En noviembre de 2013, en un espectacular operativo conocido como Ciervo Blanco, Gendarmería Nacional allanó una estancia ubicada a 100 kilómetros de Santo Tomé donde secuestró 330 kilos de cocaína de máxima pureza, confiscó cuatro avionetas, armas de fuego y detuvo a nueve personas. Una de ellas, la propietaria de la finca, fue procesada más tarde por almacenamiento, transporte y distribución de estupefacientes, agravado por la organización y cantidad de personas y asociación ilícita; y cuando solicitó la libertad se le fue concedida bajo fianza. Hasta el mes pasado, cuando un fallo de un tribunal superior le jugó en contra y la devolvió a prisión.
La resolución de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, fechada el 16 de diciembre pasado, hizo lugar al recurso interpuesto conjuntamente por los fiscales Carlos Schaefer y Diego Iglesias, respectivamente a cargo de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), contra la decisión de la Cámara Federal correntina que hizo lugar al recurso de la defensa de la propietaria de la estancia, María Hilda Calabrese, para que mantuviera su libertad bajo caución personal. En esa resolución, ordenó el apartamiento de los magistrados que la integran y la desinsaculación de nuevos magistrados a los efectos de que se dicte una nueva resolución de acuerdo a los lineamientos trazados por ese Tribunal.
Fuentes de la Fiscalía informaron que Calabrese está procesada como partícipe necesario, en orden a los delitos de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de estupefacientes, agravado por la organización y cantidad de intervinientes en concurso real con el delito de asociación ilícita. La defensa de la mujer había solicitado su excarcelación, la cual fue concedida, lo que motivó que los fiscales recurrieran tal decisión.
El 28 de diciembre de 2015, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a la presentación de los representantes del Ministerio Público y ordenó el dictado de una nueva resolución.
Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes desoyó la decisión del Tribunal de Alzada y mantuvo la libertad de Calabrese, lo que motivó que los fiscales presentaran un nuevo recurso y, ante su rechazo, interpusieran el respectivo recurso de queja –a fin de que se ordene la detención de la mujer-. En su presentación, Schaefer e Iglesias consideraron que la resolución de la Cámara correntina resultaba arbitraria por “no analizar la naturaleza y complejidad de los hechos que se le atribuyen a la imputada”, al tiempo que solicitó que se anulase la excarcelación de Calabrese y su inmediata detención.
En una nueva resolución, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Liliana Catucci, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, concordaron hacer lugar al recurso interpuesto por Schaefer e Iglesias, anular la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y reenviar las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento.
En su voto, al que adhirieron sus colegas Riggi y Catucci, el juez Gemignani sostuvo que “existen elementos a considerar que cuentan con la entidad suficiente para tener por configurados los peligros procesales que ameritan revocar la resolución cuestionada, con la finalidad de asegurar el normal desarrollo del proceso”. Agregó que debía considerarse que “la nombrada posee un importante patrimonio que la dota de suficiente solvencia económica como para entorpecer la causa, colaborar con quienes aún no han podido ser traídos al proceso y, eventualmente, fugarse de la Justicia” y concluyó que “la detención de la encausada no resulta irrazonable a los fines de garantizar el normal desarrollo y finalización del proceso que se le sigue, lo que torna arbitraria la decisión en examen”.
Por su parte, su colega Riggi opinó que “la decisión de la Cámara a quo que dispuso nuevamente la excarcelación de la acusada, quien se encuentra vinculada a gravísimos delitos relacionados con una organización delictiva presuntamente dedicada al comercio internacional de estupefacientes, no se ajusta a la ley aplicable”.
Recordó que la Sala que integra ya había anulado, en diciembre de 2015, la excarcelación otorgada a Calabrese, “decisión que fue inexplicablemente desatendida por los integrantes de la Cámara a quo, lo que se les hace notar para que no se repita en lo sucesivo”.
“Ciervo Blanco”
Calabrese fue detenida en noviembre de 2013, en el marco de un espectacular procedimiento en el que se desbarató una banda internacional de narcotraficantes que operaba en Corrientes, en la zona de Santo Tomé.
En la estancia de la mujer, Santa María de Aguapey, ubicada a 100 kilómetros de esa localidad, se realizó el operativo denominado “Ciervo Blanco” donde fueron secuestrados 330 kilos de cocaína de máxima pureza. Además, fueron incautadas armas de fuego y confiscadas cuatro avionetas que eran utilizadas, según la causa judicial, para traficar droga entre Paraguay y Brasil, usando como base la finca de la mujer.
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