Esteban Actis
La decisión del Supremo Tribunal Federal brasileño de no hacer lugar al hábeas corpus presentado por la defensa del ex presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva culminó con la decisión del dirigente petista de entregarse a la Justicia para cumplir con su sentencia dictada por el Juez Sergio Moro condenado por recibir una donación ilegal (un departamento triplex) de la empresa OAS en la ciudad paulista de Guarujá.
Desde entonces, y al calor de los acontecimientos, los medios de comunicación del mundo decidieron centrar la (des)información sobre la situación política y judicial de Lula, a la vez que emergieron múltiples análisis e interpretaciones de académicos y especialistas intentando explicar los impactantes sucesos. En ese contexto, un conjunto de voces resaltaron que la decisión de la justicia brasileña de poner tras las rejas a Lula representa un ejemplo de la “separación de poderes y del perfecto funcionamiento de la República”, como así también un antecedente mundial en la lucha contra la corrupción de “los políticos”. Según esta visión, la democracia brasileña sale fortalecida.
Las palabras aquí expuestas tienen como objetivo analizar (y derribar) dicho argumento a la luz de resaltar y relacionar algunos datos y hechos que han sucedido en los últimos años en el país vecino. Lo acontecido en los últimos días se debe contextualizar y enmarcar en un proceso macro.
Primer plano: desde el regreso a la democracia, una práctica común del ejecutivo en Brasil ha sido financiar programas de gobiernos con bancos públicos atrasando recursos para cubrir dichos pasivos (pedaleada fiscal). Únicamente el Congreso de Brasil decidió apartar (impeachment) a un presidente por tal práctica: Dilma Rousseff (PT) en 2016. El propio Michel Temer, actual presidente, fue imputado por el ex Procurador General, Rodrigo Janot, por formar parte de una organización criminal y por corrupción pasiva. Delitos penales y no por un crimen de responsabilidad (mal desempeño de las funciones políticas como fue el caso de Dilma). En dos ocasiones, la Cámara de Diputados impidió iniciar un impeachment. El contralor del poder legislativo ha sido claramente parcial y selectivo.
Segundo plano: el escándalo de la causa Lava Jato implicó la investigación, procesamiento y detención de muchos políticos de distintos partidos. Sin embargo, muchas de las figuras claves de la política brasileña han corrido una mejor suerte. En su declaración, el empresario Emilio Odebrecht, señaló que el ex presidente Fernando Henrique Cardoso recibió aportes ilegales a las campañas electorales de 1993 y 1997. El senador y ex candidato a la presidencia Aecio Neves en 2014 (Psdb) fue denunciado por corrupción y obstrucción a la justicia de acuerdo a las declaraciones de Joesley Batista, CEO del Grupo JBS. En tanto, Henrique Meirelles –hasta hace unos días ministro de Economía de Brasil– integró entre 2002 y 2016 el consejo de administración de una de las principales empresas involucradas en el “Lava Jato”, pero a diferencia de otros empresarios, nunca fue imputado. Mientras Lula pasaba sus últimas horas en el sindicato de los metalúrgicos, Meirelles anunciaba su candidatura presidencial por el actual partido en el poder (MDB). Por su parte, el Tribunal Superior Electoral decidió no destituir a Temer al absolverlo del delito de soborno en la campaña de 2014 (participó como vicepresidente de Dilma). La única figura política de renombre en prisión es Lula (PT), en un proceso marcado por la escasez de un verdadero vínculo probatorio. El contralor del poder judicial ha sido claramente parcial y selectivo. Asimismo, el Juez Sergio Moro, quien llevó adelante el proceso de instrucción y sentencia filtró en marzo de 2016 a la prensa audios de una conversación entre Lula y Dilma –que él había obtenido en su investigación– para frenar el nombramiento de Lula como jefe de Gabinete y así fortalecer el débil gobierno de Rousseff. Un año después el propio Moro admitió el error cometido. Como bien argumentó el prestigioso jurista italiano Luigi Ferrajoli, en el proceso hubo innumerables lesiones al principio del debido proceso. Moro estuvo lejos de ser un “verdadero investigador de la verdad” pero si fue un verdadero “enemigo del reo”. En definitiva, un juez imparcial no hace Justicia, máxime en el modelo brasileño donde el mismo operador del derecho es el inquisidor y el acusador.
Tercer plano: el principio básico de la democracia representativa es el respeto a la soberanía popular. Al día de hoy, las últimas cuatro elecciones presidenciales realizadas en Brasil fueron ganadas por el Partido de los Trabajadores (2002, 2006, 2010, 2014). Los dos dirigentes elegidos por el voto democrático fueron enjuiciados y condenados: juicio político y destitución a Rousseff, juicio penal y prisión para Lula. Para muchos, el proceso electoral de 2018 representaba la oportunidad de relegitimar la democracia brasileña. Sin embargo, el candidato con mayor intención de voto en un escenario electoral atomizado y con pocas figuras políticas relevantes, casi con seguridad no va a participar. Es contrafáctico, pero seguramente si Lula hubiese decidido no participar del proceso electoral y hubiera decidido pasar su vejez retirado de la política, hoy no estaría detrás de rejas.
Como último aspecto, ante la sabida paridad del STF en relación al hábeas corpus, el comandante del Ejército, Vilas Bôas, realizó en los días previos un conjunto de declaraciones intimidatorias y extorsivas en donde dejaba abierta la puerta a una intervención o sublevación en el caso de que la justicia fallase a favor del ex líder sindical. El viejo concepto de “democracia tutelada” por las Fuerzas Armadas en Brasil no parece ser tan vetusto.
En definitiva, los últimos sucesos en el país representan (una vez más como viene sucediendo desde 2016) un grave retroceso democrático, independientemente de los juicos de valor y de cualquier precepto ideológico que se tenga, y más allá de la simpatía hacia el propio Lula Da Silva. El principio republicano y el de la soberanía popular en Brasil (pilares de la democracia liberal) han sido –y siguen siendo– vilipendiados y puestos en función de la fuerte y polarizada disputa política del gigante sudamericano.
*Doctor en Relaciones Internacionales. Profesor de la Cátedra de Política Internacional Latinoamericana
