El Ciudadano
El fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, dio marcha atrás con la resolución por la que se designaban 195 nuevos funcionarios para el organismo de investigaciones que asiste a los fiscales en materia de delitos complejos.
Tras la polémica de la última semana, por el traspaso sin concurso de personal del Poder Ejecutivo a la órbita del MPA, y luego de escuchar las quejas del gremio judicial y de los fiscales regionales, finalmente Baclini decidió derogar la resolución 23/19 por la cual se designaban a 195 agentes para el organismo de investigaciones del MPA.
El tema generó fuerte controversia política por el modo en que se decidieron los nombramientos –sin concurso– y porque entre el personal que iba a pasar a la órbita judicial se encontraban militantes y funcionarios del oficialismo.
El miércoles, los fiscales regionales Carlos Arietti (Santa Fe), Patricio Serjal (Rosario), Rubén Martínez (Reconquista) y Diego Vigo (Rafaela) le habían pedido a Baclini que derogue la polémica resolución, tal como le habían exigido el último lunes desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe.
El fiscal general, ante la reacción de los trabajadores y funcionarios de la Justicia, primero suspendió “provisoriamente” los nombramientos. Pero un día después de la reunión que mantuvo con los fiscales regionales, finalmente terminó por derogar la resolución.
El titular del MPA expresó que “lo dispuesto por la ley ha presentado ciertas cuestiones críticas que se han puesto de manifiesto en su implementación y ameritan un análisis más específico en el proceso de traspaso”. En tal sentido, el documento también afirma que contra la resolución número 23, “el Sindicato de Trabajadores Judiciales interpuso recurso de reconsideración, solicitando que la misma quede sin efecto. Que en el mismo sentido se expidieron cuatro Fiscales Regionales en la Junta de Fiscales” realizada en la ciudad de Rosario.
La nueva resolución también indica que “razones de oportunidad, mérito y conveniencia, y de buena administración y planificación estratégica de la organización, aconsejan dejar sin efecto la resolución número 23”.
“En función de ello, y a los fines de dotar al Organismo de Investigaciones de personal con competencias específicas y adecuadas que permitan profesionalizar y hacer realidad las labores del organismo (aspectos centrales para garantizar su funcionamiento), surge necesario elaborar un proyecto de ley que regule el proceso de incorporación de los recursos mencionados”.
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