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Marchan hacia la Legislatura para pedir que se vote la ley del Nueva Oportunidad

Organizaciones sociales que forman parte del programa convocaron a una manifestación para exigir que los legisladores traten el proyecto por el cual se le da fuerza de ley al Nueva Oportunidad. Proponen “consolidar el programa como una política pública” más allá de la gestión de turno


Una treintena de organizaciones sociales que forman parte del Nueva Oportunidad marcharán este jueves hacia la Legislatura provincial para exigir el tratamiento del proyecto por el cual se otorga fuerza de ley al programa que actualmente funciona por decreto del Ejecutivo.

Los referentes de las organizaciones darán una conferencia en la explanada de la Legislatura en la cual pedirán por la continuidad, ampliación y profundización de las políticas públicas dirigidas a las juventudes de los barrios más vulnerables.

Durante la actividad, brindarán detalles sobre el estado de situación y plantearán “la imperiosa necesidad de garantizar la continuidad de la política pública orientada a juventudes en situaciones de criticidad social, tanto en el marco coyuntural de la transición de los gobiernos como en la perspectiva a largo plazo”.

El Nueva Oportunidad comenzó a funcionar en Rosario en 2013, en el marco del Plan Abre, y desde 2016 se comenzó a aplicar en otras ciudades de la provincia. En la actualidad alcanza a 17 mil jóvenes en 28 localidades.

“Este colectivo entiende que el camino recorrido durante estos seis años junto a los jóvenes es muestra suficiente para consolidar el programa como una política pública e invita a la ciudadanía a acompañarnos en esa dirección”, sostienen en la convocatoria para la marcha de este jueves.

El programa Nueva Oportunidad propone un abordaje integral de jóvenes en situación de alta vulnerabilidad social, a los que se acompaña en un trayecto pedagógico de capacitación y fortalecimiento de vínculos sociales, con herramientas concretas para que puedan construir un proyecto de vida.

Se propone como una estrategia de intervención territorial coordinada por el Gabinete Social y tiene carácter integral, dado que propone un abordaje articulado de modo interministerial.

De la iniciativa participan jóvenes que no acceden a instituciones o al mercado laboral y que tampoco disponen de recursos ni estímulos para volver a estudiar o a reinsertarse en el sistema productivo.

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