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Ya son 50 los policías investigados por ilícitos

Por Negui Delbianco.- Son sumarios que tramita la Dirección de Asuntos internos por presunto enriquecimiento ilícito.

Medio centenar de oficiales de la Policía de Santa Fe que cumplen diferentes funciones están siendo investigados por enriquecimiento ilícito, según confirmó la Dirección de Asuntos Internos. Esta cifra incluye a los 10 uniformados, la mayoría altos jefes policiales, que fueron denunciados el 23 de febrero pasado cuando un fiscal de la Cámara Penal recibió un sobre con remitente anónimo a través de un correo privado que contenía una misiva escrita en computadora y dos CD en los cuales se denunciaban una supuesta vinculación de personal policial con quioscos de drogas (pedidos de dinero a cambio de “licencias” para el funcionamiento de dichas bocas de expendio), al menos dos homicidios que estarían vinculados a la comercialización de drogas, y el robo de automotores.

Consultado por El Ciudadano sobre cómo es el procedimiento ante sospechas de enriquecimiento ilícito de un integrante de la fuerzas de seguridad, el jefe de la Dirección de Asuntos Internos, Néstor Zapata,  aclaró que los casos que llegaron a Tribunales a través de una denuncia anónima –relación de policías con narcotráfico, robo de automotores y conexiones que pudo haber en dos homicidios puntuales– se tramitan directamente en los juzgados pertinentes.

“La Dirección de Asuntos Internos posee una base legal sustentada en la ley 12.238 que permite iniciar las investigaciones del personal policial en funciones y también abarca a los policías que ya no están en funciones hasta un lapso de 6 años posteriores a que dejan la actividad. Con este aval legal, el personal de la Dirección trabaja como primera instancia para lograr información sumaria de la persona a la que se le está investigando su patrimonio, lo cual abarca al sospechado y las relaciones de consanguinidad o por afinidad que puedan ser de interés para el trámite”, explicó Zapata.

“Una vez que se tienen esos datos se piden informes a otras entidades para determinar la cantidad de bienes muebles e inmuebles. Se solicitan informes al Banco Central, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), al Registro Automotor, al Registro de la Propiedad, a Catasto, a Marcas y Señales para constatar si hubo compra de hacienda, como también se pide a Prefectura Naval que brinde un detalle sobre la compra de embarcaciones y la obtención de nuevas licencias”, describió.

A su vez, se explicó que otra de las medidas es emitir un auxilio bursátil a través de un oficio, el cual es autorizado por la Justicia, para que ciertas entidades financieras abran los expedientes clasificados de los sospechosos. “Una vez que reunimos todos estos datos se evalúa el patrimonio del investigado. Si no tiene relación con su capacidad adquisitiva se llama al implicado y se le solicita que explique el motivo de los incrementos. Cuando el funcionario policial no puede dar un justificativo de sus ganancias, la causa pasa a la instancia penal donde un juez de Instrucción continuará con el caso”, detallaron.

En tanto, fuentes judiciales relacionadas con la investigación especificaron que la misiva anónima que disparó una investigación en Tribunales hacía referencia a más de 10 jefes policiales, como lo adelantó El Ciudadano en una nota publicada el 9 de marzo de este año.

Este diario pudo saber que algunos de los policías nombrados en la carta ya estaban siendo investigados por enriquecimiento ilícito desde hacía un tiempo por vía administrativa, lo que reduce la cifra a ocho identidades nuevas dentro de los sumarios que están en curso por aumento de patrimonio donde la lista total de sospechados asciende a 50 policías de toda la provincia.

Carta con nuevos implicados

El 23 de febrero pasado llegó un sobre a las oficinas del Ministerio Fiscal remitido a través de un correo privado a nombre de un fiscal de cámara. Su interior contenía una denuncia anónima y 2 discos compactos que tenían filmaciones que supuestamente muestran irregularidades con connotaciones delictivas con “incumbencia policial”.

Otra de las fuentes consultadas especificó que el escrito recibido fue hecho en computadora y cita, al menos, a diez altos jefes policiales que, según la denuncia, “actúan en connivencia con grupos que se dedican a la venta de drogas. A cambio de dinero dan licencias para el funcionamiento de algún quiosco donde comercializar estupefacientes”, reprodujeron fuentes sobre los dichos plasmados en el escrito.

Además, la denuncia hace alusión a dos homicidios a los que vincula con el mundo de las drogas. Puntualmente cita los crímenes del sargento Carlos Honores –policía que fue muerto a balazos a principios de año en inmediaciones de una estación de servicio ubicada en 27 de Febrero y avenida Circunvalación donde había llegado con un vehículo 4 x 4 a nombre de “un amigo” y que luego fue hallado incendiado en un descampado de la zona oeste– y de Carlos Fajardo (que fue encontrado muerto a fines de diciembre en el baúl de su auto a la vera de la ruta 9 a la altura de Carcarañá), refirió la fuente, y agregó que el tercer tema al que hace referencia la carta es al robo de automotores.

La Fiscalía de Cámara remitió el contenido del sobre al fiscal de primera instancia Carlos Enrique Covani, quien confirmó el inicio de la investigación y solicitó medidas a un Juzgado de Instrucción. La causa en un primer momento se giró a Instrucción 6ª, que se declaró incompetente y finalmente recayó en el Juzgado de Instrucción 5ª a cargo de María Luisa Pérez Vara, quien lleva adelante la investigación.

Una fuente judicial aclaró que se trata de una denuncia anónima y se la toma con ciertos reparos por el carácter en que fue hecha, es decir en forma anónima. Asimismo, el representante fiscal aclaró que si bien la misiva brinda algunos datos la información es escasa.

También se conoció en dicha oportunidad que se emitieron copias a los Juzgados donde se tramitan los crímenes que se nombran en la denuncia para que cada juez evalúe los datos que menciona en base a cada causa. También se requirió a la Dirección Provincial de Asuntos Internos que informe si existe alguna causa por enriquecimiento ilícito contra el personal policial que es nombrado en la denuncia anónima.especto de los videos que llegaron en el sobre, la fuente consultada detalló que se trata de 19 filmaciones caseras aparentemente realizadas con un celular o una camarita que tienen poco valor probatorio por dos cuestiones: “Porque no sabemos su procedencia y porque existe un defasaje, que dura entre 3 y 5 segundos, entre el audio y la imagen. En los videos no se habla de policías, ni se ven uniformados, ni se habla de drogas, son personas hablando de temas relacionados a automotores aunque de la filmación no surge ningún lugar o auto concreto”. Tampoco se hace mención a la comisión de un delito concreto, concluyó una fuente del caso.

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