El Gobierno nacional envió un proyecto de modificación drástica de la llamada Ley de Tierras (26.737) que permite la producción en terrenos arrasados por el fuego y libera la venta a extranjeros de suelo argentino. Eso, en el contexto de los incendios en la Patagonia y la avanzada de la administración estadounidense de Donald Trump sobre los recursos naturales de América Latina. Por encima de frases hechas y eslóganes, un relevamiento científico arroja datos alarmantes sobre la propiedad del suelo en el país. El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores de la UBA y el Conicet, presentó un mapa interactivo que desnuda una realidad oculta: la constante entrega a extranjeros de territorios clave con acceso a agua dulce, minerales y nodos logísticos. En Entre Ríos los departamentos de Gualeguay, Concordia y La Paz están por encima del promedio nacional de extranjerización.
El mapa interactivo fue desarrollado por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, ambos becarios del CONICET y que a su vez forman parte del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA). Según el informe, aproximadamente el 5% del territorio nacional está en manos de firmas o estados extranjeros. El porcentaje representa más de 13 millones de hectáreas, una extensión equivalente a la superficie total de Inglaterra.
Los investigadores advierten que el enfoque oficial, según el cual ninguna provincia incumple el límite del 15%, es engañoso. Al analizar departamento por departamento, el escenario cambia por completo: hay 36 distritos que ya exceden el límite legal.
Entre Ríos, grave, y en Santa Fe hay caso emblemático
Según el mapa, tres departamentos de Entre Ríos están por encima del promedio nacional del 5% de extranjerización. Se trata de La Paz, con un 9%, lo que equivale a 56,636.41 hectáreas en manos de extranjeros. También Gualeguay, con 9%, lo que representa 57,043.59 hectáreas extranjerizadas. Y Concordia, con 6%, o sea 17,864.55 hectáreas.
En Santa fe, un departamento que sobresale es el de Garay. Allí, el relevamiento indica que del total de 391,776.85 hectáreas, 61,629.59 están en manos de extranjeros. Esto es, el 16%.
Agua, minería y fronteras
El mapa interactivo revela que la extranjerización no es aleatoria, sino que persigue recursos con alto valor estratégico en un contexto de crisis climática y energética global:
- Récords de extranjerización: los departamentos de Lacar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta) superan el 50% de su superficie en manos foráneas.
- Recursos Hídricos y Logísticos: localidades a la vera del río Paraná como Iguazú (Misiones), Ituzaingó (Corrientes) y Campana (Buenos Aires) superan el 30%.
- Nacionalidades: Estados Unidos encabeza el podio con 2,7 millones de hectáreas en manos de ciudadanos o empresas de ese país. Le siguen Italia y España. «Solo estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada. Para dimensionarlo: los estadounidenses poseen una superficie mayor que la provincia de Tucumán«, compara el informe.
«No es una cuestión ideológica, sino de defensa de las capacidades del Estado. El patrón es claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas y territorios con recursos hídricos o minerales», explicó Caggiano.
La Ley de Tierras jaqueada por «la libertad»
El informe hace memoria y señala que un punto de quiebre «en el proceso contemporáneo de extranjerización de tierras se produjo a fines de los años noventa«. Y explica: «En 1996, el Gobierno de Carlos Menem creó la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), que asumió funciones que pertenecían a la Superintendencia Nacional de Fronteras. En sus primeros años, la SSI autorizó la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad fronteriza».
Esas áreas históricamente estaban protegidas por el decreto 15.385 de 1944, que establecía su venta exclusivamente a ciudadanos argentinos. Pero esa normativa «fue ampliamente vulnerada en la década de los noventa con ventas irregulares y triangulaciones», repasa el estudio. Los investigadores señalan como casos emblemáticos el de Lago Escondido en Río Negro –adquirido por el magnate británico Joe Lewis– y el de las tierras patagónicas compradas por el italiano Luciano Benetton a través de la Compañía de Tierras del Sud Argentino.
La Ley de Tierras, sancionada en 2011 para frenar la especulación tras el «boom» de los commodities, fue blanco de constantes intentos de flexibilización. Tras el freno judicial al DNU 70/2023 gracias a un amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, el Ejecutivo de Milei buscó una vía política a través del Consejo de Mayo, que aprobó cambios relevantes.
Para los especialistas, la derogación o modificación de la norma no busca atraer inversiones productivas, sino facilitar la captura de bienes comunes no reproducibles. Casos como el de Malargüe (Mendoza), donde la extranjerización del 15% coincide con 18 nuevos proyectos mineros, anticipan un incremento de la conflictividad social si el Estado abandona su rol de control.
«Si uno empieza a cruzar estos datos con las inversiones de mineras extranjeras, empieza a aparecer el problema de la conflictividad social. Por eso creemos que el mapa es útil», explicó Oberlín.
Soberanía nacional en la mira del Norte
Los investigadores no son ajenos al contexto de avance de Trump sobre los recursos naturales de América Latina y el reimpulso de la doctrina Monroe. En ese sentido, expresaron que el cambio en la estrategia estadounidense a nivel regional se lee como una redefinición de «quién controla territorios clave hacia adelante». El caso reciente de Venezuela, con la toma de posesión del petróleo por parte de empresas estadounidenses, es elocuente.
En este marco, permitir la expansión extranjera sin límites sobre acuíferos que abastecen a millones de personas o sobre la cordillera con minerales críticos reduce drásticamente la soberanía argentina.
En un mundo donde el agua dulce y la energía son los nuevos ejes del conflicto internacional, la información del Observatorio funciona como un llamado de alerta: «Desarmar las protecciones existentes reconfigura quién decide, quién accede y quién queda afuera en algunos de los espacios más sensibles del país».
