La causa que investiga estafas inmobiliarias millonarias por parte de un grupo de contadores, escribanos públicos y empresarios de alto poder adquisitivo continuará a las 9 de hoy tras un cuarto intermedio dictado el viernes pasado. Durante la audiencia está previsto que la Fiscalía impute a un gerente del diario La Capital y pida la prisión preventiva de los 11 detenidos, confió una fuente del caso. También se espera que en la jornada algunos de los acusados hagan uso de la palabra, según adelantaron sus abogados. Ayer, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, dijo que la provincia está estudiando presentarse como querellante ya que varios de los delitos investigados podrían afectar “el bien jurídico tutelado” por el gobierno. El anuncio se dio luego de fuertes roces en la interna del Partido Socialista cuando dos ex ministros de Justicia, de la gestiones de Binner y Bonfatti, tomaron la defensa de dos de los acusados.
La megacausa tomó estado público el miércoles de la semana pasada cuando en una veintena de allanamientos encabezados por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Sebastián Narvaja, fue detenido el agente financiero Jorge Oneto; el contador Marcelo Jaef; los vendedores de autos Leandro Pérez y Roberto Aymo, además de su mujer Ramona Rodríguez y su chofer Jonathan Zárate; el dirigente sindical Maximiliano De Gaetano y los escribanos públicos Juan Bautista Aliau, Luis María Kurtzeman y Eduardo Torres.
Todos fueron acusados dos días después de asociación ilícita, estafa y lavado de activos, entre otros delitos. En tanto Pablo Abdala, quien se encontraba en el Caribe con su familia y tuvo que regresar al país por consejo de su abogado y con una captura internacional sobre su persona, será imputado hoy por los mismos hechos.
Varios de los abogados defensores intentaron evitar que sus clientes queden presos durante el fin de semana, y según trascendió, ofrecieron fianzas de hasta tres millones de pesos por cabeza, una cifra muy inferior a los embargos que interpuso el fiscal que suman 240 millones.
Por eso, en la audiencia de hoy en la que se tratarán las medidas cautelares, los defensores intentarán por todos los medios que los acusados sigan el proceso en libertad. No obstante, una fuente allegada a la causa adelantó que el fiscal Narvaja tiene decidido pedir la “prisión preventiva efectiva” de los 11 acusados y que no hay fianza que lo doblegue.
La misma fuente indicó que su decisión se debe a que se considera que en caso de otorgar libertades, los acusados podrían entorpecer la investigación o fugarse, por su alto poder adquisitivo y por la posibilidad de que en caso de ser condenados las penas sean de prisión efectiva.
Sin embargo, para los defensores es una “locura” que enfrenten el proceso privados de la libertad y los argumentos son exactamente opuestos. Entre ellos, dijeron a El Ciudadano que varios de los hoy detenidos se presentaron a la Justicia de forma “espontánea” y aseguraron que las fianzas ofrecidas son millonarias.
Por otra parte, la megacausa derivó ayer en declaraciones del gobernador de Santa Fe quien anunció que la provincia estudia presentarse como querellante. Según dijo Lifschitz a medios periodísticos, estas estafas inmobiliarias podrían “afectar el bien jurídico tutelado por la provincia” ya que se “vulneró la fe pública al falsificar documentos públicos y se afectó el orden financiero por el lavado de activos de origen ilícito”.
A su turno, el fiscal de Estado santafesino, Pablo Saccone, confirmó los dichos del gobernador y agregó que después de conocer las imputaciones que se hicieron durante el fin de semana estudian los ilícitos para determinar de qué manera afectan a la provincia.
Una fuente judicial explicó que de presentarse la querella, si se reúnen las formalidades que la ley exige, se fija una fecha de audiencia en la que el Tribunal resolverá si la admite o no. Entre esas formalidades, la Provincia deberá argumentar que las estafas y fraudes inmobiliarios afectaron un bien jurídico provincial, o también que se afectó la fe pública, la seguridad jurídica o la legalidad de ámbitos financieros, concluyó la fuente entre varios ejemplos que aplicó al caso.
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