Carina Ortiz
Tiene 18 años. Sus vecinos le tienen terror. También a otros de los integrantes de su familia, que llegó a Nuevo Alberdi desde Tablada hace unos 15 años. El crimen de un almacenero en mayo de 2017, la balacera contra tres pibes dos años antes –ambos en trámite en un juzgado de menores– y cinco denuncias por amenazas, abusos de arma y lesiones, entre otros delitos, dejaron a Maximiliano Andrés R. en el banquillo de los acusados. Lo encontraron en un motel de Ibarlucea y, entre jueves y viernes, quedó formalmente vinculado con estas causas. Maxi permanecerá detenido por un plazo de 30 días en las investigaciones que enfrenta en el nuevo sistema penal. A este acuerdo llegó su defensor con la Fiscalía, y fue aceptado por el juez. La medida cautelar la cumplirá en el lugar que pidió su defensor: el letrado dijo que le llegaron rumores que la vida de su cliente corre riesgo en cualquier otro lugar de detención.
El clan R. se caracteriza por el terror que infunde en el sector de la zona donde vive, según las denuncias de vecinos que se acumulan en Fiscalía. Manipulación de armas y hechos de sangre tienen a varios integrantes de la familia en la mira de investigadores. A ello se suman pesquisas por aprietes, usurpaciones, amenazas, tiroteos y atracos. Hernán Ramón R., alias Lichi, es uno de los más conocidos. Su nombre apareció varias oportunidades en las crónicas policiales. Lo vinculan con el narcomenudeo y a una facción de la barra de Central, y está detenido como líder de una banda dedicada a los asaltos en la región. Mientras que un medio hermano, Gastón, fue investigado por la participación en el robo a una joyería céntrica en 2015.
Maxi R. no es la excepción. Tiene varias investigaciones abiertas; el miércoles cayó junto con una chica de 17 años en la habitación de un motel de la localidad de Ibarlucea. También allanaron su casa en Luzarriaga al 3900, sin resultados para el caso.
Juzgado de Menores
En el juzgado de Menores N° 2 Maxi contaba con pedido de captura por dos hechos en los que fue imputado este jueves. El primero data del 11 de noviembre de 2015 en barrio Cristalería. Tres pibes iban sobre un carro y se les apareció Maxi con otros dos muchachos, uno de ellos identificado como N. R., y los balearon, dice la acusación. Según esta versión, el arma la tenía Maximiliano R. Los pibes fueron heridos: uno de ellos en los intestinos, otro en un testículo y el restante en la pierna. Luego del ataque les robaron las zapatillas.
El otro hecho está vinculado con el crimen del almacenero Edgardo Picatti, ocurrido en mayo de 2017. El hombre atendía su almacén en Levi al 3100 y de un auto bajó una persona e ingresó al comercio. Poco después salió, y en el local quedó el comerciante con un tiro en la cabeza. Al tiempo se difundió una filmación de una cámara de seguridad que tomó el ingreso del atacante al local y los indicios llevaron a Maximiliano. Por este hecho también fue encausado en Menores por homicidio en ocasión de robo.
Nuevo sistema penal
El hartazgo de los vecinos ante las violentas acciones de estos muchachos derivó en denuncias y este viernes Maximiliano fue imputado por el fiscal Mariano Ríos Artacho por cinco hechos.
Ríos Artacho le asignó participación en un intento de usurpación a fines de octubre de 2017, cuando una pareja volvió a su casa, en Servellera al 1000, y se encontró con la puerta violentada. Maximiliano y su hermano Luciano estaban adentro, dijo el fiscal.
Les preguntaron qué hacían allí y los echaron pero los hermanos redoblaron la apuesta y les advirtieron que se fueran de la casa. “Ya no es de ustedes”, afirmaron. Les aseguraron que volverían. La promesa se cumplió al rato. Con un arma fueron a ratificar la amenaza, dijo el fiscal. Las víctimas salieron por una ventana y escaparon por los techos vecinos.
A principios de diciembre pasado un pibe en bicicleta iba por Bouchard y Luzarriaga. Hacía tiempo que tenía diferencias con el sospechoso y ese día se topó con Maxi, que estaba acompañado de un tal Chichino. El pibe contó que ambos estaban escondidos detrás de un tacho. Cuando pasó cerca, Chichino apareció con un arma y lo hizo caer de la bicicleta. Entonces Maxi le sacó el arma a su compinche y le disparó en las piernas en cinco oportunidades, explicó el fiscal. El testigo dijo que lo dejaron porque alguien los corrió.
El 27 de diciembre última fue una vecina la que padeció amenazas. La mujer contó que esa noche salió a comprar cigarrillos y vio varios móviles policiales. Le preguntó a un hombre de la cuadra qué pasaba. En la vereda de enfrente había un grupito. “A esta vieja hay que pegarle un tiro por vigilante”, se escuchó. Un rato más tarde Maxi le golpeó la puerta. Buscaba al hijo de la mujer para venderle algunas cosas. La mujer le dijo que no estaba y Maxi amenazó con que les iba a destrozar las piernas a los dos. Se metió de prepo a la casa y su hijo saltó por los techos. “Le tenemos terror, a él y a su familia, te piden cosas, te amenazan. Si nos pasa algo, los únicos son ellos”, aseguró la denunciante.
Tres días después hubo una balacera contra una casa en Gazcón al 3000. Según la denuncia, Maximiliano R. y su hermano pasaron en un Fiat Palio rojo. La dueña de casa estaba cocinando y en la puerta estaba su hijo, que se encuentra en sillas de ruedas. El muchacho le gritó: “Ahí vienen”. Cuando la mujer salió, vio el Palio y a los hermanos en su interior, explicó el fiscal. Desde la ventanilla del acompañante sacaron un arma y comenzaron a disparar contra el frente de la casa. Dos de los balazos pegaron en la silla de ruedas de su hijo.
La mujer corrió a la subcomisaría 2ª y avisó lo sucedido. Cuando volvió, observó el auto en la esquina. La secuencia fue vista por un móvil que al llegar al lugar los corrió hasta el ingreso de un pasillo de una zona de emergencia y secuestró el vehículo. El 5 de febrero, la mujer estaba sentada en la puerta y desde un auto el sospechoso le mostró un arma, dijo el fiscal.
Maxi se desligó de los hechos y pidió su libertad, pero el juez Facundo Becerra admitió la imputación por violación de domicilio, amenazas coactivas, lesiones leves calificadas (porque faltaba el informe médico), abuso de armas y portación de arma de uso civil. En cuanto a la medida cautelar, el defensor Gregorio Gómez acordó con la Fiscalía la prisión preventiva por 30 días mientras avanza la investigación, lo que el magistrado aceptó.
