La detención del líder de los bancarios, Juan José Zanola, por la causa de los medicamentos truchos, no sorprende. Tampoco sorprende que empresarios farmacéuticos, implicados en el asunto, hayan aportado para la campaña de Cristina Kirchner. El hecho investigado por el juez Oyarbide fue aberrante y, mucho más que eso, un verdadero atentado contra la vida, un verdadero crimen. No es del caso recordar en esta columna puntillosamente en qué consistió el delito, ni repasar minuciosamente el caso, basta con decir (y sobra para el estupor y la indignación) que a pacientes afectados de cáncer se les suministraba drogas truchas. Es espeluznante, pero todo esto forma parte del marco en el que desenvuelve su vida la sociedad argentina de estos tiempos.
Ahora bien, suponer que esta investigación es venteada por algunos con el sublime afán de hacer justicia, es efectuar una lectura equivocada del orden político y judicial argentino. Para ser más claros: sería bueno saber hasta qué punto jueces, dirigentes de la oposición y medios están realmente interesados en el destino de las víctimas de semejante brutalidad, y si no importa más, en todo esto, el destino político del oficialismo.
Los diarios de ayer señalan lo siguiente: “En tanto, la ex ministra de Salud Graciela Ocaña afirmó esta mañana (por ayer) no tener «ninguna duda» sobre la responsabilidad de Zanola en el «armado» de una red que comercializaba remedios en mal estado”.
“El juez empezó a desmantelar las tres o cuatro líneas con las cuales se estaba comercializando ilegalmente medicamentos, incluso descubriendo la relación que había con algunos sectores del Estado” declaró la ex funcionaria. Y ratificó su acusación: “Hoy la principal alianza del Gobierno es con estos sectores de la dirigencia sindical”. Además, la ex ministra pidió que se investiguen los vínculos de esta causa con la recaudación para la campaña presidencial de Cristina Kirchner. “Deberá investigarlo el juez. Habrá que ver cuál es la vinculación”, dijo.
Ahora bien: ¿quién puede creer, señoras y señores, luego de escuchar a Ocaña, ex ministra de Salud y ex titular del Pami, que desconociera estos hechos mientras ejercía como funcionaria kirchnerista? Sería bueno que la ex ministra dijera, claramente, en qué momento no tuvo dudas sobre la responsabilidad de Zanola en este ilícito. Recuérdese, por lo demás, que oportunamente había mostrado su preocupación y ofuscación por el vínculo del gobierno con sectores gremiales. La pregunta de rigor es: ¿por qué no se fue antes del acto electoral si algo sospechaba? La segunda pregunta que cabe realizar es: ¿conocía, siendo ministra, lo que estaba sucediendo? Si la respuesta es afirmativa le cabe ser investigada por el posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario y, eventualmente, de encubrimiento, pues ante la sospecha de un ilícito de tal naturaleza debió pedir una investigación judicial. Nada de esto ocurrió y si el juez Oyarbide comenzó a investigar fue por la hombría de bien de un médico de la obra social de bancarios, quien denunció que el remedio que aplicó no surtía efecto en el paciente.
Pero por qué este comentario? Pues porque mientras en el país la dirigencia política no tenga verdadero interés por el destino de las personas y no tanto por el del adversario político, unos y otros, oficialistas y opositores, sólo podrán ofrecer políticas truchas, tan truchas como los fatales medicamentos.
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