Luego de que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazara el planteo de inconstitucionalidad contra el nuevo sistema procesal penal de la provincia, los cruces entre el gobierno de Hermes Binner y los integrantes del Poder Judicial por la implementación de esta reforma –que entre otras cosas instala el juicio oral y público– recrudecieron.
Ayer, el Colegio de Magistrados le envió una carta al ministro de Justicia, Héctor Superti, reclamando que se deroguen las dos resoluciones de este año que reglamentan los puntajes en los concursos para elegir a los integrantes de los aún no constituidos Ministerio Público de la Acusación (fiscales) y Servicio Público de Defensa. El escrito denuncia la supuesta “discriminación” de los integrantes del Poder Judicial respecto de quienes se postulan por fuera del mismo (abogados). Y para dejar en claro que no se trata de una mera queja, el Colegio anunció que retirará a sus representantes en “todos los tribunales de evaluación” de los nuevos defensores y fiscales, con la consecuencia de hacer caer los concursos para los nuevos funcionarios.
La presentación –que lleva la firma del tesorero de la entidad, Jorge Baclini– cuestiona las resoluciones 252 y 260 del Consejo de la Magistratura, que llevan la firma de Superti, y pide su “inmediata derogación” para volver a la normativa anterior respecto de cómo se asignan los puntajes por “antigüedad y ejercicio profesional”, que emanaba del decreto 164 de 2007, dictado por la misma administración socialista. El Colegio considera que la nueva reglamentación discrimina a los integrantes del Poder Judicial que se anoten en los concursos, al asignarles proporcionalmente menos méritos que a los que se presentan desde el ejercicio libre de la abogacía, con lo cual “corren con varios puntos de desventaja”·
Pero no sólo los hombres de toga plantaron su disconformidad. Una similar queja ya había sido cursada el miércoles por el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia. En su caso, se interpone un “recurso de revocatoria y apelación en subsidio” contra las mismas resoluciones 252 y 260. Los trabajadores las consideran “absolutamente inconsultas”, y sostienen que “destruyen la carrera judicial con desigualdades absurdas que, en el caso de los empleados judiciales con título de abogado, trascienden la discriminación para transformarse en claramente proscriptivas”. En su escrito, el gremio pone en números lo que califica como “un desatino” de la cartera a cargo de Superti. Ejemplifica cómo –de acuerdo a su interpretación– se obtiene ahora el puntaje de antecedentes profesionales fijado por la resolución 252, que obliga a sus afiliados a emular a Matusalén: “Un abogado que haya litigado ante la Corte Suprema llega al mínimo de 50 puntos con 25 años de profesión, un Oficial de Justicia arriba con 62,5 años y un empleado necesita” nada menos que “125 años”.
El gremio que conduce Juan Nucci expresó que “estos despropósitos vulneran los legítimos derechos” de los trabajadores judiciales “con título de abogado, a quienes imposibilitan concursar desintegrando la carrera judicial”. Pero recalca que, además, “perjudican a todos, porque la movilidad del escalafón” se basa en el pase de éstos “desde el escalafón administrativo a los de magistrados y funcionarios, generando el ascenso del resto”.
En los tribunales provinciales de Rosario se respiraba ayer el aire de molestia por la reglamentación de los concursos, lo que suma nafta al fuego cruzado entre las agremiaciones del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia santafesino en torno a la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal de la provincia, que busca clausurar el actual y anacrónico sistema inquisitorial –donde los jueces ostentan la suma del poder en el proceso– a otro “acusatorio” en el que se dividen claramente las funciones de acusación e investigación, defensa y dictado de la sentencia.
El miércoles, la administración socialista salvó un escollo cuando la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en fallo dividido, rechazó el planteo de inconstitucionalidad que el procurador Agustín Bassó había presentado contra el nuevo Código Penal, que le resta al funcionario su actual poder –maneja tanto a los fiscales como a los defensores públicos– y lo relega a un protagonismo secundario como miembro del máximo tribunal.
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