Edición Impresa, Policiales

Profesionales en banda

Megaestafa: hay millonario embargo contra los acusados

El fiscal Sebastián Narvaja bloqueó bienes por 240 millones de pesos contra los hasta ahora diez imputados; los defensores se enfocan en liberar a sus clientes: dicen que el proceso puede seguir sin que estén detenidos.


La megacausa por estafas inmobiliarias que lleva adelante la fiscalía de delitos econeomicos a cargo de Sebastián Narvaja trabó embargo a los diez acusados por un total de 240 millones de pesos. En tanto, mañana se reanudará la audiencia con la revisión de las medidas de prisión contra los diez detenidos el jueves pasado y la imputación de Pablo Abdala,  gerente del diario La Capital, quien se sumó más tarde al proceso porque se encontraba afuera del país. Según trascendió, pese a que los 11 detenidos ofrecieron fianzas millonarias para evitar las rejas durante el fin de semana, no pudieron evitarlo, ya que la Fiscalía tiene embargos trabados por 240 millones de pesos.

En la audiencia imputativa del viernes pasado, Narvaja acusó a los diez detenidos por asociación ilícita, estafa y lavado de activos, entre otros delitos. La jornada pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 9, para tratar la prisión preventiva. Si el juez y el fiscal consideran que no existe peligrosidad procesal los imputados podrían seguir, bajo fianza, el proceso en libertad. También mañana tendrá lugar la imputación de Abdala, que estaba prevista para hoy pero se postergó.

Según la acusación de Narvaja, la red delictiva, hasta ahora conformada por 11 detenidos y un prófugo, estaba estructurada como una red ramificada en células con capacidad de actuación autónoma, que mantenían un fin común. En ese sentido, para Narvaja la banda tenía dos facetas. Por un lado, la ejecución de fraudes reiterados con propiedades de las que se apoderaban ilegítimamente y las inscribían en el Registro de la Propiedad con documentación falsa, para luego darles apariencia legal e introducirlas en el mercado pasándolas de mano en mano a través de ventas. Por otro, el grupo tenía la capacidad para procesar flujos financieros provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas y luego aplicarlos a operaciones con el fin de que adquirieran apariencia de licitud y obtener ganancias.

Algunos de los defensores que dialogaron con El Ciudadano objetan la calificación legal, en especial el lavado de activos y la asociación ilícita, al igual que las relaciones que establece el fiscal entre algunos de los acusados con la banda Los Monos.

“Me parece una verdadera locura la relación que hace el fiscal con la banda Los Monos. A lo largo de esa causa (que llevó adelante el juez Juan Carlos Vienna) jamás hubo una referencia a mi cliente ni a su esposa (en relación a Juan Roberto Aymo y Ramona Isabel Rodríguez). Y en esta investigación de estafas tampoco”, dijo Hugo Leguizamón, quien también criticó la tipificación de los delitos.

“Todavía no tuvimos acceso a la causa, el fiscal dice que tiene 800 casetes de escuchas telefónicas, pero por lo que se dijo en la audiencia imputativa no estamos ante una megacausa de estafa. Hoy por hoy, la imputación es rimbombante, es algo muy explosivo: narcocriminalidad, asociación ilícita, lavado de activos. Por el momento no hay absolutamente nada en la causa que nos lleve a determinar lo que están diciendo. La mención de Los Monos no sólo me resulta llamativa, sino ilógica”, opinó el abogado defensor.

En el mismo tono se expresó Carlos Varela, quien objetó que sus clientes estén detenidos sin necesidad ya que a su criterio no existe peligrosidad procesal y carecen de antecedentes penales. “Espero que todo se aclare y que la presión mediática no incida en la resolución de la causa. Que todo se resuelva conforme a las pautas procesales y a la ley”, dijo.

“Creemos que más allá de la eventual elucidación de la responsabilidades penales, es muy injusto que personas que carecen absolutamente de antecedentes penales no puedan transitar este proceso en libertad, y permanezcan detenidas con todo lo que eso implica, de imposible reparación posterior”.

Al respecto, Varela agregó que si bien no pretende que todo se “aclare inmediatamente, hasta que se llegue a una sentencia estas personas tienen el derecho constitucional de permanecer en libertad, con las garantías que establezca la jueza interviniente. O lo que se acuerde con el fiscal”.

Y aseveró: “En esta causa no hay heridos, ni mutilados, ni muertos, ni homicidios. Es un desajuste, una irregularidad, que se podría haber dirimido o resuelto con otros procedimientos. Por lo menos haber imputado con las personas en libertad”, opinó el abogado.

Comentarios