Un prejuicio que suele tener la sociedad tiene que ver con que todo niño que está en la calle se encuentra desprotegido y en situación de ser adoptado. Se suele creer que las instituciones colapsan de niños en estado de abandono y que la adopción, dadas estas premisas, debería ser un trámite sencillo. Pero no lo es por una sola razón: no hay chicos para adoptar. En lo que va del año, por la Justicia de Rosario sólo pasaron dos pequeños que fueron dados en adopción. Por otra parte, desde la Dirección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y Familia afirmaron que sólo hay cuatro niños a los que se los considera en estado de abandono, pero ahora es la Justicia la que debe resolver si esos chicos están o no en condiciones de ser adoptados. De todos modos, la adopción es sin lugar a dudas el debate que se viene.
La semana pasada el grupo de padres adoptivos y futuros adoptantes que integra el denominado Club de Padres reunió firmas en el centro de la ciudad con el objetivo de un elevar un petitorio para que el Senado nacional trate un proyecto de ley de adopción que ellos elaboraron. Tras denunciar que la niñez en la Argentina se encuentra en “estado de emergencia”, pidieron censar la cantidad de chicos en situación de desamparo en el país y que se reduzcan los plazos de institucionalización de niños abandonados a tres meses (actualmente es de un año y medio) para que estos puedan ser adoptados.
Luego de que se sancionara la ley de matrimonio igualitario, la adopción parece ser el tópico a discutir. En este sentido, Santa Fe reglamentó en mayo pasado la ley de Derechos del Niño. Esta norma, entre otras cuestiones, deja de lado el patronato instaurado hace casi 90 años, y saca del sistema judicial a todos los chicos que no cometieron un delito, una manera de dejar de judicializar la pobreza y el abandono. Por otra parte, el 24 de junio pasado se sancionó en las cámaras la ley que habilita la creación del Registro de Guardas Preadoptivas y de Adopciones que, según adelantó la diputada Lucrecia Aranda (PS), promotora del proyecto en cuestión, comenzará a regir desde octubre y estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia.
Mientras esto ocurre, una lista de aspirantes a padres espera encontrar su deseado hijo, algo que no resulta sencillo. Con la actual legislación hay dos formas de adoptar. Una es la adopción directa, que es cuando una madre entrega voluntariamente al niño a otra persona mediante un trámite en un juzgado de familia. Otra es cuando existe un niño en estado de abandono o en situación de vulnerabilidad, por lo que el Estado lo da en adopción. Pero no se trata de un trámite sencillo. Cuando un pequeño no tiene contención, desde el Estado lo derivan a una institución o a una familia substituta hasta que se logre recomponer el vínculo con su familia biológica.
Al respecto, el juez de Familia Marcelo Molina dijo en declaraciones periodísticas: “Para esos casos tenemos, además del Código Civil, la ley de derechos del Niño que le da competencia a la Dirección Provincial de Promoción por los Derechos de la Niñez Adolescencia y Familia (dependiente de la provincia), que va adoptando medidas de protección integral, medidas excepcionales que es cuando el chico es sacado del ámbito de su familia”, aseguró. Según indicó el magistrado, existe un plazo máximo de un año y medio de institucionalización del niño abandonado. “Cuando eso finaliza y el chico no puede volver a su hogar –que es lo más deseable– se evalúa la posibilidad de darlo en adopción”, detalló Molina.
Sobre la cantidad de casos de chicos en situación de abandono que está en condiciones de ser adoptados, Molina fue contundente: en lo que va del año, sólo se presentaron dos casos en todos los tribunales.
Mónica Varreto, titular de la Dirección provincial de Derechos de la Niñez y Adolescencia, explicó que antes de la ley de los Derechos del Niño la competencia la tenían los jueces de familia. “Nosotros heredamos a los niños del patronato que hace mucho tiempo estaban alojados en hogares sin ningún familiar. Ahora estamos evaluando cuatro situaciones que pueden llegar a declararse como adoptables”, apuntó a El Ciudadano Varreto. “En el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes hay algunas situaciones donde no se puede hacer más nada y se llega a la adopción. Allí entregamos una evaluación al juez para que declare al niño adoptable”, especificó.
Sobre el sistema de adopción, Molina opinó: “Hay cosas que se pueden llegar a cambiar. Sobre todo los plazos de declaración de situación de adoptabilidad. Pero también entiendo el deseo de la sociedad de que los hijos estén con sus padres. Es un tema en el que se mezclan muchas cosas. Que un chico esté en la calle no significa que no esté contenido. Ése es un prejuicio que tenemos. Pero tampoco podemos pensar que todo chico que vive en la calle está contenido. Siempre tenemos prejuicios que dan vuelta detrás de todo esto”. Para Molina el tema es complicado, porque la mayoría de los chicos que son adoptados proviene de sectores marginales o de personas que están en situaciones marginales.
“Cuando se da en ese ámbito tienen lugar los prejuicios. Eso que se dice «con todos los chicos que están en la calle»; y no es así que todos los chicos que estén en la calle no estén contenidos”, evaluó.
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