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Al final, la cuarta es la vencida

Media sanción en Diputados para la Nueva Ley de VIH

La Cámara Baja le dio acompañamiento al nuevo texto de la Ley de abordaje integral al VIH, tras tres oportunidades en las que la iniciativa perdió estado parlamentario. Las organizaciones sociales mostraron mucho entusiasmo y calificaron el suceso como un gran salto en materia de salud


El Congreso le dio media sanción a la nueva ley de abordaje integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual en una sesión esta tarde, donde se le dio el primer visto bueno a la norma que busca ampliar el abordaje tanto en salud como en la protección social de las personas con VIH. El proyecto contó con apenas 8 votos en contra, frente a 241 votos afirmativos que le dieron paso a su tratamiento en la Cámara de Senadores.

La entrerriana Carolina Gaillard, legisladora frentetodista que presentó el proyecto festejó el acompañamiento a través de su cuenta oficial de Twitter: “Un gran avance para esta Ley que tiene la fuerza de las organizaciones de la sociedad civil”. Así mismo, afirmó que tras este episodio, el proyecto se encuentra “mucho más cerca de ampliar derechos y mejorar la calidad de vida de much@s que ya no pueden esperar”.

Por su lado, el diputado santafesino, Eduardo Toniolli, le aclaró a este diario que desde el bloque “esperamos que salga en el Senado por la lucha de las personas con VIH Tuberculosos y Hepatitis virales, en un amplio colectivo que dio una pelea muy importante para poder garantizar a través de esta reforma, desde la ley original, por (la ampliación de) sus derechos”. Así mismo, Toniolli le dijo a El Ciudadano que “valoramos enormemente este paso, que es producto, como decíamos antes de esa lucha, de esa organización, porque es un colectivo golpeado, atravesado por la discriminación durante tanto tiempo”.

El proyecto había sido sido presentado por cuarta vez, tras perder estado parlamentario por la falta de tratamiento nada menos que en la secretaría de Salud. La presidenta de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados y exintendenta de Rosario, Mónica Fein,  destacó que la Ley de SIDA cumplió treinta años el año pasado, y “era necesario reemplazarla, en vista de los avances legislativos, sociales y científicos” por un pliego actualizado y destaca que “la nueva ley tiene un concepto integral de acceso al sistema de salud y de la no discriminación y de garantía de las prestaciones”. A su vez, la legisladora agrega que este proyecto “tiene el objetivo de difundir la visibilidad y obviamente incorpora además de los derechos laborales y del respeto a los derechos humanos y la diversidad también tiene un sistema de protección social”. Para Fein “es muy positivo lo que hemos logrado obtener. Creo que con este proyecto estamos cumpliendo una necesidad de una sociedad con más derechos y garantizar la atención integral de las personas que viven con el virus”.

Según Matías Ostropolsky, psicólogo e integrante del área de salud de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la ley “es parte de ocho años de militancia de las organizaciones que vienen empujando, y continuamente vienen solicitando que se le de tratamiento. En ese sentido hay un frente de organizaciones que vienen peleándola”.

Para Ostropolsky, en los efectores de salud aún se observa mucho estigma y discriminación: “hay un montón de prácticas discriminatorias que se realizan desde el sector de salud. Hay modificaciones que todavía restan por hacer” y es enfático al decir que “Hay un montón de cuestiones que todavía deben ser tratadas y especialmente deben cambiar su mirada. Hay un montón de personas con VIH y la respuesta no puede ser solamente que no te infectes, sino que haya más posibilidades para que las personas con VIH puedan tener una vida lo más plena posible”.

Pedro Paradiso Sottile, presidente en la Fundación Igualdad y director ejecutivo de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGALAC), habló con El Ciudadano y calificó como “un momento histórico para Argentina” a la media sanción, dado que se trata de “una ley que las diferentes organizaciones venimos exigiendo su actualización como un nuevo paradigma de respeto a los derechos humanos con una importancia en relación a una respuesta integral” en materia no sólo de salud, sino de protección y prevención social. 

Para Paradiso Sottile, la actualización es “en honor a aquella histórica ley de vanguardia” que fue la primer ley de SIDA en Argentina, sancionada en 1991. “Pero por supuesto han pasado muchísimos años porque, como decimos en las redes de las organizaciones, no hay más tiempo para que se actualice (la legislación) con los nuevos paradigmas y las nuevas realidades”.

Las principales diferencias entre la ley vigente y el nuevo texto es que ya no existe un abordaje biomédico desde la norma, lo cual implica que si hasta hoy el abordaje de la problemática está enfocado en la no transmisión o no propagación, la nueva norma viene a aportar un enfoque integral de derechos humanos, con una respuesta intersectorial a este problematizado diagnóstico. 

Presentaron en Diputados el proyecto para la nueva ley de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS

La nueva ley trae consigo un capítulo sobre derechos laborales, que busca garantizar en el texto normativo la prohibición del testeo de VIH en los exámenes pre-ocupacionales. Dicha prohibición existe actualmente, con una diferencia: se trata de la resolución ministerial, del ministerio de Trabajo de la Nación nº 270/15 firmada entre el titular de aquel entonces, Carlos Tomada, y el director ejecutivo de la Fundación Huésped, Kurt Frieder, en el año 2015, la cual si bien tienen un carácter de importancia, en el orden jurídico tiene una jerarquía de cuarta categoría este tipo de actos no siempre llega a ser ponderados en su real importancia, caen en el desconocimiento y hasta incluso en la falta de control en su aplicación por los organismos pertinentes.

Otras dos cuestiones fundamentales que trae consigo la nueva ley es la implementación de pensiones no contributivas para personas que vivan con VIH y jubilaciones que piden 10 años de diagnóstico, 20 años de aporte y 50 años de edad de las personas, lo cual es argumentado por las organizaciones sociales por el costo que conlleva en los organismos de las personas cero-positivas que llevan sus tratamientos retrovirales desde hace años, a veces décadas.

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