Ciudad

Los que asisten a la víctima

Un conjunto de profesionales trabaja en el centro dependiente de la Defensoría del Pueblo de la provincia. Allí, fuera de los estrados judiciales, se ponen en evidencia las “cifras negras” de la violencia.

Por: Laura Hintze

El Centro de Asistencia a la Víctima es un apéndice de la Defensoría del Pueblo que busca intervenir ante situaciones de violencia que atenten contra la integridad de un individuo. Funciona en el subsuelo de las oficinas de Pasaje Álvarez 1516, donde se brinda un servicio tan gratuito como poco conocido. En charla con El Ciudadano, su director, Guillermo Benetti, cuenta cómo trabaja la institución y analiza un panorama un tanto inquietante de la ciudad: el incremento de los casos de violencia hacia niños y ancianos.

—¿Qué es el Centro de Asistencia a la Víctima?

—Es un apéndice de la Defensoría del Pueblo que asiste, asesora y acompaña a víctimas del delito y la violencia familiar de Santa Fe. En la provincia hay cinco centros de asistencia a la víctima, dos originales en la parte norte y sur, este último en Rosario; y otros tres, en Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto, que se crearon hace dos años y dependen de los dos primeros. Estos centros están formados por equipos interdisciplinarios compuestos por abogados, trabajadores sociales, psicólogos, y personal administrativo especializado.

—¿Cómo es el trabajo en estos centros?

—Es absolutamente informal y confidencial. Informal, porque no tenemos un protocolo de actuación rígido ni una definición de víctima rígida que nos impida abordar a las personas que así se consideren pero que para la ley puedan no serlo. Y confidencial, porque la materia que tratamos es absolutamente delicada, y en la medida en que permitamos que la información que obtengamos se conozca, lo que estaremos logrando será una segunda victimización de la gente. Por eso somos muy cuidadosos, por nuestra actividad en la intervención del caso y por la propia actividad de la víctima, ya que muchas veces en su afán por encontrar justicia, o hacer valer sus derechos, se provoca una autovictimización que yo considero nefasta.

—Las personas que se acercan, ¿prevén esta victimización de la que habla? O sea, ¿se plantean trabajar bajo anonimato?

—Por lo general recibimos a personas que ya han recorrido varias instituciones, y por lo tanto vienen con prejuicios respecto de lo que es la institucionalización. Si bien trabajamos desde la informalidad, somos un servicio público y gratuito, con todas sus virtudes y defectos. Pero también sucede que quien tiene más prejuicio es la gente que no plantea una conflictividad tan grave. Los que están en la búsqueda desesperada por hacer valer sus derechos dejan a la desconfianza en un segundo plano. Necesitan confiar. Y como fundamentalmente somos un espacio de escucha, nos transformamos en un interlocutor para que la gente pueda resolver sus derechos y conflictos. Y aquí surge otra cuestión que destacamos: tratamos de no apoderarnos del conflicto de la gente, que es una tendencia natural del Estado paternalista, sino que insistimos con que la gente tiene que resolver su propio conflicto, ya sea con nuestra asistencia o con la de otros efectores públicos como la Justicia, la Salud, el Poder Ejecutivo provincial, alguna ONG, nosotros mismos, un vecino, un pariente…

—¿En qué consiste la asistencia?

—Por empezar, abordamos el conflicto de la persona como un todo, dando curso a la posibilidad de que analice lo que le ha pasado. Nuestra asistencia es extraprocesal, eso quiere decir que va por fuera del proceso judicial, que no tiene que ver, por ejemplo, con el delito de abuso, sino con lo que le pasa a la persona que ha sido abusada. Se relaciona directamente con la connotación del derecho de la víctima, que trasciende la mera cuestión judicial de la persecución penal o civil del hecho para instalarse en la satisfacción personal de todo tipo de resarcimiento a favor de la víctima.

—Luego de la denuncia, por parte de la víctima o de terceros, ¿cómo se procede?

—Por el tipo de trabajo que hacemos, cada caso es un mundo. El abordaje no es un módulo que se pueda repetir permanentemente. Si bien tratamos de trabajar con un protocolo, eso no significa que todos los casos son iguales. Y no aceptamos una denuncia anónima, porque creemos que la gente se tiene que hacer responsable de lo que le pasa. Cuando hay una situación de gran vulnerabilidad, o la sospechamos, o las personas que están siendo vulneradas no tienen la posibilidad de venir aquí, a la Justicia o a la Policía, entonces actuamos “de oficio”. Primero tratamos de detectar la existencia del hecho y después, si la persona no tiene un representante legal, por ejemplo el caso de un niño o de un anciano que están siendo victimizados por alguien que debería ser su relación parental de responsabilidad, intervenimos para asistir a la víctima pero desde la obligación legal de comunicar el hecho ilícito. En el caso del niño, por ejemplo, hay un interés superior que debe ser protegido por todos los funcionarios públicos o privados que tengan conocimiento de una situación disvaliosa para con él. Y en el de un anciano, si está siendo violentado por la persona que teóricamente debería representarlo ante la sociedad, o ante los efectores públicos, suplimos la falta de voluntad y pasamos no a representarlos pero sí a asistirlo para que él pueda plantear sus conflictos en los lugares debidos. Y, eventualmente, resolverlos.

—En lo que va de este año, ya en transcurso los últimos meses, ¿cuáles son los derechos más vulnerados?

—En Rosario, que se diferencia de lo que pasa en otros servicios, hay un gran incremento desde 2009 de la violencia contra los niños y los ancianos. Por eso no es casual la mención anterior. Estamos bastante ocupados en el tema, no preocupados porque nuestra función es, precisamente, ocuparnos, pero tenemos mucha demanda de cifras negras de violencia.

—¿Qué son esas cifras negras?

—La que no se conoce o no se puede transmitir. Lo que hablábamos antes: gente que no puede o no tiene los canales para expresar su conflicto. Y nos encontramos con dos problemas: primero, hay que detectar el conflicto. Eso es muy difícil porque, si no viene un pariente, un amigo, la maestra del colegio o no nos convocan desde los centros de salud, algo muy habitual, no nos enteramos. Ni nosotros ni la Justicia. Y en segundo lugar, después de detectar el problema, hay que abordarlo. ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Quién permite el acceso para que uno, sin reemplazar al Poder Judicial, pueda anoticiar el hecho?

—¿Qué tipo de violencia hacia el anciano y el niño se denuncia?

—Vemos mucho maltrato infantil proveniente del núcleo familiar, generalmente en las clases más humildes. Aunque también hay bastante de clase media baja y media. Por otro lado, el anciano empieza a ser victimizado cuando puede seguir ofreciendo algo desde el punto de vista económico, material. Y esto viene de la mano de una cuestión cultural muy difícil que estamos viviendo en la sociedad.

—¿Se trabaja en algún plan o proyecto de prevención?

—No. Si bien desde la Defensoría del Pueblo podemos hacer algo de prevención, por ejemplo se han realizado cursos en escuelas sobre violencia infantil, actualmente no hay proyectos funcionando. No hay difusión de la problemática. Nos parece, respecto de los niños, que hay que entrar por parte de la escuela y de los padres, pero eso es más difícil porque no logramos llegar al núcleo familiar, y en cambio sí a la escuela. Además, hay que tener en cuenta que la sociedad ha naturalizado la violencia, la tiene internalizada como algo común.

—¿Qué cantidad de personas se acerca por día?

—Este año hemos tenido alrededor de 22 entrevistas diarias. De esta cantidad, serán nueve casos nuevos. Pero ése es el promedio. De esos casos nuevos, no todos pueden judicializarce, a no todos podemos asistirlos porque, obviamente, no somos omnipotentes. Y además no todos se resuelven de forma inmediata, de ahí la cantidad de entrevistas diarias.

—Y con las resoluciones, ¿ creen que la gente se va contenta, conforme?

—Si se va contenta o no, no lo puedo responder. Lo que sí puedo decir es que se siente escuchada. Lo que sería un efecto casi indirecto de nuestra intervención: se nos tiene como un espacio de escucha. Y eso nos genera el conflicto de que muchas veces sigue viniendo gente que resolvió su conflicto particular pero se acerca a contarnos otros, y como no somos expulsivos seguimos charlando. Desde ese punto de vista, se van conformes. También, claro, hay quien pensará que no somos efectivos.

— ¿ Hay un balance de lo ocurrido en el transcurso de este año en comparación con 2009?

—No hacemos memoria de nuestros casos. Si bien realizamos un informe a la Legislatura, que forma parte del que hace el defensor del Pueblo todos los años, es una evaluación que no nos proponemos hacer. Buscamos optimizar nuestra tarea, no hacer análisis cuantitativos o cualitativos, sino sobre nuestra intervención. Cuando nos reunimos, todos los martes, analizamos casos. Además, no podemos hablar de estadísticas porque la mayoría de la población no conoce nuestros servicios. ¿Qué pasaría si los conociera? Si aun sin publicidad viene la cantidad de gente que viene, lo que sería si esto se diera a conocer. Como contrapartida genera angustia, porque demuestra que estamos resolviendo un conflicto complejo gracias a nuestra asistencia; pero, ¿cuántos conflictos no se resuelven, cuántos están también en esa situación? Ése es nuestro gran agujero negro.

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