Esteban Guida (*)
Especial para El Ciudadano
Hace unos días el Indec publicó las cifras del nivel de ingresos que necesitó un hogar (dos adultos y dos menores de edad) para superar el umbral de indigencia y de pobreza. Se sabe que el costo de las diferentes canastas se disparó con la devaluación, pero el dato más dramático es que lo hicieron por encima de la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Esto quiere decir que la suba de precios no afecta a todos por igual, y que, muy lejos de revertir la pobreza, en el último año los hogares con menores ingresos resultaron más perjudicados por efecto de la inflación que los de ingresos medios y altos. Esta situación se podrá apreciar con mayor detalle y precisión, cuando el Indec publique los números de pobreza de finales de año.
En términos de cifras, en octubre de 2018 una familia compuesta por un jefe varón de 35 años, la cónyuge de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, necesitó un ingreso de al menos $24.241,17 para costear los bienes y servicios que componen la canasta básica total y no quedar por debajo del umbral de la pobreza, tal como lo mide el Indec. Este valor de la canasta básica implicó una suba de 7,5% mensual y de 54,6% interanual. A su vez, esa misma familia precisó un ingreso superior a $9.735,42 para cubrir los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para subsistir durante un mes y no ser considerada indigente. Esta combinación de alimentos y bebidas básicos aumentó 7,5% con respecto a septiembre y 51,5% en los últimos 12 meses, mientas que la inflación acumula un 45,9%.
Las variaciones en la valorización de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total se utilizan como referencia principal de la inflación (entendida como la suba del nivel general de precios de los bienes y servicios de una economía), pero el efecto de la misma es diverso según el nivel de ingresos de cada familia. En efecto esto es así porque cuanto menor ingreso tenga un hogar, mayor porcentaje del mismo destina al gasto en alimentos y bebidas, rubros que acusaron en promedio un aumento mayor al nivel general de los precios.
Cabe recordar que en el primer semestre de 2018 el porcentaje de hogares y de personas por debajo de la línea de pobreza ascendió a 19,6% y 27,3%, respectivamente, y que de ellos, un 3,8% de los hogares y un 4,9% de las personas están por debajo de la línea de indigencia, puesto que sus ingresos no logran cubrir los requerimientos mínimos alimentarios para la subsistencia. Ambas cifras reflejaron un incremento con respecto a los resultados registrados a finales de 2017, y se espera que las estadísticas publicadas hacia fines del año capten el empeoramiento relativo de la población que se acentuó con el rebrote inflacionario de los últimos meses.
Resulta inevitable pensar que el panorama económico y social para finales de 2018 será peor que el año anterior, producto de la fenomenal redistribución del ingreso y el empeoramiento social que implicó la devaluación del tipo de cambio, la aceleración inflacionaria, la destrucción de empleos y la mayor desocupación resultante. Con salarios perdiendo contra la suba de los precios, las familias necesitan cada vez más dinero para comprar la misma cantidad de bienes y servicios, situación que se agrava tanto por el deterioro de las condiciones de trabajo como por el crecimiento relativamente menor los salarios respecto al nivel general de precios de la economía.
El empobrecimiento que ha generado la administración macrista, no sólo se observa en los niveles de bajos ingresos de la población. La economía nacional, en su conjunto, exhibe un serio empobrecimiento relativo con respeto al resto del mundo. En efecto, a diciembre de 2017 el PBI argentino rondaba los 562.000 millones de dólares; esto refiere al total de bienes y servicios finales que se producen en el país en moneda doméstica, convertidos al tipo de cambio vigente. El hecho es que casi un año más tarde el producto se redujo a 383.000 millones de dólares, caída que se debe tanto a la retracción de la actividad económica como a la devaluación de la moneda en que se producen estos bienes respecto a la divisa en que se valúan los bienes extranjeros.
Si bien la producción nacional se realiza en pesos, su correlato en dólares es de crucial importancia, puesto que el país necesita de las divisas para comprar bienes al resto del mundo y pagar sus obligaciones en moneda extranjera. Estas cuestiones son ineludibles en el corto plazo, puesto que si bien hay consumos suntuosos que se pueden evitar (como vehículos de lujo o bienes suntuarios), otros son fundamentales para el funcionamiento y la vida cotidiana (como energía, materias primas, medicamentos, etc.). Siendo que la manera de obtener divisas de manera genuina es mediante el intercambio comercial de bienes y servicios, este empobrecimiento relativo significa que, en términos de trabajo, los argentinos tienen que trabajar más que el año pasado para comprar al resto del mundo los mismos bienes y servicios.
La realidad demuestra que, luego de tres años de gestión, el gobierno de Cambiemos ha empobrecido a la Nación y agudizado la pobreza de amplios sectores de la ciudadanía. Habida cuenta del compromiso asumido por el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional, y de los desequilibrios macroeconómicos agravados y autoinfligidos por acción del propio gabinete, es de esperar que el objetivo “Pobreza Cero” termine siendo otra mentira del relato macrista.
(*) Economista. Fundación Pueblos del Sur (fundacion@pueblosdelsur.org)
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