El grupo Olio avanzará esta semana con presentaciones judiciales contra funcionarios del Ministerio de Agricultura de la Nación. Desde la empresa, que se encuentra operando mediante contratos de fasón las plantas de Vicentin, denunciaron una “operación orquestada” en su contra; mientras que el gobierno nacional se mantiene firme en la decisión de no dejar operar a Díaz & Forti, firma a través de la cual el grupo canaliza sus exportaciones, hasta tanto no liquide divisas adeudadas por exportaciones del orden de los 450 millones de dólares.
El viernes de la semana pasada el gobierno nacional decidió suspender a Díaz & Forti del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA). Esto significa que no puede operar en el mercado ni exportar. Es que el Banco Central detectó que la firma no liquidó el 98% de sus exportaciones, por una cifra de 450 millones de dólares.
No es la primera vez que Nación suspende del RUCA a Díaz & Forti, hace unas semanas también lo había hecho al detectar operaciones irregulares. El gobierno nacional puso la lupa sobre 57.691 toneladas de soja procesadas en las plantas de Renova y Cofco, aunque en los registros figuraba que fueron exportadas como granos de soja. Con esta movida, el gobierno central estima que se buscó evitar el pago de derechos de exportación ya que sobre el poroto de soja rige un 33% de retenciones, mientras que en los productos industrializados ese porcentaje es del 28%.
En medio de este panorama, el grupo Olio señala una animosidad del gobierno nacional para con Vicentin, que los afecta de manera directa. “Creo que hay gente que tiene mucha bronca y enojo contra el directorio de Vicentin, contra las personas que lo integran, y ponen una bomba general con el propósito de matar a pocos, pero en el medio van a romper fábricas, hogares, dejando a gente sin trabajo. Si el objetivo fue destruir a quienes cometieron un error, por ahí lo logran, el tema es que en el medio generan daños colaterales que creo pueden llegar a ser grandes”, expresó el CEO del grupo Olio Fernando Jurado.
“El efecto que podrá tener sobre nosotros, más allá de las acciones legales que estamos llevando adelante, será esperar a que levanten la suspensión del RUCA para poder volver a operar; mientras tanto, Vicentin tendrá que ver cómo paga sus cuentas sin oxígeno”, amplió Jurado. El CEO se refiere al impacto que esto tendrá sobre el pago de salarios. Es que Vicentin depende de la operatoria del grupo Olio, que trabaja las plantas de San Lorenzo y Ricardone, hoy su única fuente de ingresos, para poder mínimamente funcionar: esto es afrontar las remuneraciones del personal y mantener sus fábricas.
Si el grupo Olio no puede exportar, la rueda se rompe. No se pueden pagar los salarios de los trabajadores, pero tampoco ingresan los granos que aportan los productores. En estos momentos, las plantas están trabajando con el remanente del stock de granos y estiman que podrán despachar 5 barcos esta semana y seguir con las fábricas abiertas al menos 10 días más.
“No tenemos bolsillo para corregir en 72 horas. Está todo orquestado, en tres días hábiles ponen la medida”, dijo Jurado respecto a la postura oficial de que no recibirán el alta en el RUCA hasta tanto no cancelen la deuda. Además, el empresario cuestionó el monto ya que sostiene que se trata de menos de la mitad de los 450 millones de dólares mencionados.
“Vamos a iniciar acciones legales porque creemos que estas cosas ameritan notificaciones previas en las cuales se permita la posibilidad de realizar descargos; además, es un poco incoherente, porque las operaciones que paran son de ingreso de divisas, entonces cuando desde el Banco Central ordenan que no podemos seguir operando, no entiendo cuál es la lógica. Creo que hay muchos funcionarios públicos que tendrán que dar explicaciones, especialmente por la velocidad de las decisiones tomadas, en la cuales tres organismos públicos, en el término de 48 horas, se comunicaron y ejecutaron acciones de una manera que ni una empresa privada lo hace así. Es admirable eso: quiero a esos funcionarios públicos actuando con esa eficiencia; lamentablemente, trabajan así selectivamente, no todos los días”, agregó.
Finalmente, el CEO del Grupo Olio confirmó que las acciones legales iniciadas están dirigidas contra “personas y organismos públicos por excederse de sus funciones. Ojalá que estos funcionarias nos contesten cómo hacen para trabajar con una modalidad ‘Argentina 5.0’, en lo que hemos dado en llamar ‘operación 1-2-3’. Es una operación muy bien armada en la que lamentablemente no ven que somos un tubo de oxígeno; lo que hicieron es cerrar una válvula, nosotros seguimos con oxígeno, pero el enfermo que necesita el oxígeno, no”.
Mientras que en el gobierno nacional siguen firmes en la no habilitación de Díaz & Forti hasta tanto no se cancele la deuda. En el Ministerio de Agricultura en particular, pero en la administración central en general, indican que no hay una animosidad puntual ni con el grupo Olio ni con Vicentin sino que simplemente están haciendo cumplir las normas vigentes.
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