Rodolfo Zunino/ Vocal de la Cámara del Trabajo de Córdoba
Los avatares que se muestran a diario en las páginas de “judiciales” de diarios y portales, nos llevan a la reflexión acerca de la formación que reciben en nuestras universidades, quienes en el futuro serán operadores y operadoras del derecho, como litigantes en cualquiera de las ramas de la ciencia jurídica, jueces, juezas, fiscales y fiscalas, defensores y defensoras, etc.
Las universidades privadas tienen, desde el vamos, una orientación en mayor o menor medida explícita. Muchas veces desde su nombre (Empresarial, Católica, Pontificia, “Arturo Jauretche”, “para la Educación y el Trabajo”, etc.), hasta su currícula, permiten advertir dónde se pone el acento: sea en la faceta empresarial, o en sus vínculos confesionales, o en el mundo laboral, o en una determinada mirada de la Nación, etc.
En el caso de las universidades públicas en cambio, ese sesgo no está transparentado. Más bien campea en el imaginario social, la creencia de que la formación que allí se imparte es “neutra” o aséptica ideológicamente. Sin embargo, la impronta existe.
El derecho es un ámbito de disputa, en el que los intereses de los diversos sectores de la sociedad pujan por lograr ventajas que los favorezcan. Pensemos en la ley de contrato de trabajo, en las normas que regulan el uso del suelo y el resguardo del bosque nativo, en la reclamada ley de humedales, en aquellas que regulan el mercado financiero, en la ley de alquileres, y así hasta el infinito. En todos los casos existen fortísimas presiones para que esas normas se modifiquen para favorecer un sector o, en todo caso, para que permanezcan como están, porque así ya significan una ventaja para alguno de ellos.
En íntima vinculación con lo anterior, puede decirse que el derecho constituye también un ámbito en el que se dan disputas de raíz ideológico-política -que tiene también y en todos los casos un correlato económico-: punitivismo vs. garantismo, preeminencia del Estado vs. libertad de mercado, avance en materia de igualdad de género vs. conservadurismo, etc.
La formación en nuestras universidades públicas también toma partido en estas disputas. Al finalizar una carrera, quien transitó por los pasillos de la facultad de derecho, lo hace con alguna noción acerca de una cuestión que resulta, a mi juicio, central: al servicio de quién pondré mi título de abogado/da.
Llegados a este punto, resulta difícil no pensar en quienes pusieron su profesión al servicio de la defensa de los presos políticos durante la última dictadura; en las personas que han consagrado su vida a la defensa de los derechos de los trabajadores; en quienes, prácticamente desde la nada, han ido generando avances enormes en materia de derecho indígena; en las abogadas y abogados que dedican su vida a la defensa de las causas del campesinado o de las víctimas en los juicios de lesa humanidad.
En nuestra experiencia como alumno y como profesor de Facultad de Derecho de una universidad pública -Universidad Nacional de Córdoba-, advertimos que no existe -más allá de algunas cátedras y docentes en particular-, un enfoque general que apunte a la formación de los hombres y mujeres de derecho, con una concepción de compromiso social, comunitaria, solidaria, del ejercicio profesional. Más bien pareciera que esa formación se agota en lo meramente lucrativo. Y creo que eso es una característica con repercusiones negativas para nuestra sociedad que solventa esos estudios.
Pero cuidado. No se trata en modo alguno de propugnar un ejercicio romántico o heroico de la profesión, o un ejercicio carente de contenido económico. Esta posición hay que desecharla por dos razones: la primera porque se trata de un trabajo, y como tal hay que dignificarlo –lo que necesariamente conlleva, entre otros aspectos, el económico-, y por el otro, porque no existe la posibilidad real y cierta de llevar adelante, de manera seria y responsable el ejercicio profesional, si esa labor no tiene un correlato económico adecuado.
Para cerrar entonces, sólo decir que en momentos en los que, a nuestro juicio, se viene dando un profundo cambio en las estructuras del país en términos de concentración de la riqueza; en tiempos en que se propugna un cambio cultural en el que hablar de ejercicio de la profesión como compromiso social resulta casi una frase inentendible, vale la pena convocar a asumir esa postura, porque la jurídica es una faceta central en la que esa disputa se da y se va a seguir dando, y por eso resulta imprescindible que quienes hemos tenido el privilegio de obtener un título universitario, y mucho más si lo ha sido en nuestra universidad pública, lo pongamos al servicio de una causa justa.
Es imprescindible que quienes hemos tenido el privilegio de obtener un título universitario, y mucho más si lo ha sido en nuestra universidad pública, lo pongamos al servicio de una causa justa
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