El presidente Mauricio Macri fue sobreseído ayer “en forma definitiva por falta de pruebas”, en la causa por las escuchas telefónicas ilegales en la que pasó más de cinco años procesado. La decisión fue del juez federal Sebastián Casanello y podrá ser apelada ante la Cámara Federal porteña por los dos querellantes que habían pedido el envío a juicio oral del presidente junto a otros acusados.
El 7 de marzo de 2014 el juez dispuso el envío a juicio oral para todos los procesados, con excepción de Macri, sobre quien resolvió reabrir la instrucción del caso antes de resolver, algo que hizo finalmente ahora.
Y concluyó que “las medidas producidas una vez reabierta la etapa de instrucción ratificaron la ausencia de prueba de cargo contra Macri, de donde se sigue la ausencia de responsabilidad penal pues lo afirmado hasta aquí, no sólo lo ubica en una situación de ajenidad, respecto de tal o cual intromisión telefónica, sino que también lo aleja del armado de una empresa ilegal de espionaje dentro de su gobierno”.
A lo largo de 32 carillas, Casanello repasó las acusaciones presentadas por las querellas del ex cuñado de Macri Néstor Leonardo y del familiar de víctimas del atentado a la Amia Sergio Burstein, los dos casos de escuchas ilegales por las que fue procesado el ex jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
En ambos consideró que no presentaron “prueba directa” para incriminar a Macri en ninguno de los dos casos y destacó el pedido del fiscal federal Jorge Di Lello para sobreseerlo, en sintonía con la defensa del mandatario. Cabe recordar que Di Lello primero había acusado a Macri pero dictaminó a su favor cuatro días después de que triunfara en el balotaje.
En el caso de las escuchas a Burstein dio por probado que fueron ordenadas por el procesado ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Fino Palacios y ejecutadas por otro acusado, el ex espía Ciro James.
El 14 de mayo de 2010, Macri fue procesado por el primer juez del caso, Norberto Oyarbide, por “violación de secretos, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos, en concurso con la participación en una asociación ilícita”. Oyarbide acusó al entonces jefe de Gobierno porteño de haber sabido del uso de estructura pública para montar la red de espionaje ilegal.
También procesó a Palacios, a James y a miembros de un juzgado penal de Misiones desde donde partieron las órdenes para concretar las escuchas en la Side bajo la excusa de una investigación con pistas falsas.
El procesamiento de Macri fue confirmado por la Cámara Federal porteña y quedó firme también en Casación, el máximo tribunal penal del país. Pero cuando fue momento del envío de todos los acusados a juicio, Casanello lo dejó afuera por falta de pruebas.
“Hay pruebas suficientes”
En tanto, los cuestionamientos a la decisión de Casanello provinieron de parte de los querellantes de la causa: Sergio Burstein, y de Luis Conde, abogado defensor de Néstor Leonardo.
En declaraciones radiales, Burstein dijo que “hay pruebas más que suficientes para que se llegue a un juicio oral; las pinchaduras telefónicas son reales”.
Por su parte, Conde anticipó la posibilidad de apelar la decisión judicial y expresó su convencimiento “de que con las pruebas que hay nos sobraba para ir a juicio oral, pero las cosas han cambiado y los que decían que no, ahora dicen que sí”.
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