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Profesionales en banda

Megaestafa: confirmaron las preventivas de los acusados

Es por el caso del fraude con propiedades. El empresario Jorge Oneto obtuvo ayer la prisión domiciliaria. El lunes se discutirá la prórroga de estas medidas cautelares que afectan a 9 de los 11 involucrados.


La Cámara Penal confirmó en su mayoría la decisión de la jueza Mónica Lamperti sobre las prisiones preventivas dictadas a los involucrados en la megaestafa con propiedades que tiene en la mira a contadores, escribanos y empresarios. A su vez, hizo algunos ajustes respecto de las calificaciones penales imputadas al grupo. Si bien eliminó el delito de asociación ilícita a cinco de los sospechosos, agravó el delito de lavado de dinero respecto de los notarios, lo que eleva la escala penal. El próximo lunes se discutirán en primera instancia la prórroga de estas medidas cautelares que afectan a 9 de los 11 involucrados.

El camarista Daniel Acosta sostuvo que en la apelación existen dos grandes líneas de consideraciones: la calificación de las conductas atribuidas y la pena que se toma como expectativa para proyectar la proporcionalidad de la misma en virtud de la norma que fija los requisitos de prisión preventiva. En cuanto a la asociación ilícita, si la totalidad de los imputados se ven involucrados en la apropiación y sucesivas transferencias del campo de Villa Amelia, lo que sirvió a las defensas para cuestionar la figura, a lo que le sumaron la devolución de la propiedad, lo que eclipsaría el tipo penal. Es cierto que hay otros hechos de estafas imputados a distintos involucrados y que se realizaron a lo largo del tiempo con la misma modalidad y con cierto nivel de organización, donde existe cierta permanencia de protagonistas y cierto nivel de asignación de tareas. Por ello, el vocal entendió que la figura de asociación ilícita se torna sustentable.

Acosta aclaró que el hecho de que la figura tenga sustento no significa que ella se aplique a todos los imputados y consideró que la asociación ilícita abarca únicamente al gestor Roberto Aymo, al escribano Eduardo Torres, a los prestanombres Ramona Rodríguez y Jonatan Zárate, al sindicalista Maximiliano González de Gaetano y al contador Marcelo Jaef. Y agregó que la evidencia no tiene el mismo peso convictivo para los otros 5 imputados –dos escribanos, un empresario, un agente bursátil y un gerente–, donde la actividad delictiva que se les achaca se circunscribe al campo de Villa Amelia propiedad de la viuda del fallecido camarista penal Ernesto Navarro.

Lavado

En cuanto al lavado de dinero, delito enrostrado a la fracción con mayor capacidad económica dentro de los imputados, el juez sostuvo que el país asumió una responsabilidad internacional en su prevención y penalización y que, si bien en el caso el mínimo de este delito permite una probable condena condicional, ello no debe evaluarse en forma sesgada, por lo que avaló el planteo de la jueza Lamperti  al tomar en cuenta el requisito de la proporcionalidad de la pena al evaluar la prisión preventiva.

Acosta refirió que Jaef tuvo un papel protagónico en la estafa del campo de Villa Amelia, hombre que al que también le cabe la imputación de asociación ilícita, quien “se comunicó con todos y sus escuchas son las más pródigas en información, determinación y activismo negocial en el emprendimiento delictivo”, sostiene el fallo.

El vocal refirió que los sujetos involucrados en el lavado de activos generalmente no buscan invertir en función de la tasa de retorno más conveniente, sino disimular el origen ilegal de los fondos, invirtiendo en los lugares que permitan el reciclado del dinero en cuestión y para ilustrar ello hizo referencia al precio vil de la adquisición del bien en las diferentes transacciones que se realizaron respecto al campo. En cuanto a los dos escribanos actuantes en las últimas compraventas del bien, Acosta sostuvo que lo omitido en el ejercicio de su profesión no sólo estaba reglado sino que era insoslayable y, a modo de ejemplo, citó el reporte de operaciones sospechosas, lo que inmiscuye a los profesionales en el agravante del delito.

El vocal confirmó las cautelares impuestas al gestor Roberto Aymo, el escribano Torres, los prestanombres Ramona Rodríguez –en arresto domiciliario– y Jonatan Zárate, el gremialista Maximiliano de Gaetano, el escribano Juan Bautista Aliau –actualmente en prisión domiciliaria por problemas psiquiátricos– el empresario Leandro “Lelo” Pérez, el contador Marcelo Jaef y el agente bursátil Jorge Oneto. Respecto a este último y evaluando su predisposición a devolver el bien inmueble a su verídica titular, Acosta otorgó una morigeración que se tradujo en un arresto domiciliario.

Respecto a los escribanos Torres, Aliau y Luis María Kurtzemann (quien se encuentra en libertad) el vocal agravó la figura de lavado de dinero al sostener que son funcionarios públicos. A su vez, redujo a la mitad la fianza impuesta a uno de los dos imputados que lograron la libertad en la causa. El próximo lunes tendrá lugar la audiencia de prórroga de prisión preventiva ante la jueza Mónica Lamperti.

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