El abogado de uno de los siete acusados en el marco del megafraude que involucra a la firma fantasma Dimare SRL se convirtió este miércoles en el octavo imputado del caso, por encubrimiento y en estado de libertad, dijeron fuentes judiciales. Los voceros añadieron que, según Fiscalía, el letrado adquirió a sabiendas elementos que tenía procedencia ilícita. La causa tiene además tres prófugos, entre ellos el sindicado líder de la banda, Sebastián Alonso, quien usaba la identidad falsa de Jonatan Mena.
De acuerdo con voceros judiciales, el abogado César C., de 42 años y domiciliado en San Jerónimo Sud, fue imputado en sede del Ministerio Público de la Acusación, por el fiscal de Flagrancia César Cabrera, como coautor de encubrimiento y luego volvió a su casa. Según las mismas fuentes, es defensor de Alberto C., de 60 años, uno de los siete hombres que ya habían sido acusados formalmente.
Según la pesquisa de fiscal de Delitos Económicos Sebastián Narvaja, adquirió, recibió u ocultó mercadería en su vivienda de Hamburgo al 900 de San Jerónimo Sud que, sabía, era de procedencia ilegal: hidrolavadora Hyundai, máquina Bobcat, 107 paneles de ladrillo cerámico, fotocopiadora, caja de herramientas y motosierra.
Más de medio centenar de denuncias recibidas, que significó un quebranto por unos 80 millones de pesos son los principales números del megafraude. Según el fiscal Narvaja, la banda creó una firma sólo a los efectos de estafar a empresas mediante cheques de pago diferido, por lo cual montó un complejo entramado que permitió que los incautos cayeran en sus redes. El descargo de los denunciantes es que jamás sospecharon porque tenían buenas referencias comerciales –un integrante de la banda atendía un teléfono cuando los vendedores llamaban a instancias de los estafadores– y porque utilizaban cheques del banco Santander Río, que al principio y por montos pequeños, fueron acreditados sin problema. Así los estafadores se hicieron con maquinarias, automóviles, electrodomésticos y otros productos.
Entre los últimos imputados figuran el mencionado Alberto C. y Alfredo C., de 43 años, a quienes les atribuyeron 36 hechos como coautores de estafa y les fijaron una fianza de 1 millón y medio de pesos a cada uno para obtener la libertad. Poco después fue acusada formalmente por encubrimiento una pareja, mientras que antes habían corrido la misma suerte otras tres personas. Otras tres personas se mantienen prófugas, entre ellas Alonso.
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