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Estafa millonaria

Megaestafa inmobiliaria: en septiembre arranca el juicio contra 15 imputados

Entre los acusados en el célebre caso están cuatro escribanos públicos, un contador y algunos intermediarios y prestanombres que para la Fiscalía fueron parte de un engranaje bien aceitado: una banda de guante blanco que se apropiaba vía fraude con propiedades para luego darle apariencia legal


Una causa que estalló mediáticamente en 2016 dejó al descubierto una red de estafadores en la que estaban involucrados empresarios, escribanos, intermediarios y hasta un sindicalista. Un campo en Villa Eloísa de la familia de un ex camarista fue blanco de una defraudación y se convirtió en la punta del iceberg que demostró la forma en la que trabajaba el grupo, que contaba con varios estamentos: había personas de distinto extracto social y económico que eran parte de un engranaje que terminaba en el desapoderamiento de las propiedades a sus verdaderos dueños. La intervención del entonces fiscal regional Patricio Serjal, que enfrenta una causa por coimas y está detenido en forma domiciliaria, dio directivas que terminaron beneficiando a algunos sospechosos. Además, esta causa derivó en la remoción de los dos fiscales de la Unidad de Delitos Económicos que fueron desalojados a dependencias de baja exposición pública. Ahora el caso llegará a juicio. Si bien varios imputados fueron desvinculados, 15 de ellos llegarán a sentarse en el banquillo de los acusados el próximo 23 de septiembre, cuando los fiscales Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot, quienes habían iniciado la investigación, tendrán la posibilidad de sostener la teoría del caso que tantos dolores de cabeza ocasionó puertas adentro del MPA y en algunos sectores del mundillo que aglutina al poder político y económico de la ciudad.

El debate tendrá lugar entre el 24 de septiembre y el 13 de diciembre de este año. Enfrentarán la acusación de los fiscales Haurigot y Narvaja los escribanos Juan Bautista Aliau, Luis María Kurtzemann, Eduardo Martín Torres y José Luis Gordó. También los empresario Marcelo Basilio Jaef y Leandro Pérez –quien supo ser titular de la concesionaria Reyna Automotores y saltó a las revistas del corazón tras breve romance con la vedette Vicky Xipolitakis–, el sindicalista Maximiliano González de Gaetano; sus hijos Magalí y Juan Cruz González de Gaetano, la docente Sandra Moresco, Omar Marcelo Busellato, el gestor Juan Roberto Aymo, su pareja Ramona Isabel Rodríguez, Andrés Alejandro Martín y Vanina Elisa Luciana Viglione (esposa del integrante de Los Monos Andrés “Gitano” Fernández).

Durante la etapa de instrucción fueron desvinculados del caso el corredor bursátil Jorge O. y el empresario Pablo A., tras un acuerdo con la Fiscalía y la víctima, legítima propietaria de un campo de Villa Amelia, dónde se propuso la devolución de la propiedad y una reparación económica en dólares por parte de los implicados. Esta cuestión se formalizó a través de un pedido de aplicación de un principio de oportunidad en 2018, lo que le valió al dúo el sobreseimiento en la causa penal, avalado por el luego caído en desgracia jefe de los fiscales locales Serjal. Aunque ambos deberán declarar en el juicio, precisaron fuentes judiciales.

Otro dos imputados aceptaron su responsabilidad en las maniobras y firmaron un acuerdos abreviados. Se trata de Jonatan Javier Zárate y Nicolás Aymo, hijo del gestor Juan Aymo, dos miembros del estamento más débil del grupo. Fueron sentenciados a 3 años de prisión, el primero en forma efectiva y una multa de 10 mil pesos, y el restante a una pena condicional y cumplimiento de reglas de conducta.

El caso

El hecho que se transformó en la punta del ovillo fue un campo de 124 hectáreas en Villa Amelia propiedad de Ana Luppi, viuda de un camarista. La mujer detectó una venta apócrifa cuando su hijo se fijó por qué no llegaban más los impuestos del campo. Pidieron un informe registral y descubrieron que el 13 febrero de 2014, en la escribanía del imputado Eduardo Torres, se realizó un poder de la dueña del campo al también acusado Juan Roberto Aymo para concretar la venta. Este documento apócrifo, según la Fiscalía, se utilizó el 31 de marzo de ese año cuando Aymo vendió la propiedad a Maximiliano De Gaetano por 3 millones de pesos, en la escribanía de Juan Bautista Aliau, que luego inscribió la compraventa a sabiendas que era un fraude, siempre de acuerdo con la acusación.

De Gaetano se lo vendió a los también sospechosos Jaef y Pablo A., por 3.200.000 pesos, en la escribanía de Aliau, y estos finalmente en mayo de 2015 se lo vendieron al agente bursátil Jorge O. por 3.500.000 de pesos, transacción que documentó el escribano Luis María Kurtzemann, aunque no se pagó en efectivo sino que se cambió por tres propiedades, dos de ellas en la torre Aqualina, dicen los fiscales. En estas últimas dos transacciones hizo las veces de intermediario Leandro Pérez, afirman.

Esta metodología se utilizó en la defraudación de otras propiedades en la que intervinieron distintos actores que se encuentran acusados. A modo de ejemplo, una propiedad ubicada en Presidente Roca 8 y otra en Presidente Roca 20, Córdoba al 7600, Viamonte al 5300, dos lotes de General Lagos, otro en Arroyo Seco, describen.

Para la Fiscalía, el grupo delictivo tenía como objetivo principal apropiarse de manera fraudulenta y/o violenta de inmuebles para luego reconducirlos al tráfico normal, dándole apariencia de legalidad. Para ello cometían una serie de hechos delictivos en forma continuada y extendida en el tiempo para lo que contaban con una cierta organización estable y ejecutaban distintos roles, según la función que cumplían en la organización que, según la pesquisa, contaba con tres estamentos.

Según la acusación, Juan Roberto Aymo se encargaba de las primeras fases de la ejecución de las defraudaciones. Como gestor ubicaba las propiedades, juntaba la documentación, reclutaba testaferros y compradores fraudulentos que sumaban al pasamanos de las propiedades. Contactaba a los escribanos Torres, Aliau y Gordó para que hicieran los trámites notariales pertinentes que permitían dar una apariencia de legalidad a la documentación apócrifa, achacan. Era un eslabón fundamental para la generación de activos ilícitos y la interacción con otros integrantes del grupo como Pérez o el sindicalista González de Gaetano, describen.

En cuanto al sindicalista Maximiliano Rodrigo Fabián González de Gaetano, lo sindican como uno de los organizadores y financiador de la banda, quien involucró como prestanombres a gran parte de su familia. A Leandro Pérez lo sindican como uno de los administradores del grupo, que cumplía funciones de organización y coordinación de las maniobras fraudulentas, tenía contacto con los eslabones intermedios y más altos del grupo, articulaba y hacía las veces de nexo comunicador entre los distintos eslabones para el traspaso de activos obtenidos ilegalmente. Para la Fiscalía, planeaba la colocación, estrategia e integración de estos bienes y obtenía réditos económicos que disimulaba en distintas sociedades comerciales.

El empresario y contador Marcelo Basilio Jaef también se sentará en el banquillo. Para la Fiscalía, pertenecía a la fase de estratificación de las propiedades obtenidas por fraude. Disimulaba el vínculo entre los activos y el delito que les dio origen. Para los fiscales, era parte de una fase intermedia, un “vaso comunicante” entre los que se apropiaban ilegítimamente de los inmuebles y los que los integraban a la legalidad a través del lavado de activos, cumpliendo un rol esencial para la continuidad de los traspasos disimulando y financiando la actividad delictiva, además de aportar su posición social, su capacidad de mostrar actividad patrimonial lícita, contactos y relaciones, contaron. Tenía vínculo con Pérez, González de Gaetano y con el empresario Pablo A., hoy desvinculado del caso.

El vínculo con Los Monos

Vanina Viglione es pareja del Gitano Fernández, condenado junto con Ariel “Guille” Cantero y otros por el crimen de Diego Demarre en mayo de 2013 tras el homicidio de Claudio “Pájaro” Cantero. Esta mujer hacía las veces de compradora en la cadena de defraudaciones y administraba inmuebles que habían sido desapoderados a sus dueños en forma fraudulenta, vinculada fundamentalmente con Aymo y en otras investigaciones por estafas, siempre según la acusación fiscal.

También los fiscales acusaron como integrantes del grupo a Omar Marcelo Busellato, Magalí y Juan Cruz, hijos del sindicalista González de Gaetano; Ramona Isabel Rodríguez, Andrés Alejandro Martín y Sandra Fabiana Moresco.

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