Los jueces de la Corte Suprema de la provincia le cantaron retruco al gobernador Hermes Binner al emitir ayer, tras la habitual reunión semanal, un comunicado en el que responden una por una las imputaciones que el primer mandatario había hecho el lunes. Y de ese modo la polémica entre el Ejecutivo y la Justicia tiende a profundizarse, a pesar de que la semana pasada tanto el presidente de la Corte, Roberto Falistocco, como el ministro Héctor Superti habían negado que hubiera un conflicto de poderes.
Según los integrantes del máximo tribunal santafesino, es un error del gobernador suponer que la revisión en segunda instancia del caso Fraticelli –que anuló la sentencia y sumó un argumento más en favor de la reforma del sistema penal– obedece a la “falta de compromiso” de los magistrados en la transformación “del sistema penal y del sistema judicial en su conjunto”. Reforma de la que, dicen, son los principales impulsores, en respuesta a las acusaciones públicas del gobierno –explicitadas por Superti, por el ministro Antonio Bonfatti y por el propio Binner– sobre una supuesta “resistencia” del Poder Judicial a los cambios que se empezaron a implementar.
Si bien los miembros de la Corte aseguran en su documento que tienen confianza en que las declaraciones del gobernador –que les sugirió renunciar– “hayan sido un episodio aislado”, lo cierto es que en la acordada de ayer abundan los motivos para pensar que éste no es el último capítulo de una larga serie de cruces, que comenzaron –al menos en público– luego del triunfo de Binner en 2007 y que fueron hasta ahora una constante. En primer lugar, los jueces se definen “preocupados por las manifestaciones respecto de una supuesta connivencia o pacto entre el Poder Judicial y referentes políticos”.
“Sorprende también que en dichas declaraciones se pretenda endilgar a este Poder Judicial la designación de uno de los integrantes de este cuerpo, toda vez que aquella designación fue dispuesta por los otros dos órganos democráticamente constituidos del Estado, y a través del procedimiento constitucionalmente previsto”. Con esa frase se refirieron al caso del juez Fernando Vidal, que fue quien condenó a Fraticelli y que ha sido refrendado en 2008 por el Consejo de la Magistratura.
Binner había dicho ni bien volvió de Malasia y Singapur –donde se enteró del fallo que anula la sentencia contra los Fraticelli– que si él fuera juez de la Corte hubiera renunciado de inmediato. “Luce desproporcionada la sugerencia”, fue la respuesta del alto tribunal. El argumento: “Salvo las causales legal y constitucionalmente establecidas, (sus miembros) no pueden ser cuestionados por el contenido de sus sentencias”.
En la reunión de la Corte estuvieron los seis ministros –Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Mario Netri, María Angélica Gastaldi y Daniel Erbetta– y el procurador general Agustín Bassó, también cuestionado por Binner y por Superti.
Tras la reunión, que duró más de cuatro horas, emitieron el comunicado aduciendo que era su deber luego de “las apreciaciones efectuadas por el señor gobernador, que fueron ampliamente difundidas por los medios periodísticos”. “La prudencia y mesura política constituyen, hoy más que nunca, valores que deben ser preservados de modo especial por las autoridades que ocupan cargos de máxima responsabilidad política, por encarnarse en ellas la representación del poder institucionalizado”, le dijeron a Binner.
“Es deseable que las opiniones que dichas autoridades expresan, más allá de la firmeza y convicción con que las mismas sean expuestas, encuentren un límite en la debida consideración y respeto que, en el marco de las relaciones institucionales, se deben entre sí los distintos poderes del Estado”, continúa el documento.
Luego, los jueces responden una de las insinuaciones más repetidas del gobierno –la supuesta funcionalidad de la Corte a los intereses del PJ– argumentando que es una mera generalización: “Resultan preocupantes las manifestaciones respecto de una supuesta connivencia o pacto entre el Poder Judicial y referentes políticos, sin precisar casos concretos ni indicar los elementos demostrativos de tan grave imputación”.
“Cuestionar la existencia de uno de los valores intrínsecos de la magistratura, y hacerlo de modo generalizado, daña la imagen de un Poder Judicial que se nutre de jueces y funcionarios que ejercen dignamente y al límite de sus posibilidades la función judicial”, sigue el escrito.
Los integrantes de la Corte admiten que a Binner, como a cualquier ciudadano, le cabe la libertad de expresar sus opiniones y sus críticas. Pero agregan: “No resulta aceptable y luce desproporcionada la sugerencia que se formula a jueces que han resuelto en un sentido determinado una causa judicial de indudable trascendencia pública. En primer lugar, porque esos jueces –como todos– tienen en el marco de sus atribuciones jurisdiccionales una amplia libertad para decidir en las causas en las que intervienen (precisamente por ello existen numerosas sentencias con votos divididos) y el sistema posibilita la revisión y hasta la anulación por parte de tribunales superiores de dichas decisiones; y, en segundo lugar, porque, salvo las causales legal y constitucionalmente establecidas, no pueden ser cuestionados por el contenido de sus sentencias”.
Binner: ni generalizaciones odiosas ni sospechas calladas
El gobernador Hermes Binner respondió sin demoras la acordada de la Corte Suprema de Justicia provincial. En un comunicado, reiteró su voluntad –expresada, recordó, en su mensaje de asunción del cargo– sobre “la necesidad de respetar la división de poderes”. Pero aclaró que ello “no impide el diálogo ni las opiniones sobre sus actos” como lo demuestra el propio documento emitido horas antes por el máximo tribunal provincial “dado que su contenido implica indudablemente una opinión respecto a los dichos del titular de otro poder (el propio gobernador)”. El texto concluye que si bien “es cierto que las generalizaciones son odiosas y deben evitarse”, también es cierto “que en un sistema republicano las sospechas que involucren un interés público no deben callarse”.
El Colegio de Abogados le pidió pruebas a Binner
El Colegio de Abogados de Rosario, que preside Arturo Araujo, emitió ayer un comunicado donde aclara que la institución “contempla consternada el hecho inédito por el cual el máximo representante del Poder Ejecutivo provincial solicita la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, los cuales se encuentran investidos de rango constitucional análogo al presidir otro de los poderes del Estado provincial”.
“Es evidente –sigue diciendo el comunicado– que asistimos a una confrontación que conculca la separación e independencia de los poderes del Estado provincial y afecta tanto a los justiciables y a los profesionales como al propio Poder Judicial de la provincia”.
En otro pasaje del comunicado, que se conoció en la tarde de ayer tras una reunión de los catorce integrantes del directorio de la institución, generada especialmente por este tema, se lanza una clara advertencia al jefe de Estado provincial sobre sus dichos recientes: “Atento las imputaciones formuladas por el señor gobernador, ha de suponerse que él mismo tendrá las pruebas que avalen sus dichos”.
“Esto implica que respetuosamente se estime necesario que el señor gobernador proceda a aclarar sus afirmaciones o actúe de modo acorde con su obligación de denunciar, como primer magistrado de la provincia, activando el procedimiento del juicio político previsto en el artículo 91º de la Constitución provincial”, sigue diciendo el comunicado, para fijar posición sobre una eventual ausencia de pruebas: “Nos encontraríamos todos los ciudadanos ante un vacío ético, moral y funcional de su parte y un descreimiento respecto a sus afirmaciones, si las mismas, por la investidura que ostenta, no surgieron de hechos concretos carentes de prueba”.
En los tramos finales se aclara que “este Colegio de Abogados ha denunciado permanentemente las falencias de los poderes Judicial y Ejecutivo provinciales en lo concerniente a la administración de justicia y ahora sólo pretende que se patentice ante la ciudadanía el proceder de todos los integrantes de los poderes del Estado provincial, tanto para que no se los menoscabe cuanto para que no queden sin condigna sanción las acciones u omisiones de aquellos magistrados y funcionarios de la provincia que así lo ameriten”.
Y finaliza diciendo: “En vísperas del bicentenario de nuestra patria anhelamos que los gobernantes den ejemplo de procederes éticos y jurídicos que permitan identificarse al pueblo todo, mas siempre fundados en verdad probada y en procura de niveles de justicia cada vez más acendrados”.
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