Asociativismo

Ni necesidad ni urgencia

Medios: la grieta es denuncia internacional

Organizaciones sociales vinculadas a la comunicación comunitaria hicieron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en la que acusan al gobierno nacional por despellejar a decretazos la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual


Organizaciones sociales que gestionan medios de comunicación denunciaron al Estado nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por el uso indebido de decretos de necesidad y urgencia para modificar aspectos esenciales de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La petición, presentada ante la Organización de Estados Americanos (OEA), indica que el gobierno de Mauricio Macri, mediante la aplicación de los decretos 13, 236 y 267 viola derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellos el de libertad de expresión.

Además, acusa al gobierno nacional de “abuso de poder” al disolver mediante el DNU 267 el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (Cofeca). “El reemplazo de una norma legítima y su modificación por decreto de necesidad y urgencia, mediante la intervención violenta sobre la autoridad de aplicación, autárquica y descentralizada, encargada de hacerla cumplir, echa por la borda 30 años de discusión democrática de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y casi 20 de estándares de la Cidh”, consigna la presentación. Que además, cuestiona la constitucionalidad misma de la ley de los decretos de necesidad y urgencia.

La presentación fue hecha por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social Ltda, en la persona de su presidente, Patricio Enciso Riveros, con el patrocinio legal de abogado Damián Loreti –especializado en derecho vinculado la comunicación, participante en la redacción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual– y  la mesa ejecutiva internacional de Amarc, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Además, contó con el aval de Emanuel Bouterín (Amarc Internacional), Mónica Valdez (Amarc Amércia Latina y el Caribe) y Sabina Mina (Amarc Argentina).

“Con este paso somos consecuentes con más de 30 años de lucha por una ley de la democracia que conciba a la comunicación como un derecho. Es una demanda que impulsaron y siguen sosteniendo distintos sectores de la sociedad; como sindicatos, carreras de comunicación, docentes, medios comunitarios, el sector de la economía social, pueblos originarios, actores, organizaciones feministas, músicos independientes, universidades públicas”, sostuvo el cooperativista Riveros.

En diciembre de 2015, <FM En Tránsito<, que desde hace 31 años transmite desde la ciudad de Castelar, en el oeste del conurbano bonaerense, presentó un amparo donde solicitó la nulidad del decreto 13 que creó el Ministerio de Comunicaciones, el decreto 236 que intervino la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y el decreto de necesidad y urgencia 267 que creó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y además modificó artículos de la ley 26.522, que regulaban la concentración de medios para para amparar y garantizar la pluralidad y la diversidad de voces.

 

Avasallamiento jurídico

Por su parte, el abogado Loreti explicó que el decreto de necesidad y urgencia 267 “introdujo una serie de tajadas punzantes” a la ley de Medios. “Entre ellas, algunas vinculadas con el control de la concentración y otras vinculadas con sacar a los operadores de servicio de televisión por cable, del marco que regula los servicios audiovisuales, a contramano de lo que pasa en Europa. De la mano de esto, se borran de un plumazo mecanismos institucionales que habían sido destacados por el propio sistema interamericano de derechos humanos”, lamentó.

El letrado subrayó, en esa línea que las leyes “no pueden ser regresivas”, pero “mucho menos un decreto”. Y cuestionó la disolución del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (Cofeca), cuya representación estaba conformada, entre otros, por el sector de la comunicación comunitaria: “Había una compañera de esta cooperativa formando parte de ese espacio, ahora cuarenta y cuatro personas son reemplazadas por una sola que depende del presidente de la Nación”.

Además, Loreti puntualizó que el decreto 267, no cumple con los estándares internacionales respecto a cómo fue dictado, como así tampoco la autoridad de aplicación, que hoy es el Enacom. “También vamos a la Cidh porque la ley de DNU (26.122) no cumple los estándares regulatorios de cómo deben ser las leyes que regulan los temas de derechos humanos”.

El abogado remarco que las entidades que habían formado parte de la Coalición por una Radiodifusión Democrática (de la que formó parte el Sindicato de Prensa Rosario) había pedido audiencia a la Cidh en 2016, a pocos meses de iniciada la gestión macrista, “para plantear la regresión del decreto 267 y el resto de los incumplimientos” en la ley 26.522. “Tenemos bastante ilusión de que la Comisión considere la admisibilidad del caso porque se funda sobre otros en que la Corte y la Comisión ya se han expresado”, concluyó Loreti.

 

Orfandad

Enciso Riveros alertó sobre la grave situación que enfrenta el campo comunicacional, como una de las consecuencias que arroja la modificación de la LSCA: “No es casual que desde que asumió Macri la estructura de medios en Argentina entró en una fuerte crisis, que tiene muchas explicaciones. Vemos como de forma salvaje este gobierno favorece a los medios hegemónicos funcionales a su proyecto y su modelo de gestión”, y destacó que los medios comunitarios, a través de las distintas redes que los articulan –Amarc, Farco, RNMA y Contá, nucleadas en el espacio Interredes– sostienen día a día la pelea por el cumplimiento de lo que queda en pie de la ley de Serivicios de Comunicación Audiovisual.

En este sentido, Belén Tenaglia, directora de FM En Tránsito, expuso que la situación se va agravando con el paso del tiempo. “Asistimos a un contexto de cierre sistemático de medios, con más de 3 mil trabajadores de prensa en la calle, con una concentración mediática como pocas veces se ha visto y con una decisión explícita del gobierno nacional de desoír el reclamo de los medios comunitarios, alternativos y populares. En un escenario de ajuste y persecución social, las voces de las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, los pueblos originarios, los movimientos de mujeres, lesbianas, travestis, trans, los vecinos y vecinas se quedan sin canales de expresión. En definitiva, se ve afectado el derecho a la comunicación, y cuando esto sucede se afecta la vida democrática”, advirtió.

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