Representantes del Colegio de Martilleros volverán mañana al Concejo Municipal en busca de apoyo político en el marco de una dura disputa que vienen manteniendo ante los cambios legislativos que los obligan en la provincia a registrarse como corredores inmobiliarios para poder actuar como tales. También fueron citados mañana estos últimos, quienes, como los martilleros, serán recibidos en la Comisión de Gobierno, aunque por separado. Es que los ediles quieren conocer los argumentos de ambas entidades y la resistencia de los rematadores a incluirse en la nueva normativa.
Las reuniones que se desarrollarán mañana llegan luego de que unos cuarenta miembros del Colegio de Martilleros estuvieran el martes pasado en el Concejo Municipal sin lograr ser atendidos.
Los representantes de ese sector pedirán una nueva prórroga a la aplicación de la ordenanza 9156 (aprobada en el Palacio Vasallo a fines del año pasado) de adhesión a la ley provincial que obliga a los martilleros que ejerzan actividad de compraventa de propiedades a colegiarse con los corredores inmobiliarios.
Los martilleros vienen resistiendo la normativa por la vía judicial y piden que los cambios no se apliquen hasta tanto se hayan expedido los tribunales sobre la constitucionalidad o no de la normativa.
Un conflicto con historia
El conflicto plantado por los martilleros se inició con la sanción de la ley provincial 13154 aprobada a finales de 2010 y puesta en vigencia a principios de 2011, que dejó creado el Colegio de Corredores Inmobiliarios.
La normativa plantea que todos los que se dediquen a “la actividad de corretaje inmobiliario o la intermediación en la negociación inmobiliaria” deben matricularse en el flamante colegio. Para ello, entre otras cosas, deben tener título habilitante.
“Hace cuatro años que está vigente la ley. No veo cuál es la dificultad. Yo soy arquitecto y estoy también en el Colegio de Arquitectos, para ejercer las dos actividades. Y en la institución hay también martilleros y abogados”, sostuvo el titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Javier Grandinetti, quien remarcó que esta institución ya tiene unos 1.100 matriculados.
Lo cierto es que desde el Colegio de Martilleros se niegan a aceptar los cambios que se están gestando.
En la Justicia
Por la vía judicial los martilleros tuvieron hasta ahora sólo reveses. Sin embargo, seguirán insistiendo y afirman que llegarán hasta la Corte Suprema si es necesario.
“Hay personas que hace cuarenta años que se dedican a la actividad pero no tienen título. Ahora estarían obligadas a cerrar o asociarse con algún corredor matriculado. Es un despropósito normativo y un despojo patrimonial”, se quejó la semana pasada en diálogo con este medio el titular del Colegio de Martilleros local, Artemio Aguiar.
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