Las audiencias por la megaestafa inmobiliaria con eje en Venado Tuerto sumaron este viernes dos importantes novedades: por un lado, se conoció que uno de los acusados se acogió a la figura del arrepentido y logró arresto domiciliario; por otro, se sumó un nuevo imputado, el número 15, quien fue detenido en el marco de la causa que investiga un fraude inmobiliario por mil millones de pesos con 36 propiedades, por parte de una banda integrada en su mayoría por profesionales. El fiscal Matías Merlo, a cargo de la pesquisa, adelantó que por ahora no habrá nuevas detenciones.
Según publicó el portal Venado 24, uno de los nuevos imputados, el contador oriundo de la provincia de Buenos Aires (partido de 3 de Febrero) Walter Díaz Franco pidió acogerse a la figura del arrepentido y por dicho motivo se lo benefició con la prisión preventiva domiciliaria. Mientras tanto, se le otorgó la libertad a Milena Fischer (empleada del estudio presidido por el implicado como el cabecilla de la banda, Antonio Di Benedetto) y a la vez también se le otorgó por cuestiones de salud la prisión domiciliaria a Juan Carlos Rullo.
Este viernes fueron imputados el nuevo detenido y Di Benedetto, mientras este sábado será el turno del escribano Eugenio Casadei; el gestor rosarino Raúl Jaime, y de quienes figuran como prestanombres: Luis Alberto Bentati y Alberto Long.
De acuerdo con la misma fuente, este domingo se llevarán adelante las audiencias por medidas cautelares de Ángel Emilio Moreale, escribano de Armstrong; y de los venadenses Fernando Astigarraga y Luis Restovich. Para el lunes quedarán el médico Alejandro Dall’Armellina, Roberto Sainz; Danisa Pintos y María de los Ángeles Sarría.
El contador Díaz Franco declaró durante tres horas y allí expresó su intención de acogerse a la figura estipulada el artículo 27.304 del Código penal, denominada como ley del Arrepentido.
El contador logró que se lo beneficiara con la prisión domiciliaria pero habrá que esperar la decisión final del juez Benjamín Revori, quien será el que deberá, o no, homologar el acuerdo que los abogados del imputado concretaron con el fiscal Matías Merlo. Este hecho abre la expectativa que otros de los involucrados pueda peticionar en las próximas cautelares la misma decisión, lo que facilitaría el avance de la posterior investigación previa a la sentencia definitiva, evaluaron desde la investigación, que condujo Merlo con el auxilio de la Policía de Investigaciones y el Ministerio de Justicia provincial.
Merlo explicó que “la asociación ilícita comenzó a operar de forma permanente y mantenida en el tiempo hace seis años. El objetivo siempre fue apropiarse de bienes inmuebles rurales y urbanos en el sur de la provincia”. El funcionario agregó que “la información que corroboramos con el Registro de la Propiedad es que los titulares catastrales de los bienes en torno a los que se realizaban las estafas eran de edad avanzada o habían fallecido”.
El fiscal enumeró que “la banda realizaba operaciones jurídicas, boletos de compraventa, escrituraciones, juicios de escrituración y distintos actos jurídicos, todos fraudulentos. El fin era desapoderar a los titulares registrales de los inmuebles afectados, para transferirlos a nombre de alguno de los integrantes de la asociación ilícita y/o de terceros”.
“Se hizo un detallado entrecruzamiento de datos en el Registro de la Propiedad y se resolvió unificar la investigación en un solo legajo”, agregó el fiscal.
En octubre pasado, la Justicia allanó tres campos en las localidades de Maggiolo, San Eduardo y Venado Tuerto. Eran 460 hectáreas valuadas en 300 millones de pesos que estaban a nombre de uno de los imputados por la estafa. El hombre vivía en una casa humilde en Venado Tuerto y es señalado como un prestanombre. Dos meses más tarde la Policía hizo más allanamientos después de que Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia de Santa Fe, presentara una demanda por la venta de un lote de 800 metros cuadrados tasado en tres millones de pesos que habría sido apropiado por el grupo. En total, las autoridades calculan que fueron 36 operaciones con inmuebles (32 en ciudades y 4 en campos que comprenden mil hectáreas del sur santafesino). Una de las maniobras fue la venta ilegal de un terreno de 2.600 metros cuadrados. El dueño había muerto en 1987.
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