De la redacción
El diagnóstico realizado por las FF.AA. y por los grupos y sectores económicos que apoyaron el golpe de Estado consideraba que la inestabilidad política y el origen de los conflictos sociales en la Argentina obedecían al intervencionismo estatal producido por el proceso de sustitución de importaciones, realizado desde la década del treinta en adelante, y al consiguiente protagonismo y fortalecimiento de un movimiento obrero organizado.
Desde esa perspectiva, lo que se requería era una transformación profunda de la estructura política y económico-social que el país tuvo durante casi 40 años. La intervención del Estado en la economía –que era descalificada como “paternalista”, “populista”, “proteccionista”–; la fuerte sindicalización y una política de equidad distributiva (experiencia histórica encarnada por el peronismo) debían ser reemplazados por el “mercado”. Este, a partir de la libre competencia y de acuerdo con la eficiencia de cada uno en el “libre juego de la oferta y la demanda”, era considerado el instrumento más eficaz para la asignación de recursos y la satisfacción de necesidades.
Es decir, en consonancia con la política impulsada para los países del Tercer Mundo por los Estado Unidos, se promovía menos Estado y más mercado. Esa resocialización, ese “cambio de mentalidad” al que aludía el Ministro de Economía Martínez de Hoz apuntó a sustituir el sistema de valores, normas y orientaciones internalizadas durante la vigencia del Estado intervencionista; obtener conformidad por parte de la población en relación a la nueva estructura normativa; y conformar un sujeto a la medida del orden socioeconómico que se deseaba instaurar.
Como afirma el historiador Luis Alberto Romero “el Ministro (Martínez de Hoz) obtuvo una importante victoria argumentativa cuando logró ensamblar la prédica de la lucha antisubversiva con el discurso contra el Estado, e incluso contra el industrialismo. Un Estado fuerte y regido democráticamente resultaba un peligroso instrumento si estaba, aunque sea parcialmente, en manos de los sectores populares, como lo mostraba la experiencia peronista”.
El objetivo de las FF.AA. de disciplinar social y políticamente a la sociedad en general, y a la clase trabajadora en particular, se concretó, por un lado, suprimiendo las condiciones económicas que convertían a ésta en un actor social clave. Y, por el otro, volcando sobre la clase obrera todo el peso de la represión política, apuntando a sus integrantes más activos y a las organizaciones sindicales, sobre todo las más contestatarias.
La profunda transformación de la estructura económica implicó la desarticulación y liquidación de la pequeña y mediana industria en favor de los sectores exportadores agropecuarios e industriales nucleados en torno a los grandes grupos económicos y, especialmente, a los sectores financiero-especulativos.
Distintas medidas determinaron la primacía de la valorización financiera del capital sobre la valorización productiva. Entre las de mayor impacto estuvieron la apertura de la economía a través de la eliminación de los mecanismos de protección a la producción local, lo que terminó afectando directamente a la industria nacional frente a la competencia de los productos importados; y la creación de un mercado de capitales a través de la Reforma Financiera de 1977 que liberó la tasa de interés y dio impulso a la especulación.
Plata dulce, vaciamiento de empresas y represión
En esta época se produjo una gran afluencia de dinero del exterior (afluencia que sería uno de los orígenes del gran aumento de la deuda externa). Los dólares fueron colocados sin riesgos, aprovechando las altas tasas de interés y las garantías que ofrecía el Estado respondiendo por los depósitos bancarios de los particulares.
Como expresó el economista, y funcionario durante el gobierno alfonsinista, Adolfo Canitrot “es muy parecido a lo que pasó en 1991. Cuando usted abre una economía cerrada, el consumidor podrá criticar al gobierno pero está fascinado. Puede viajar a Miami, comprar un auto importado, chiches. Eso da un apoyo ligado a las clases medias”.
En 1981 se estrenó la película Plata dulce dirigida por Fernando Ayala, la cual reflejaba los efectos que la política económica de Martínez de Hoz había tenido sobre la economía de nuestro país. “Mostraba aspectos de la vida cotidiana de muchas familias de los sectores medios de entonces, obsesionados por aumentar y demostrar frente a los demás sus niveles de consumo, sobre todo de artículos importados. (…) mostraba también los mecanismos de algunos de los delitos económicos muy frecuentes durante esos años –como el vaciamiento de empresas, casi sin ninguna oposición, ya que el movimiento obrero estaba desmantelado a partir de la represión con asesinatos y desapariciones– y concluía planteando que los principales responsables –los especuladores en gran escala que integraban la llamada Patria financiera– quedaban libres y sin ser juzgados” (Adolfo Canitrot, en “Matamos y después abrimos la economía”. Entrevista en Página /12. 20/03/96)
En suma, el país pasó de un esquema centrado en la industrialización destinada, principalmente, al mercado interno hacia otro que, en un contexto de creciente endeudamiento, privilegió la valorización financiera del capital y la transferencia de recursos al exterior. La deuda externa durante la dictadura aumentó de 8 mil millones a 43 mil millones de dólares. Como corolario del enorme traspaso de riqueza de los sectores populares a los sectores concentrados de la burguesía local y trasnacional, en 1982, el entonces Presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, estatizó la deuda externa privada.
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