Las empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT) experimentaron una fuerte expansión en los últimos años, hoy suman más de dos centenares con casi 9.400 empleados y mantienen un intenso debate sobre la forma jurídica más adecuada para su consolidación.
Si bien la casi totalidad de las ERT (el 95 por ciento) está constituida como cooperativas de trabajo, muchos dirigentes creen que esa forma societaria respondió sólo a una necesidad del momento: la de expropiar activos (máquinas y edificios) de las empresas fallidas.
“En realidad, lo que necesitamos es un estatuto del trabajo autogestionado”, dijo Hugo Fucek, de la cooperativa textil Viniplast, al presentarse días atrás el Tercer Relevamiento de Empresas Recuperadas, realizado en el marco del programa Facultad Abierta, de Filosofía y Letras de la UBA.
El director del proyecto de la UBA, Andrés Ruggeri, sostuvo que se trabajó con una muestra pormenorizada de 85 casos, visitados en forma presencial por un equipo de investigación formado por 85 estudiantes voluntarios, entre septiembre de 2009 y marzo último.
El relevamiento constató que el número total de ERT registradas en el país pasó de 161 en 2004 a 205 en la actualidad, de las cuales la mitad se concentra en Capital Federal (39) y Gran Buenos Aires (76).
Las metalúrgicas siguen siendo mayoría (48) entre las empresas recuperadas, que en conjunto crearon 2.400 puestos de trabajo en los últimos seis años.
Los datos, dijo Ruggeri, revelan que “la formación de cooperativas o empresas autogestionarias como forma de preservar, ya no es sólo un mecanismo defensivo, como lo fue en 2001-2002, sino también un procedimiento válido de acción frente a conflictos que antes no tenían salida”.
La puesta en marcha de la producción, de todos modos, sigue siendo uno de los mayores escollos a superar por los trabajadores, pese a que en los últimos años lograron asistencia oficial de distinto tipo, tanto del Ministerio de Trabajo como del Inti (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y el Inaes (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social).
El 49 por ciento de esas firmas trabajan “a façon”, es decir, para otras empresas que les encargan una determinada producción y les anticipan la materia prima, como una tercerización de servicios.
La falta de capital de trabajo es la causa principal por la cual ninguna ERT pudo aún superar el 60 por ciento de su capacidad productiva, mientras 52 por ciento también reconoció tener serias dificultades para insertarse en el mercado.
Pese a estos problemas, la compulsa revela que la mayor parte del dinero que las ERT utilizan para renovar sus maquinarias (el 60 por ciento) surge de fondos propios y no de subsidios.
A los desafíos de crecimiento e inserción en sus respectivos mercados, las ERT afrontan retos especiales, como la necesidad de adecuar el marco regulatorio de las cooperativas, en particular para resolver al cuestión de las nuevos ingresos de personal.
Como cooperativas de trabajo, las empresas autogestionadas sólo pueden tomar gente en calidad de aspirantes a socios, con un período de prueba de seis meses, vencido el cual deben definir si los integran.
Según la investigación de la UBA, 46 por ciento de las recuperadas tienen en su plantel de trabajadores a personas que no son socias, de las cuales casi dos tercios aparece como contratados.
Plácido Peñarrieta, de la Cooperativa Gráfica Chilavert, cree que debe modificarse la ley de Contrato de Trabajo: “Porque si no tenemos una ley clara es muy complicado que podamos resolver la cuestión laboral y el tema de las jubilaciones”.
Ruggeri, a su vez, sostiene que es el Estado el que tiene que dar un impulso a las ERT “con una política seria y coherente, creando nuevas legislaciones para estos nuevos mundos”.
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