Esteban Guida
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
En los primeros dos meses del año, la inflación reflejó una relativa desaceleración en su ritmo de crecimiento. Sin embargo, con el advenimiento de la crisis sanitaria importada, la expectativa sobre la dinámica de los precios domésticos entró en un cono de incertidumbre y amenaza con volver a tomar un rumbo descontrolado.
Frente a este panorama, el gobierno nacional implementó diferentes tipos de controles de precios sobre los servicios públicos, el tipo de cambio y la tasa de interés, tres precios fundamentales de la economía que tienen gran incidencia en la estructura de costos de las empresas. Sin embargo, está claro que el gobierno no puede controlar todos los precios de la economía y que un contexto de crisis e incertidumbre como el actual se pueden generar bruscos movimiento de precios producto de la especulación y el potencial riesgo de desabastecimiento.
De hecho, con la implementación de las medidas de aislamiento y el miedo a la extensión de la pandemia, pudo verse que ciertos precios de artículos de consumo aumentaron más de lo esperado. En efecto, se registraron incrementos notables y dispares (incluso con amplias diferencias entre locales de un mismo barrio) en alimentos y bebidas, en el alcohol y sus derivados, en productos de limpieza, y en elementos médicos. Un carnicero del barrio se animó a cobrar $500 el kilo de carne picada especial, cuando a pocos metros de ahí la picada de un corte semejante se conseguía a menos de la mitad de ese precio.
Frente a este contexto el gobierno está respondiendo con controles tradicionales, cuyos antecedentes no prometen un buen resultado. Entre las medidas que adoptó el gobierno nacional se encuentra la fijación de precios máximos para una determinada canasta de bienes, el endurecimiento de multas a comercios (con clausura incluida) y la habilitación de líneas de teléfono para que los ciudadanos puedan denunciar abusos.
Una medida más novedosa fue la concesión de parte del gobierno nacional a los gobernadores e intendentes municipales de mayor poder para controlar los precios. Nadie en su sano juicio puede pensar que los gobiernos descentralizados tienen más herramientas que la autoridad nacional para controlar y hacer valer la lógica económica en la fijación de precios; mucho menos cuando las autoridades luchan con su propio personal porque no quieren salir a la calle a cumplir con su trabajo. Sin embargo, y ante la presencia de actitudes oportunistas en todo tipo de comerciantes, no está de más “bajar” un poco a la realidad de la calle y sumar a toda la ciudadanía en el control de los abusos sobre los precios.
Se ha dado un debate sobre si es justo y sirve controlar a los pequeños comerciantes (si estos son o no responsables de cobrar precios abusivos), o si solamente vale controlar a los grandes productores y cadenas de comercialización. En vista de lo que está ocurriendo, vale decir que ambos controles deben estar presentes, porque el abuso en la fijación de precios al consumidor no está reservado a los “grandes” empresarios sólo por el hecho de ser grandes, sino que se observa con claridad en todo aquel comerciante que se quiere aprovechar de la situación para ganarse unos pesos más a costa de la necesidad de comprar productos elementales y no poder recorrer toda la ciudad para conseguir buenos precios.
Por lo tanto, si un intendente piensa que por recibir el poder de la provincia y la Nación para controlar los precios va a poder hacerlo con el uso de “la fuerza pública”, asume un alto riesgo de fracaso. La chance de que la medida tenga un efecto concreto sobre los precios (a nivel local) radica en el involucramiento de la población en la toma de conciencia sobre la importancia del sistema de precios en la distribución de los esfuerzos económicos en el seno de una comunidad. Por eso es que las autoridades deben hablar claro, dejarse de ideologismos y aportar a la comunidad la información necesaria, útil y pertinente sobre precios de referencia, puntos de venta e identificación de los comerciantes para que todos podamos defender los intereses de la comunidad.
Los intendentes tienen la gran oportunidad de convocar a la participación de los ciudadanos a través de sus organizaciones libres (vecinales, clubes, redes comunitarias, iglesias, etcétera) a tomar parte en esta situación; no sólo para quedarse en casa, cuidar a los ancianos vecinos y mantener distancia en la fila, sino para ser parte activa en la resolución de los temas que les son propios y a ser parte activa del quehacer comunitario.
En cuanto a lo que respecta al gobierno nacional, si realmente quiere controlar los precios, tiene una batería mucho más amplia y tecnológicamente más sofisticada para hacerlo con efectividad y eficiencia. En épocas del big data y las tecnologías de la información y la disponibilidad on line de los datos de las personas y empresas, el control de precios es más una decisión política que un desafío operativo.
El coronavirus nos está dando la posibilidad de repensar muchas cosas que se vienen haciendo igual, a pesar de sus resultados ineficaces y contraproducentes. Sólo hace falta un cambio de mentalidad que empiece por aquellos que tienen la responsabilidad de conducir el Estado y servir a la comunidad.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
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