El Ministerio de Seguridad de la provincia confirmó ayer el pase a disponibilidad del jefe del Alcaidía de Melincué y de un oficial ayudante acusados de “hacer la vista gorda en los controles” de detenidos que tenían salidas transitorias. Según confirmaron, la irregularidad fue comprobada el domingo pasado en tres casos, pero Asuntos Internos procedió al secuestro del libro de guardia de la Alcaidía, para determina desde cuándo ocurrían las irregularidades. El hecho se suma, en menos de una semana, al pase a disponibilidad de cuatro integrantes de la Guardia Rural Los Pumas –entre ellos el jefe del destacamento de Chabás– acusados de cohecho.
El caso de Melincué comenzó a ser investigado por la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad, a cargo de Facundo Paschetto, luego de que recibieran información sobre irregularidades en las salidas transitorias. Según explicó Paschetto a El Ciudadano las irregularidades tenían que ver con la falta de controles en el regreso de los detenidos, que ocurrían entre 12 y 24 horas después de pautado su vuelta a la prisión. Con esos datos, una comisión de Asuntos Internos se presentó en la Alcaidía el domingo pasado y constató que tres reclusos no habían regresado de su salida transitoria. Pero además, la situación no estaba registrada, no había sido denunciada y no se habían labrado capturas contra los tres internos.
Por tal motivo, el Ministro de Seguridad Álvaro Gaviola, ordenó se inicien las correspondientes actuaciones sumarias administrativas y el correspondiente pase de revista de disponibilidad al jefe de la Alcaidía, Santiago R. y al oficial Mariano R., quienes prestaban servicios en la mencionada dependencia policial. Desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que la pesquisa recién empieza y en ese sentido no descartaban futuras medidas. Es que Asuntos Internos fotocopió los libros de guardia y distinta documentación donde se registraban los egresos y los ingresos de la dependencia.
El caso se suma a otra irregularidad ocurrida el miércoles pasado en la ciudad de Chabás, por lo cual cuatro policías fueron pasados a disponibilidad.
El miércoles por la noche personal de la delegación sur de la Dirección de Asuntos Internos recibió la denuncia de un par de camioneros que dijeron que tenían su vehículo retenido por personal de la Dirección de Seguridad, conocida como Los Pumas, de Chabás, localidad ubicada 90 kilómetros al sudoeste de Rosario, en el departamento Caseros.
Según fuentes del Ministerio de Seguridad, el rodado fue detenido durante un operativo de rutina, donde los policías constataron que el camión, que estaba cargado con soja, tenía su carta de porte vencida, por lo que el vehículo quedó retenido. Ante esto, el chofer y los uniformados comenzaron a “ver de qué manera podían solucionar esto”, indicaron voceros del Ministerio de Seguridad.
Grande fue la sorpresa del chofer del camión cuando los uniformados le pidieron siete mil pesos para liberar el rodado, por lo que el conductor avisó a los dueños del vehículo sobre la solicitud. Los dos hombres se negaron de plano a pagar por liberar el rodado, por lo que hicieron la denuncia en la delegación sur de Asuntos Internos, explicaron los voceros. Los policías dieron aviso a la jueza de Instrucción de Casilda, Silvia Nogueras, con jurisdicción en la zona, quien ordenó una ampliación de la denuncia y que se preparara una entrega de dinero controlada.
Pero un rato antes del horario de entrega, uno de los dueños del camión recibió un mensaje de texto, en el que le informaban de un cambio de planes: un cabo de la Policía provincial le informaba que debía depositar el dinero en su caja sueldo, en la sucursal 511 del Banco de Santa Fe.
La magistrada Nogueras ordenó que se hiciera el depósito, por lo cual los investigadores hicieron un aseguramiento de prueba en la sucursal bancaria, de donde fue incautada documentación que prueba la operación, que finalmente se hizo por dos mil pesos.
Una vez reunidos los elementos de prueba, fue detenido Ricardo V., el cabo en cuya cuenta se hizo el depósito, quien quedó imputado de cohecho, al igual que el oficial ayudante Santiago C., el sargento primero Francisco H. y el jefe del destacamento de la Guardia Rural, el comisario Alberto L. Tras quedar detenidos, el Ministerio de Seguridad ordenó que los cuatro policías fueran puestos en disponibilidad.
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