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Más voces contra el Tratado de Schengen

El Tratado de Schengen se firmó para blindar a Europa ante la inmigración.

Hacia 1985, la Unión Europea (UE) plasmó su espíritu más representativo en el denominado Tratado de Schengen, un esfuerzo que recién se puso en práctica una década después. Desde entonces, los ciudadanos pertenecientes a los estados firmantes prácticamente vieron desaparecer sus fronteras interiores, y sólo amurallaron las externas. Sin embargo, la crisis económica y la inmigración excesiva son los motivos que hoy esgrimen algunas de la potencias del Viejo Continente como Francia y Alemania para manifestar sus reservas sobre este acuerdo, un hito fundacional.

Los ministros del Interior de Francia, Claude Guéant, y de Alemania, Hans Peter Friedrich, señalaron recientemente en una carta dirigida a la presidencia de turno de la UE, Dinamarca, que los controles tendrían un carácter “temporal”, a la par que insistieron que tales tareas les deberían corresponder a cada país y no al bloque. “La prevención de las amenazas a la seguridad y al orden público corresponde a la soberanía nacional”, subrayaron los dos ministros.

El mecanismo que Alemania y Francia proponen es para hacer frente “a la eventualidad de que un Estado miembro no pudiera respetar sus obligaciones” sobre el tratado de Schengen, y aluden en concreto a los problemas para luchar contra la inmigración irregular “en las fronteras del sur y del este de la UE”, especialmente Turquía y Grecia. Desde que Rumania y Bulgaria ingresaron a la Unión Europea en 2004, se activó un incesante flujo migratorio de la comunidad rom (gitanos), al que gobiernos como el de Nicolas Sarkozy le achacaron el aumento de la delincuencia común y los asesinatos. En los últimos años, los casos de xenofobia y discriminación contra estas personas fueron en aumento, al punto de que en países como Italia, la población local llegó a prender fuego sus campamentos o a practicar linchamientos.

Paralelamente, la llamada “Primavera árabe” en Medio Oriente generó la huida diaria de miles de personas sin recursos hacia el continente, la mayoría indocumentadas. Los países receptores afirman no dar abasto para responder a la demanda y a diario llevan a cabo deportaciones hacia las tierras de origen.

De acuerdo con el esquema franco-alemán de reforma de Schengen, en una primera fase la CE se encargaría de la “detección precoz” de un flujo de inmigrantes ilegales y de coordinación de medidas de apoyo al país por el que estuvieran entrando. En el caso de que esas medidas “no bastaren para mejorar la situación del Estado en dificultades o si el funcionamiento del espacio Schengen se ve comprometido”, los otros miembros podrían restablecer controles en sus propios límites durante un período no superior a 30 días.

Los ministros de Interior de Francia y Alemania, que prevén detallar estas posiciones al resto de sus socios europeos en la próxima reunión del Consejo, insisten en que “preservan el equilibrio institucional y la eficacia del proceso de decisión en el plano europeo” y contribuyen a “luchar más eficazmente contra la inmigración ilegal”.

Este comunicado llegó un día después de que Suiza anunciara que a partir del 1º de mayo limitará la estancia en el país de los ciudadanos de ocho países de la Unión Europea: Estonia, Lituania, Letonia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y la República Checa.

En medio de la polémica por la misiva franco-alemana, el gobierno de Angela Merkel expresó su clara defensa de la libre circulación de personas. “La libertad de movimiento es uno de los logros más importantes del proceso de integración europea que debe protegerse a toda costa”, afirmó la Cancillería alemana. Aseguró asimismo que “el gobierno federal y sus socios europeos tienen la intención de mantener la libertad de movimiento y defenderla con aplomo”.

Según indicó el ministerio, “es la firme convicción del ministro de Exteriores Westerwelle, pero también la postura común del gobierno federal, que en las próximas conversaciones en Bruselas sobre una reforma de Schengen lo importante en primer lugar y de forma muy decisiva es mejorar el control de las fronteras externas de Europa”. “Porque precisamente en las fronteras externas del espacio Schengen está la clave para un progreso real en la lucha contra la inmigración ilegal, algo que el gobierno federal continuará defendiendo en Bruselas”, subrayó.

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