Más de seis mil damnificados por las inundaciones del río Salado en 2003 que iniciaron juicio al gobierno santafesino, fueron convocados nuevamente hasta el 10 de julio próximo para llegar a acuerdos extrajudiciales que ofreció el Estado provincial.
El plazo original de la convocatoria vence hoy pero hubo escaso interés en adherir a la propuesta, por lo que el gobierno provincial extendió hasta el 10 del mes próximo la posibilidad de que los damnificados se avengan a participar de una negociación que conduzca a poner fin a los reclamos establecidos y cortar de este modo las demandas establecidas ante la justicia y ante el Estado mismo pendientes de resolución.
El fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, explicó que el año pasado elaboró un procedimiento para “conciliar las reclamaciones administrativas o judiciales”, de acuerdo a un relevamiento en los principales estudios jurídicos que tienen los casos.
El objetivo es “escuchar la opinión de todos los afectados por las inundaciones”, dijo Barraguirre, y acotó que “se abrió un plazo de dos meses para opinar” sobre la cuestión, pero “los damnificados demostraron un bajo interés en la convocatoria”.
La idea del gobierno es lograr la instalación de una comisión de expertos que deberían trabajar en dos paneles: uno científico, orientado a establecer la responsabilidad del Estado en el daño provocado por el río, que dispondría de sesenta días para trabajar, y otro jurídico, integrado por peritos para establecer el monto de las indemnizaciones.
El plazo de dos meses que fijó el año pasado la Fiscalía para que los demandantes opinen, critiquen o envíen propuestas sobre la idea del gobierno, vence hoy, por lo que fue prorrogado hasta el 10 de julio.
Una vez recibidas las opiniones, la Fiscalía de Estado resolverá cuál es el reglamento del procedimiento a emplearse con los numerosos reclamantes, que no aceptaron los resarcimientos ofrecidos por el Estado santafesino.
Durante la inundación de fines de abril de 2003 murieron como consecuencia directa 23 personas en la ciudad de Santa Fe. Otras tantas fallecieron un tiempo después producto de las secuelas sufridas, mientras que un gran número de vecinos padeció en vida las consecuencias. La Casa de Derechos Humanos de Santa Fe elevó la cifra de fallecidos como consecuencias directas a más de cien.
El súbito y violento anegamiento de una tercera parte del casco urbano de la capital de la provincia sobrevino cuando el agua del río Salado, crecido por las abundantes lluvias en su recorrido, ingresó a la ciudad por una brecha no cerrada de la defensa del cordón oeste de la ciudad. El agua comenzó a ingresar el domingo 27 de abril por la noche y llegó a su peor momento el martes 29. En pocas horas todos los barrios del oeste quedaron bajo agua.
Las pérdidas materiales fueron inmensas y el gobierno provincial debió gestionar fondos a la Nación para atender la emergencia y crear el Ente de la Reconstrucción para resarcir a los damnificados. En paralelo, la Justicia comenzó a investigar las responsabilidades en el plano penal al tiempo que recibía miles de demandas civiles por afectados que reclaman ser indemnizados por las pérdidas.
Las obras destinadas a evitar que pueda repetirse una contingencia similar involucran el cerramiento del anillo de defensa de la ciudad y estarían terminadas “en agosto”, según adelantó el gobernador Hermes Binner en una visita realizada meses atrás al lugar.
El tercer tramo de la avenida Circunvalación Oeste de la ciudad de Santa Fe, en el que se trabaja, se extiende desde calle Gorostiaga hasta la ruta provincial Nº 70, en la localidad de Recreo.
Binner señaló que esta obra “es imprescindible para solucionar dos grandes problemas del Gran Santa Fe”, el vial, con la construcción de la circunvalación, y la prevención de las inundaciones.
Sobre la obra, el gobernador indicó que “hay una serie de acciones de ingeniería que son verdaderamente extraordinarias y que permiten la construcción de compuertas con unidireccionalidad”, para permitir el paso del agua en una u otra dirección.
Luego, sobre la fecha de terminación del anillo protector, Binner insistió que sería en agosto “si todo sigue a este ritmo”, porque entonces faltaban “toda la señalización, los guardarrails y consolidar banquinas, lo que llevará su tiempo”, precisó.
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