Por Mauro Federico/ puenteaereodigital
A principios de los sesenta, los guionistas Stan Lee y Jack Kirby fantasearon con un equipo de superhéroes mutantes, con habilidades especiales, que se organizaban para proteger los derechos de los hombres y mujeres de su condición ante los atropellos de una sociedad que los segregaba. El grupo se organizó en torno a la escuela dirigida por uno de los superdotados: el Profesor Charles Xavier, cuyo poder principal es la telepatía. Así nacieron los X-Men en la Edad de Plata de los cómics y formaron una de las franquicias más reconocidas y exitosas de Marvel Comics, apareciendo en numerosos libros, series animadas, películas, videojuegos, tarjetas, juguetes y otros coleccionables.
El archienemigo por excelencia del grupo es Magneto, poderoso mutante con la capacidad de manipular y controlar los campos magnéticos de la Tierra. Xavier y Magneto tienen puntos de vista y filosofías opuestas con respecto a la relación entre mutantes y humanos. Mientras que el primero trabaja por la paz y el entendimiento, el segundo ve a los humanos como una amenaza y cree necesario adoptar un enfoque agresivo contra ellos. Xavier y Magneto son antagonistas de una historia que los necesita a ambos para generar el conflicto que sostiene la tensión en la trama del relato. Cada uno le imprime una épica particular, desde su perspectiva, pero la consecuencia de la batalla entre las dos bandas es la destrucción del mundo que los rodea.
La relación entre el Grupo Clarín y el kirchnerismo tiene una curiosa similitud con el argumento de este comic, que parece haber inaugurado una nueva etapa de su saga este viernes, con la decisión del gobierno de declarar “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga. Como si fuera poca afrenta a los intereses de la corporación mediática, el mismo decreto de necesidad y urgencia suspendió “cualquier aumento de precios o modificación de los mismos” hasta el 31 de diciembre.
Este DNU disipa los efectos de otro DNU con el que dos semanas después de asumir la presidencia de la Nación, Mauricio Macri derogó gran parte del andamiaje establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por una ley aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que puso límites al abusivo y discrecional poder del Grupo Clarín. Y subraya que esa decisión se tomó “abandonándose la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía, contrariamente a lo previsto en la Constitución Nacional”.
Para el especialista Damián Loreti, “el DNU 690 recupera potestades de regulación fundamentales para fortalecer el rol del Estado como garante del acceso igualitario a las principales tecnologías destinadas a hacer realidad el ejercicio del derecho a la comunicación”. En ese sentido, Loreti destaca que “la declaración de servicio público para la telefonía móvil y los llamados servicios TIC implica una consagración del derecho humano a comunicar entre las prioridades de política pública, con especial importancia en el contexto de emergencia sanitaria”.
Pasando el limpio. El macrismo equiparó a las empresas de TV por cable con las compañías de telecomunicaciones y los liberó así de las obligaciones que imponía la ley de servicios de comunicación audiovisual. Esto significó, lisa y llanamente, que no hubo más límites a la concentración, obligaciones de emitir una señal propia, ni de pasar las señales locales de TV, ni de respetar el orden de la grilla.
No puede ser lo mismo para las leyes regulatorias un canal de televisión por cable que un teléfono celular. “Los servicios de comunicación audiovisual se rigen por el paradigma de la Convención de Diversidad Cultural de UNESCO, que protege a las industrias culturales nacionales. La regulación de las telecomunicaciones está liberalizada por la Organización Mundial del Comercio, que no protege nada, porque el mercado no piensa en el pluralismo”, explica Loreti.
Primer paso ¿y el último?
Una de las razones por las que el actual presidente se distanció de su hoy vicepresidenta, fue por las distintas miradas que ambos tenían respecto al rol de Clarín en el juego democrático. Mientras para Cristina el CEO de la corporación Héctor Magnetto es responsable de la desestabilización de todo gobierno que se oponga a los intereses del Grupo, la mirada de Alberto Fernández siempre fue mucho más contemplativa. “Mejor negociar que confrontar”, solía decir Fernández cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Y eso hizo siempre. Hablar con Magnetto o con sus coroneles para morigerar el impacto de una tapa del diario o el graph de un noticiero de TN o el tono de la entrevista a un funcionario por radio Mitre.
Por eso cuando Cristina puso proa a la tan dilatada Ley de Medios, en 2012, ya Alberto se encontraba muy lejos de su gobierno. Pero quiso la historia y las circunstancias que ambos volvieran a transitar juntos por la senda de la unidad y conformaran la dupla que recuperó el gobierno. Y ahora, en este marco de crisis pandémica, el gobierno encuentra la oportunidad para recuperar algo del terreno perdido durante la etapa macrista.
Sin embargo, desandar el camino de profundos retrocesos recorrido entre 2015 y 2019 implica replantear y debatir en profundidad un abanico más amplio de políticas con incidencia en el modo en que se producen, distribuyen y consumen los bienes culturales en nuestra sociedad. Avanzar con este segundo objetivo, requerirá necesariamente de consensos más amplios y de la construcción de un relato que le imponga épica a la iniciativa. Para formalizar esta épica el gobierno deberá sacar a relucir el camino recorrido pero también deberá preparar el futuro. El relato épico como instrumento de comunidad debe, necesariamente, mirar tanto al pasado como al futuro. Y proponer metas que puedan ir alcanzándose mientras ponemos la mirada en el horizonte.
El congelamiento de tarifas hasta fin de año es una buena estrategia para ganar el consenso de ese segmento de la sociedad –muy grande, por cierto– al que solo le importa que las decisiones políticas no le afecten el bolsillo. Inteligente la estrategia de incluirla en el DNU. Pero la declaración de servicio público para la telefonía celular, internet y TV paga cambia radicalmente la perspectiva de uno de los negocios de mayor facturación en la Argentina que, además de ser tan rentable, está dominado por un mismo actor, dueño de los medios de comunicación más importantes.
Por eso es imprescindible que modificaciones tan profundas en la economía y los derechos básicos tengan un sustento más consistente que un decreto de necesidad y urgencia. Y para eso es necesario acompañar la medida con una iniciativa parlamentaria que se cristalice en ley. La experiencia nos enseña que ni la más elaborada de las leyes se salva de las presiones corporativas, ni mucho menos de los gobiernos permeables o cómplices de los poderes económicos. Pero siempre será un andamiaje democrático más sólido para sostener una iniciativa que protege los intereses de las mayorías.
Una anécdota contada magistralmente por Samuel “Chiche” Gelblung da cuenta de una conversación entre el ex presidente argentino Carlos Menem y el CEO del Grupo Clarín. En aquella charla, Menem le preguntó a Magnetto en broma ante algunas exigencias de la corporación: “Digame Héctor ¿usted quiere ser presidente, entonces?”. Y el gerente del multimedio le respondió: “Ese es un puesto menor”. Para que alguna vez entiendan que la democracia no es una instancia menor, hay que plantear con firmeza la defensa de los intereses mayoritarios por sobre los de las minorías poderosas e influyentes de la Argentina.
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