua es de todos. De todos los mendocinos y del planeta entero. Cada rincón del mundo en donde se sienta que están contaminando el agua, ahí todos vamos a estar unidos, manifestándonos”, dijo.
“Le pido a gobierno de Argentina que por favor le diga al gobernador que no rompa la ley 7.722, porque esto va a ser un problema internacional. Y a toda la gente de Mendoza, que siga manifestándose pacíficamente. Argentina tiene que proteger a su gente, no puede meter a la policía a romper manifestaciones y menos manifestaciones para que no se contamine el agua. Este mensaje es para que sepan que si esto no cambia, la manifestación se va a volver más y más grande”.
Universidad en alerta
Luego de las modificaciones de la ley y la represión del lunes último, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), emitió un comunicado en el que cuestionaron la falta de debate en torno de las modificaciones introducidas en la normativa y de la cuestión ambiental y cuestionó el uso de las fuerzas de seguridad para arremeter en contra del pueblo.
“La sanción de normas que regulan la explotación de recursos naturales no renovables, o de actividades que afectan profundamente al medio ambiente, requieren de un debate minucioso, informado y democrático, con participación de un gran número de actores sociales. Consideramos que este no ha sido el mecanismo utilizado en la reciente modificación de la Ley Provincial N° 7.722, lo que no sólo contradice el origen de una norma que nació con amplia participación ciudadana, sino que oscurece la genuina necesidad que tiene la Provincia de Mendoza de diversificar su matriz productiva”, expresaron desde la casa de estudios.
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