Arlen Buchara
Blanca Borja llegó a la Argentina desde Bolivia cuando era una niña, hace más de tres décadas. Hoy tiene 43 años y junto a sus dos hijos y otros quinteros trabaja en una porción de tierra de siete hectáreas en General Lagos, a 26 kilómetros de Rosario. Durante el año plantan distintas verduras de estación que venden a los mercados de la ciudad y otras localidades. Los precios del alquiler de la tierra y de los insumos están atados al dólar, como si su actividad diera la misma rentabilidad que los quintales de soja. El domingo de las elecciones generales la lluvia se transformó granizo durante 10 minutos. Fue suficiente para que toda la producción agrícola de la quinta de Borja quedara destruida. Junto con ella, otras 100 familias de las afueras de Rosario perdieron todo. Equivale al 60 por ciento de la producción de la zona. “Tenemos que empezar de cero de nuevo sin ningún tipo de ayuda”, explicó Borja en diálogo con El Ciudadano.
La mujer alquila un campo de General Lagos hace 26 años. Ahí trabajan cinco personas, algo que se repite en los más de mil quinteros en las afueras de Rosario. Tener una tierra propia es imposible para todos. La mayoría son migrantes bolivianos con varias generaciones en Argentina. Trabajan todo el año plantando y cosechando verduras de estación en las pocas tierras que quedaron libres de los monocultivos de soja, trigo y maíz. Están atados al dólar. No solo el alquiler sino las semillas y los insumos.
El fin de semana pasado las siete hectáreas donde trabaja Borja estaban completamente plantadas. Había verduras listas para cosechar, otras creciendo y otras apenas brotando. Brócoli, coliflor, rúcula, lechugas de distinto tipo, repollo, acelga, cebolla de verdeo, puerro eran algunas de las verduras de estación que habían sembrado. A la madrugada del domingo la lluvia derivó en granizo. En poco menos de 10 minutos se llevó puesto todos los cultivos.
Por el granizo del domingo a la madrugada hubo más de 100 quinteras y quinteros perjudicados de General Lagos, Pueblo Esther, Villa Diego y Alvear. En toda la zona que rodea a la ciudad de Rosario hay más de mil unidades productivas con más de 800 familias. Según Guillermo Chichetti del Movimiento de Trabajadores Excluidos Rosario (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) el 60 por ciento de la producción agrícola quedó dañado. Desde las organizaciones convocaron al cuerpo de delegados de productores de la zona para hacer un plan de acción para salvar a economías que con la crisis y la competencia de la soja son particularmente vulnerables.
“Vamos a buscar algún tipo de ayuda de los municipios y del Ministerio de Producción provincial por pérdidas por catástrofes climáticas. Perdieron todo y nunca han recibido ningún tipo de ayuda”, explicó Chichetti. “La crisis económica ha dañado mucho a estas economías que siempre fueron postergadas. El gobierno nacional desmanteló la Subsecretaria de Economía Familiar y bajó los pocos subsidios que había. Hay una intención fuerte del gobierno de que la producción familiar desaparezca”, agregó.
Según Chichetti, quienes trabajan en las quintas no cuentan con derechos sociales básicos como aportes jubilatorios, obra social e incluso acceso a la salud. “Viene siendo una economía de la subsistencia porque son el eslabón más débil de la cadena. Lo que les pagan las verduras no se compara con los precios de venta al público”, agregó.
El representante de la CTEP explicó que a las malas condiciones y la crisis se suma la discriminación y el racismo de las que son blanco por ser migrantes o hijos de migrantes. “En el último tiempo creció mucho el racismo por el discurso del gobierno nacional”, opinó.
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