El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, afirmó este sábado que el país cuenta con una Corte Suprema de Justicia que responde a “las provincias poderosas”, como Santa Fe, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, y explicó que por ese motivo esos distritos no apoyan el proyecto de elevar el número de sus miembros para convertirla en un tribunal “federal”.
En declaraciones a Radio 10, Soria se refirió al proyecto de ley presentado esta semana por el presidente Alberto Fernández ante gobernadores y vicegobernadores de 17 provincias que contempla elevar de cinco a 25 el número de miembros de la Corte Suprema, con la integración en ese cuerpo de al menos 12 mujeres.
Para Soria es “lógico” que falte la adhesión de algunas provincias a esa iniciativa ya que esos distritos “sí están representados, porque tenemos una Corte de las provincias poderosas”.
“Faltaron las firmas de Santa Fe, de Córdoba y de Caba, porque ellos ya tienen sus representantes ahí”, puntualizó el titular de la cartera judicial.
El jueves, el presidente Alberto Fernández y a los mandatarios de 13 provincias abordaron el proyecto que se trabajó con la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, presentes también durante el encuentro con los gobernadores provinciales.
En la reunión participaron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Omar Gutiérrez, (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
También asistieron los vicegobernadores Laura Stratta (Entre Ríos), Omar Carlos Arce (Misiones), Roberto Gattoni (San Juan), Carlos Silva Neder (Santiago Del Estero); mientras que por Salta estuvo el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Esteban Amat Lacroix.
Los gobernadores se habían reunido en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el objetivo de continuar con el debate de ese proyecto y difundieron un documento en el que se pronuncian en favor de un máximo tribunal “federal, con paridad de género y que garantice la unidad nacional y la calidad institucional”.
En sus declaraciones de este sábado, Soria también lamentó que exista una “oposición cerrada” en el Congreso nacional que impide que se realicen los “cambios necesarios” en la Corte Suprema de Justicia” y aseguró que “trabajan para que ninguna de estas modificaciones se realicen”.
“Tenemos una oposición cerrada que trabaja para que ninguno de estas modificaciones se realicen en el Congreso”, afirmó el funcionario.
No obstante, el ministro destacó que los gobernadores “han dado una muestra altísima como nunca antes en una dirección muy importante, haciendo pública la necesidad de ampliar y de modificar la Corte” en virtud de que el máximo tribunal “carece de una perspectiva federal”.
Esta ausencia de federalismo “se observa por ejemplo en la parcialidad para elegir los casos que aborda”, según argumentó Soria.
En tanto, Soria recordó que el gobierno “ha insistido desde un principio en ampliar la Corte y en la reforma del Ministerio Público Fiscal”.
“Lo dijo el presidente (Alberto Fernández) cuando asumió en su discurso. Además, el año pasado el presidente anunció en el Consejo Económico y Social que estábamos analizando impulsar una reforma de la Corte que se esta debatiendo en el Senado”, añadió.
Soria afirmó que desde que asumió el peronismo, el Alto Tribunal “se puso a hacer política como nunca antes”, y remarcó que los cambios necesarios “se realizan con los votos en el Congreso, como la ley de reforma del ministerio público fiscal y de la magistratura que se está debatiendo en la Cámara baja, y tiene media sanción del Senado”.
Por otra parte, Soria se refirió a la necesidad de que la Corte tenga un “reglamento ético” al abordar cuestiones como la edad de los jueces y la paridad de género.
“En Uruguay ningún juez se quiere quedar después de los 70 años”, concluyó.
Justicia inclinada
El ministro de Justicia también había embestido –lo definió como “un absurdo que se aparta de la realidad”– del fallo que sobreseyó al ex presidente Mauricio Macri y a los camaristas de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos en una causa abierta por los encuentros que los tres mantuvieron en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos en tiempos en que el gobierno de Juntos por el Cambio impulsaba denuncias contra varios funcionarios de la gestión anterior, de Cristina Fernández. El fallo fue resuelto el mes pasado –aunque se conoció este jueves 2– por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien evaluó que no podía acreditarse delito por la falta de registro de varios de los encuentros denunciados entre Macri y los jueces, pese a que la ley obliga a hacerlo.
“La decisión de Martínez de Giorgi va en línea con la estrategia judicial de «Comodoro PRO» para proteger y darle impunidad a Macri. Como si no le bastara el cinismo que lo llevó a negar las reuniones clandestinas en Casa Rosada y Olivos, Martínez De Giorgi dice que la investigación contra Hornos y Borinsky debe continuarse en el Consejo de la Magistratura, hoy intervenido por la Corte Suprema”, se enojó el ministro Soria.
En su fallo, De Giorgi evaluó que no había sido probada la comisión de ilícitos en las visitas de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal a Macri e, incluso apuntó que muchos de esos encuentros no habían sido acreditados, lo que fue objetado por la fiscal Alejandra Mángano, quien apeló la sentencia. “La decisión del señor juez de primera instancia debe ser revocada, en virtud de que no se adecua ni a la normativa aplicable, ni a las constancias” de la causa, sostuvo Mángano.
El sobreseimiento –cuestionó– se sustenta en “una valoración parcial y aislada de los elementos de prueba incorporados”. Con la apelación, la sala II de la Cámara Federal porteña deberá revisar el fallo de Martínez de Giorgi, aunque sus tres integrantes, Martín Iruzun, Eduardo Farah y Roberto Boico ya se excusaron de intervenir.
“Se nota mucho que una parte del Poder Judicial trabaja todos los días para que no se haga justicia en nuestro país”, protestó Soria, calificando la resolución del juez Martínez De Giorgi como un acto “de un nivel de impunidad y corporativismo inusitado”.
“No se trata de un fallo que se aparta del derecho, sino que directamente es un absurdo que se aparta de la realidad”, sostuvo, en razón de que “niega hechos que no sólo han sido comprobados, sino que además han sido reconocidos públicamente por el propio Macri y los jueces que lo visitaban a escondidas en Olivos y Casa Rosada”.
La denuncia por las visitas de los jueces a Macri había sido presentada por el propio Soria cuando se desempeñaba como diputado, junto a sus entonces pares Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés.
En esa presentación se detallaron seis visitas de Hornos a Macri en la Casa Rosada “días antes de dictar sentencias favorables a los intereses de ese mismo presidente” entre 2015 y 2018.
En cuanto a Borinsky, se denunciaron 18 reuniones: 16 en la quinta de Olivos y dos en Casa Rosada “con proximidad temporal a la resolución de fallos judiciales en los que los magistrados intervenían, lo que les permitía inferir que había existido una influencia indebida por parte de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo con relación a casos de trascendencia política”, según se consignó en la presentación de los diputados.
En ese marco, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado y abogada, Graciana Peñafort, consideró como una “grave falla de conducta” que los magistrados hayan visitado al entonces presidente Macri “sin hacerlo publico ni pedir autorización pertinente”.
“El quid de la denuncia es que algunos días fueron y no pidieron autorización y siguieron interviniendo en causas en las que estaban en una situación de incompatibilidad”, advirtió Peñafort, y definió: “La objetividad del juez no sólo debe ser formal, sino que las partes deben sentir que en ese juez van a encontrar justicia”.
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