El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, rechazó “in límine” (sin leer) un planteo del Colegio de Abogados de esa ciudad que pretendía suspender la elección popular de consejeros de la Magistratura.
En tanto, aún sigue pendiente una resolución de la jueza electoral María Servini de Cubría, que debe definir cinco amparos que buscan frenar la elección en el Consejo de la Magistratura, luego de que el gobierno presente su descargo.
Servini de Cubría resolvió días atrás postergar su decisión y esperar a que el Estado haga su descargo, plazo que se vence el próximo viernes por la mañana.
La semana pasada, dos jueces federales, uno de Mar del Plata y otro de San Nicolás, hicieron lugar a amparos de colegios de abogados y suspendieron las elecciones.
Tras ello y ante el temor de nuevos fallos adversos, el gobierno comenzó a evaluar la posibilidad de pedir inhibiciones a jueces y solicitar que los amparos se concentren en el juzgado federal y electoral a cargo de Servini de Cubría.
La jueza Servini de Cubría actualmente está de licencia y recién retomará sus funciones el próximo lunes.
Se espera que la próxima semana se produzca la resolución sobre los amparos y que finalmente la disputa en torno a la reforma del Consejo de la Magistratura llegue a la Corte Suprema de Justicia.
En ese marco, el juez Padilla rechazó el planteo del Colegio de Abogados de Dolores contra la reforma del cuerpo que designa y remueve magistrados.
“Es de público conocimiento que distintas organizaciones desarrollaron una estrategia común para formular planteos de similares características en distintas jurisdicciones del país. Estos planteos de inconstitucionalidad fueron diseminados en los distintos juzgados, buscando que al menos un juez –ya ocurrió en dos casos– con competencia federal dicte una medida cautelar, o en el mejor de los casos una sentencia definitiva, que suspenda los próximos comicios”, consideró el magistrado.
Además, subrayó que ese “modo de actuar, enmascarado dentro del legítimo derecho de peticionar a las autoridades y el reconocido acceso a la Justicia que resguarda nuestra Constitución y numerosos tratados de derechos humanos, constituye un ejercicio abusivo de ese derecho”.
“En el caso de prosperar, no sólo suspendería el derecho del ciudadano de ejercer en los próximos comicios la posibilidad de expresar y elegir a los abogados que integrarán el Consejo de la Magistratura sino que además ello se habrá logrado de manera irregular, con una acción emparentada con el forum shopping, con la posibilidad cierta de que se dicten sobre un mismo asunto decenas de pronunciamientos contradictorios”, sostuvo Ramos Padilla.
De ese modo, advirtió, se pondría “en riesgo el normal funcionamiento de uno de los poderes del Estado e incluso la legitimidad propia de sus decisiones”.
En su resolución, el juez explicó que el forum shopping “consiste en un procedimiento desleal mediante el que se obtiene la intervención de un magistrado que habrá de hacer lugar a las pretensiones”.
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