El Ciudadano
Habitantes de las favelas de Río de Janeiro y activistas denunciaron este domingo la letalidad creciente de las operaciones policiales en esas conflictivas zonas, bajo la gestión del gobernador Wilson Witzel, aliado del presidente brasileño Jair Bolsonaro.
Bajo el lema “paren de matarnos”, centenares de personas, con el apoyo igualmente de partidos de izquierda, se congregaron en la avenida costanera que va de Ipanema a Leblon, dos de los barrios más pudientes de la ciudad, próximos a populosas favelas como Rocinha, Vidigal o Cantagalo.
“Acaben con el genocidio de las favelas en Río”, reclamaron los manifestantes, que acusan a Witzel de promover una política de gatillo fácil para acabar con la criminalidad galopante de Río.
Según el Instituto de Seguridad Pública (ISP), 558 personas fueron abatidas en operaciones policiales en este estado entre enero y abril, un récord para ese periodo desde 1998, con un aumento de 19% respecto al año pasado.
Uno de los oradores, André Constantine, del movimiento “la favela no se calla”, denunció “una política de guerra contra las drogas con trasfondo de genocidio del pueblo negro”.
“Cada 23 minutos, un joven negro muere asesinado en Brasil. Y de cada 100 personas asesinadas en Brasil, 77 son negras”, afirmó.
Los manifestantes expresaron preocupación por la flexibilización del porte de armas decretado por Bolsonaro, que podría beneficiar a las milicias parapoliciales que dominan vastas zonas de Río.
Y cuestionaron el proyecto de ley anticrimen presentado por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro, que prevé reducciones de pena, o incluso la absolución, de agentes que usen sus armas en situaciones “de miedo excusable, sorpresa o emoción violenta”.
Esa medida, vista por defensores de derechos humanos como una “licencia para matar”, pretende reducir la criminalidad, en un país donde en 2017 se registraron casi 64.000 asesinatos.
En algunas operaciones de este año en Río, los muertos se cuentan al por mayor.
En enero, 13 personas murieron en una incursión policial en favelas del turístico barrio de Santa Teresa. Y ocho fueron abatidas a inicios de este mes en el complejo de favelas de La Maré.
Antes de asumir el cargo en enero, Witzel amenazó con recurrir a francotiradores para abatir a personas armadas en las favelas.
La ultraderecha pide más mano dura
A menos de un kilómetro de la protesta de Ipanema, en Copacabana, miles de partidarios de Bolsonaro denunciaron ayer las “trabas” que el Congreso opone a los proyectos del ex capitán el Ejército, como el de la legislación anticrimen, que entre otras cosas permite armarse a los civiles.
Las principales consignas fueron la aprobación del proyecto que busca endurecer la ley penal, enviado por el ministro de Justicia, Sergio Moro, y la reforma jubilatoria, principal iniciativa de ajuste económico de la gestión del gobierno.
Los manifestantes salieron a la calle a petición de movimientos ultraconservadores que exigen que el Congreso, al que acusan de encarnar “la vieja política”, acelere la aplicación de las reformas promovidas por el gobierno de Bolsonaro, al frente del país desde enero.
“Las manifestaciones tuvieron un número de asistentes nada despreciable”, dijo el general retirado Augusto Heleno, ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, al ser preguntado sobre la asistencia a los actos convocados por el llamado bolsonarismo extremo.
Sin apoyo de los sectores más liberales y con un quiebre en la derecha oficialista, algunos grupos convocaron al acto para defender al gobierno con ataques a los jefes parlamentarios y a los miembros del Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Suprema) y contrarrestar las protestas lideradas por los docentes el 15 de este mes, con más de un millón de manifestantes.
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