Unos 15 minutos antes de las 14 de ayer los diez sospechosos de pertenecer a una red delictual que entre otros delitos estafaba con propiedades desfilaron por el primer piso de los Tribunales provinciales rumbo a una sala de audiencias, donde sólo estuvieron presentes las partes. El recinto contiguo fue habilitado para el público y el periodismo que siguió por videoconferencia la extensa audiencia imputativa. Doce defensores escucharon atentamente la sindicación que realizaron los fiscales Valeria Haurigot y Sebastián Narvaja tras el rechazo de la jueza Mónica Lamperti, (la misma que había autorizado los allanamientos del pasado miércoles en reputadas empresas y estudios profesionales locales y las detenciones de los sospechosos), de la recusación plateada por los defensores de los empresarios Leandro Pérez y Marcelo Jaef. Los diez acusados fueron imputados por falsificación de documentos, estafa, uso de documento falso, asociación ilícita y, en algunos casos, de lavado de activos, mientras que un undécimo será formalmente acusado el próximo lunes (ver aparte), un día antes de la audiencia de prisión preventiva.
La Fiscalía explicó que el grupo delictivo se estructuraba como una red que se ramificó en células con capacidad de actuación autónoma, aunque al mismo tiempo se coordinaba con las otras células de la organización, con las que mantenían un fin común: “El ánimo de lucro y el disfrute personal y social del producto del ilícito”. La banda, según la acusación, tenía dos facetas. Una, la ejecución de los fraudes reiterados con propiedades de las que se apoderaban ilegítimamente, tras lo cual las inscribían en el Registro de la Propiedad con documentación falsa y así comenzaban a pasarla de mano. De esta manera le daban apariencia de legalidad y la introducían al mercado. Por otro lado, el grupo tenía la capacidad y estaba predispuesto para procesar flujos financieros provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas para aplicarlos a operaciones con el fin de que adquirieran apariencia de licitud y obtener ganancias, sostuvo Narvaja.
El funcionario explicó que cada uno de sus integrantes asumía roles que le permitía obtener beneficios económicos en forma individual y, a su vez, hacer aportes a las acciones colectivas de la red. La metodología era, según la acusación: identificar o pescar los inmuebles objeto de la defraudación, reunir documentación del bien, falsificar documentos que permitieran justificar algún derecho sobre los mismos para disponerlos, venderlos a otro miembro de la organización con papeles falsos e inscribirlos en el Registro y repetir así la operación de traspaso si era necesario perfeccionar el delito.
Roles, fronting y lavado
La Fiscalía delineó el papel de cada uno de los detenidos. Habló de tres células que mantenían vínculos estables entre sí en una especie de sinopsis financiera. Cuando se trataba de ejecutar maniobras de fraude con propiedades se activaba la célula que integraban el empresario Juan Roberto Aymo –conocido por su faceta de agenciero de vehículos–, su esposa Ramona Rodríguez (por acuerdo de partes se le concedió prisión domiciliaria por ser madre de un niño de 5 años), su ex chofer Jonatan Zárate y un prófugo, Tránsito Manuel P. R., además del escribano Eduardo Martín Torres.
Cuando el bien excedía la capacidad operativa de esta célula se activaba el grupo que, según la Fiscalía, integraban el también empresario del rubro concesionarias Leandro “Lelo” Pérez; el sindicalista Maximiliano De Gaetano y el también escribano Juan Bautista Aliau, con el fin de poner en circulación los bienes y conectar la operación con la tercera célula. De acuerdo con la acusación, esta parte de la banda estaba compuesta por el ejecutivo de medios Pablo Abdala, el corredor de bolsa y empresario inmobiliario Jorge Oneto, Luis María Kurtzemann (también escribano) y Marcelo Jaef (dueño de una clínica de implantes dentales), describió la Fiscalía y agregó que, cuando los fondos provenían del narcotráfico, se activaba la red conformada por Pérez, Aymo, De Gaetano y un tal González (también fugitivo), poniendo este dinero en circulación al aplicarlo a la compra de bienes en efectivo o generando intercambio financiero con la red conformada por Abdala, Jaef y Oneto.
Primera célula
Para la acusación, Aymo, un hombre vinculado con la banda de Los Monos, es el organizador de las primeras fases de la ejecución de los fraudes haciendo las veces de gestor inmobiliario y ubicando inmuebles, reclutando prestanombres y contactando al escribano para las falsificaciones de documentos y la inscripción en el registro. Zárate era un prestanombres que en algunas oportunidades interactuaba con sus víctimas. Rodríguez y Tránsito P. R. hacían las veces de compradores y Torres, el notario que facilitaba la maniobra de estafa insertando documentación falsa.
Segunda célula
A Maximiliano De Gaetano se lo tildó de ser uno de los organizadores de las maniobras y de financiar la organización. En algunos casos hizo las veces de comprador. Narvaja sostuvo que su perfil financiero no condice con sus gastos o manejos de dinero y le achacó una vinculación con actividades ilícitas, en particular con participantes de la banda de Los Monos y con personas investigadas y procesadas por delitos de narcotráfico y otros ilícitos. Mientras que a Leandro Pérez, titular de Reina Automotores SRL y ya investigado en una causa por lavado en la Justicia federal, le achacó el mismo carácter, organizador. En este caso, articulando los eslabones de las cadenas de transferencia. Le achacó al ex novio de Vicky Xipolitakis un rol fundamental: el nexo entre la célula perteneciente al estrato socioeconómico más bajo y la célula conformada por los empresarios con capacidad patrimonial para ejercer el llamado fronting (la fachada) de la maniobra de lavado de activos. El fiscal sostuvo que conformaba sociedades para inyectar dinero ilícito, lo que también hacía con la compraventa de autos de alta gama, transacciones que no cumplían con la normativa vigente. A su vez le achacó vínculos con el narcotráfico en especial con la banda de Los Monos. Mientras que Juan Bautista Aliau, como escribano, facilitaba maniobras de fraude al igual que su par Torres, sostiene la Fiscalía.
Tercera célula
Marcelo Jaef tenía una conexión comercial habitual con Pérez. El fiscal sostuvo que Jaef es una persona que puede actuar como fronting y tiene capacidad técnica para generar maniobras de mayor sofisticación a los fines de hacer circular activos de origen ilícito para darle apariencia lícita. Al igual que los demás integrantes de la célula a la que según la acusación pertenecía, aportaba activo intangible a la red y su capacidad de demostrar su actividad patrimonial como lícita, a lo que suma su posición social y sus contactos y relaciones. El mismo encuadre le dio a la participación de Abdala en la organización.
En cuanto a Jorge Oneto el fiscal sostuvo que su capacidad técnica y patrimonial es aún mayor que las de Jaef y Abdala, y sus recursos técnicos como controlador de sociedades de bolsa son mayores para la circulación de activos de origen ilícito. Además, tenía según la acusación un trato comercial y personal frecuente con la célula conformada por Pérez. En este grupo también se encuentra el escribano Kurtzemann, como facilitador de estas maniobras en un estrato social más alto, quien también fue sindicado como lavador de activos.
Se entregó
El gerente general del multimedios La Capital se entregó ayer a las 16 en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI), en compañía de un abogado. Voceros judiciales dijeron que Pablo Abdala, que contaba con una orden de captura internacional al presumirse que estaba fuera del país, será imputado el lunes próximo en los Tribunales provinciales.
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