“Los pueblos estamos organizados. Se creyeron que iban a hacer otro atropello y abrirnos una causa, pero se equivocaron. No los vamos a dejar”, señaló uno de los referentes de la comunidad Qom frente a las puertas de Gobernación. Allí se concentraron integrantes de la comunidad, junto con organizaciones sociales y gremiales, en repudio a los violentos episodios ocurrido el pasado domingo 2 de abril, cuando personal policial detuvo y lastimó a vecinos de barrio Toba. Desde zona oeste, los pueblos originarios marcharon, en un recorrido que incluyó la comisaría 19ª –donde fueron detenidas 14 personas–, pasando por Tribunales provinciales, para culminar en Santa Fe y Moreno donde realizaron un acto. Los referentes repudiaron la violencia institucional, denunciaron la persecución policial que –sostienen– vienen sufriendo hace tiempo, cuestionaron el rol de algunos medios de comunicación y exigieron una respuesta de parte del gobierno provincial. Agrupados en la denominada comisión de derecho indígena, los vecinos acercaron un petitorio de justicia por los violentos incidentes y esperaron, sin éxito, ser recibidos por funcionarios provinciales. La semana que viene volverán a movilizarse en el marco del Día de los Pueblos Originarios.
Cerca de las 9 de partió la movilización desde la casa de Miriam, en zona oeste, donde las fuerzas policiales irrumpieron el domingo. Acompañados por los gremios ATE y Amsafé, y la denominada multisectorial contra la violencia institucional, los vecinos se dirigieron hacia la comisaría 19ª, pasando por Tribunales, y culminaron con un acto en las puertas de Gobernación, donde esperaron por cerca de dos horas ser atendidos por algún funcionario. Sin éxito, dejaron un petitorio y llamaron a movilizar nuevamente la semana próxima.
“Nos movilizamos por el atropello policial que sufrimos el 2 de abril, día histórico por los caídos de Malvinas pero día de terror para las comunidades de pueblos originarios. Estamos pidiendo que nos atiendan en la casa de gobierno provincial pero no hay nadie. Pudimos entregar un petitorio donde exigimos que se trate esta situación y no se deje encajonada como tantas otras”, expresó Noelia Naporichi, referente de barrio Rouillón.
“Los pueblos estamos presente. Siempre vamos a pelear por una verdadera reivindicación política, cultural y popular”, señaló otro de los referentes de la comunidad. Los vecinos denunciaron la persecución policial que vienen sufriendo desde hace tiempo y reclamaron la intervención del gobierno provincial.
“Venimos a denunciar el apremio ilegal por parte de los uniformados y el abuso de autoridad. Lo del 2 de abril fue el detonante de años de dolor. Los terribles atropellos que la Policía hace con los jóvenes de nuestra comunidad datan de años atrás. El abuso es más fuerte porque muchos son analfabetos y no conocen sus derechos”, señaló Ricardo López, uno de los referentes.
López aseguró que en los últimos años varios jóvenes de la comunidad fueron detenidos, golpeados y amenazados, entre ellos, su primo, a quien la Policía lo apresó para quitarle el celular. “Nunca hizo la denuncia por miedo. Lo amenazaron con abrirle una causa por drogas o meterlo en un zanjón. Hay muchos casos que no se han esclarecido. Nuestros derechos son atropellados pero no tenemos que tener miedo”, agregó.
El referente anunció la creación de una comisión de derecho indígena, integrada por 24 personas, a través de la cual recibirán las denuncias de abuso institucional. “Exigimos que esta causa no quede cajoneada y pedimos respeto hacia nuestras comunidades y nuestros jóvenes”, concluyó.
Los vecinos responsabilizaron al gobierno y a algunos medios de comunicación de querer ocultar el abuso institucional, mostrando al barrio como una zona violenta. “El gobierno tiene que dar la cara y contar la verdad de lo sucedido y no castigar al barrio como marginado por violencia, lo que no es verdad. Esos policías andan sueltos y pueden agarrar a cualquier madre o niño”, señaló Noelia. La referente dijo que los chicos están con miedo y denunció que la fuerza policial los amenazó para que no fueran a declarar.
“Somos aborígenes y tenemos derechos que queremos que se respeten. Nos discriminan por ser negro y de villa, pero tenemos la capacidad para trabajar y ser parte de las instituciones”, agregó.
Hubo apoyos políticos
Algunos concejales se hicieron presentes en la movilización y acompañaron el reclamo de la comunidad.
“Vemos algunas cuestiones peligrosas y preocupantes. Creemos que lo que hizo el ejecutivo provincial fue montarse en un clima de época peligroso y avalar represiones y cualquier tipo de actuación policial. Esta movilización tiene que ser una advertencia al gobierno provincial para no avalar estos climas de época porque se vuelve contra la población”, señaló el edil de Ciudad Futura Pedro Salinas.
Por su parte, el dirigente Fernando Rosúa, del Movimiento Evita, señaló la importancia de acompañar el reclamo ante el hostigamiento policial, la persecución y el maltrato que la comunidad viene denunciando. “Responsabilizamos al gobierno provincial. Fue una falta de respeto que no los atendieran. La situación está muy grave, la gente tiene mucho miedo y los chicos no quieren salir a la calle. Le exigimos al gobierno que dé respuesta”, remarcó. El edil del Frente para la Victoria, Eduardo Toniolli, quien había acompañado a los vecinos el 2 de abril, habló de un “operativo de encubrimiento” para favorecer a los policías responsables. “Con esta movilización se intenta desmontar esa operación, en la que mezclaron estos incidentes con un operativo que fue realizado en otro barrio. En ese marco es importante que la comunidad se pueda manifestar y expresar lo que sucedió”, contó Toniolli. Estuvieron presentes, además, Celeste Lepratti, Norma López y Fernanda Gigliani.
Violento amanecer
El pasado domingo 2 de abril personal del comando radioeléctrico detuvo en forma violenta a catorce personas –diez hombres, dos mujeres y dos menores– que fueron trasladadas a la comisaría 19ª. Algunas fueron visiblemente golpeadas, e incluso una joven terminó internada por múltiples fracturas en el cuerpo. La versión policial señaló que los agentes “estaban en un procedimiento de rutina, quisieron identificar a dos jóvenes, lo que dio lugar a un tumulto por lo que pidieron ayuda y acudieron entre 40 y 50 efectivos”. Sin embargo, los vecinos denuncian que fueron víctimas de una situación de muchísima agresión y maltrato. La causa estuvo en manos del fiscal de Flagrancia, Gustavo Ponce Asahad, y luego pasó a la Unidad de Violencia y Corrupción Institucional, a cargo de Karina Bartocci.
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