El oficialismo de la Cámara de Diputados logró, pasada la 1.30 de la mañana de este miércoles, dictamen favorable en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales para su megaproyecto “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, más conocido como “Ley Ómnibus”, con lo cual la iniciativa quedó habilitada para ser tratada por el pleno del cuerpo. El despacho de mayoría alcanzó 55 firmas de La Libertad Avanza y aliados, más las rúbricas de legisladores y legisladoras de la oposición amigable, aunque 34 de esas voluntades se sumaron “disidencias parciales” que también llegarán al recinto y se debatirán en el tratamiento en particular de la norma. Así, el gobierno de Javier Milei se aproxima a obtener un voto favorable en una sesión maratónica entre el jueves y el viernes, con inicio en la jornada siguiente al paro general de la CGT y las dos CTA contra el decreto de necesidad y urgencia 70/23 y –precisamente– contra el proyecto al que se le dio curso favorable.
El despacho se trataba en una tensa reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, y Presupuesto y Hacienda, conducida por los legisladores de La Libertad Avanza Guillermo Bornoroni y Nicolás Mayoraz, y José Luis Espert de Avanza Libertad.
En una sala colmada de diputados, asesores y periodistas del Anexo de Diputados, las y los legisladores debatieron con fuertes cruces la iniciativa enviada por el Ejecutivo, que contempla una emergencia pública, privatizaciones, limitaciones a la protesta social, aumento en retenciones, blanqueo de capitales y una extensa reforma del Estado para reducirlo a una mínima expresión.
Si bien se estimaba que el dictamen, con modificaciones, se iba a firmar antes de la madrugada, el debate continuó por casi dos hormas más sin que en ese trámite el oficialismo, que ya contabilizaba el respaldo de diputados del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, lograra un acuerdo completo, por lo que el despacho será tratado en general pero luego continuará en el debate en particular –artículo por artículo– junto a los planteos sobre distintos puntos, como el aumento de las retenciones a las economías regionales, la eliminación de la ley de Movilidad Jubilatoria, las reformas electorales, y las privatizaciones de empresas públicas. Las disidencias ponen en riesgo la aprobación de varios artículos centrales de la ley ómnibus en la votación en particular.
Además, los legisladores de la Coalición Cívica, del Partido Socialista y del GEN que integran Hacemos Coalición Federal presentaron dictámenes de minoría al rechazar los acuerdos con La Libertad Avanza, al igual que Unión por la Patria y la izquierda. Así quedaron presentados un dictamen de minoría con 45 firmas de UxP, otro de la Coalición Cívica con 3, otro con 2 firmas (Margarita Stolbizer, del GEN, y Mónica Fein, del PS) de Hacemos Coalición Federal y un dictamen de la izquierda.
Tras la firma del dictamen, el oficialismo se aprestaba a pedir la sesión especial para debatir desde este jueves el proyecto de ley. «Tenemos que hacer lo que la Argentina necesita, entendemos la necesidad de la aprobación de este dictamen ahora y comenzar un proceso que deje atrás la decadencia en lo que los metió la política y empecemos un proyecto de crecimiento”, dijo, al abrir el debate, el libertario bonaerense Santiago Santurio.
El legislador agregó: «Nosotros no creemos que la política va a ser la solución, creemos que la solución son los ciudadanos. Necesitamos que el Estado nos quite el pie de encima a los argentinos, para que podamos trabajar, para que podamos emprender».
Por su parte, Martín Tetaz, de la UCR, expresó: «Tienen que haber muchas reformas pero debemos discutirlas con la profundad que se requieren».
«Tal vez hay formas distintas de expresarlo a lo largo de esta reunión, y en la forma de la firma o acompañamiento distinto del dictamen, pero estamos todos convencidos de apoyar las reformas que necesita el Gobierno al mismo tiempo que mantenemos nuestra posición muy firme en defensa de los jubilados, de los sectores productivos de la Argentina, de la división de poderes y el sistema republicano de Gobierno», agregó.
Por la Coalición Cívica, dentro del bloque Hacemos Coalición Federal, Juan Manuel López apuntó: «No pudimos dar el debate porque la ley es inabordable en sesiones extraordinarias, por todo lo que propone, y por cosas que no propone y que queremos proponer. (Juan Bautista) Alberdi fue sabio, nos puso el artículo 29 de la Constitución para evitar la suma del poder público».
Por su parte, el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, remarcó: «Estamos en presencia de la delegación de facultades más escandalosa que un Congreso ha hecho a un Ejecutivo. Esta ley tiene el impacto de ocho ley Dromi», en referencia a la reforma del Estado de los 90, durante el gobierno de Carlos Menem y su ministro de Obras y Servicios Públicos Roberto Dromi, protagonista clave del hasta ahora mayor desguace del Estado.
«El corazón de este proyecto son las facultades delegadas, y todo lo que sacó Milei, lo va a poder hacer en función de las facultades delegadas.», advirtió Matínez, y señaló que «con esta ley pueden intervenir todo».
Desde la izquierda, Miriam Bregman acusó que en la jornada los habían “entretenido” con una supuesta una discusión entre el gobierno nacional y las provincias: “Acá lo que se busca es gobernadores cómplices del gobierno nacional. Acá la perjudicada va a ser la clase trabajadora del país, las niñeces que pierden derechos con esta ley. No hay un debate acá sobre gobernadores que pelean».
Es que la jornada de este martes estuvo plagada de reuniones de los bloques opositores amigables que mantuvieron encuentros para analizar diferentes escenarios. Incluso barajaron para presentar un dictamen propio sobre el proyecto oficial, lo que el oficialismo desarmó –el plenario de comisiones se convocó primero a las 18, se postergó para las 20.30 y se inició cerca de las 21– con la fórmula de un consenso parcial.
El acuerdo entre el Gobierno y la oposición se destrabó tras las conversaciones emprendidas entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien propuso seis puntos de reforma al proyecto oficialista en nombre de la decena de gobernadores.
En el caso de la suba de retenciones agropecuarias e industriales, la discusión se producirá cuando se revise en particular ese capítulo del dictamen de más de 500 artículos.
La Libertad Avanza aceptó modificar el artículo sobre blanqueo de capitales que establecía que la recaudación se iba a destinar a las arcas nacionales y ahora se eliminó la asignación específica y se distribuirá por el mecanismo de coparticipación federal.
Otro punto clave está referido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad: se acordó que cuando se liquiden los activos del FGS esos recursos se destinarán a saldar las deudas de las cajas provinciales, pero la liquidación del sostén del sistema se mantiene, lo que es visto como una antesala de una nueva privatización.
Otro punto acordado con el gobierno está referido a la paritaria docente y allí se acordó que el Consejo Federal de Educación –en consulta con los Ministerios de Economía nacional, provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, y también con el asesoramiento de una comisión del Consejo Federal de Inversiones– iniciará las negociaciones con los gremios docentes.
Además, se mantienen el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, que tiene por objetivo asistir financieramente a las provincias, el distrito porteño y el Estado nacional, el financiamiento para obras de infraestructura económica y social, y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que asiste y financia programas de desarrollo.
En el dictamen de mayoría se mantiene el ajuste trimestral a los jubilados en marzo, respetando la fórmula actual, pero con actualización automática por inflación mensual a partir de abril; reduce el plazo de las delegaciones legislativas a un año; y elimina a YPF de la lista de empresas sujetas a privatización, en tanto que para Nucleoeléctrica, Banco Nación y Arsat se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.
En cuanto al sistema electoral, «se pasó para la discusión de ordinarias la reforma de las circunscripciones uninominales, las Paso y la actualización de la composición de la Cámara de Diputados».
De todos modos, el capítulo sobre financiamiento electoral se mantuvo en el borrador de dictamen promovido por el oficialismo que tiene objeciones de algunos de los bloques opositores.
Sí La Libertad Avanza mantuvo su propuesta para regular la protesta social, prohibiendo cortes de transito y de rutas, y se establece que se deberá pedir autorización para cualquier manifestación mayor de treinta personas e un espacio público.
