La segunda jornada en el juicio oral por el caso Los Patrones que tiene en el banquillo a 39 personas –entre ellos a uno de los líderes de Los Monos, su madre Celestina Contreras, uno de sus lugartenientes y sus respectivas esposas– tuvo como protagonista los pedidos de nulidad por parte de la defensa de Ariel “Guille” Cantero, representada por el abogado Carlos Edwards, a los cuales se sumaron los defensores de los otros imputados. Los requerimientos giraron este viernes en torno de que los acusados estén en la sala físicamente y no por videoconferencia. También solicitaron que en el lugar acondicionado en el penal de Ezeiza para los 22 procesados esté presente un funcionario judicial. Éstos fueron rechazados por el fiscal de juicio, Federico Reynares Solari. El tribunal –integrado por los magistrados Ricardo Vázquez (presidencia), Osvaldo Facciano y Eugenio Martínez– dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes próximo cuando dará a conocer su resolución sobre estos pedidos.
Cerca del mediodía, ocurrió un episodio que preocupó tanto a los defensores como a los familiares de los 22 acusados que están en el juicio por videoconferencia, ya que vieron en la pantalla un tumulto donde se veía la intervención de personal penitenciario, el que desalojó la sala. Luego se conoció que Jorge “Ema” Chamorro, sindicado junto con Guille y sus respectivas esposas como los líderes de la organización dedicada al tráfico y comercialización de drogas, tuvo una crisis de epilepsia porque no había llegado a tomar la medicación, lo que generó el revuelo en la sala del penal federal bonaerense. “Como los sacan temprano para estar presentes en la audiencia, Chamorro no tomó la pastilla para su epilepsia porque no había desayunado y eso le provocó la descompostura cerca del mediodía”, dijo Edwards.
Para la defensa de Guille, en el juicio se plantearon situaciones que dejan en evidencia que los acusados tienen que estar presentes físicamente en la sala donde se desarrolla el debate. “En las preliminares planteé la nulidad de todo el debate ya que Cantero tiene que estar presente porque lo dispone el Código Procesal de la Nación. El tribunal no sólo debe tener contacto con los testigos sino también con el imputado, la experiencia debe ser vivencial para que puedan ver las actitudes que tienen en ciertos casos”, explicó el letrado para agregar que otro derecho que tiene el imputado es una comunicación fluida con su defensa. “Cerca del mediodía, cuando terminó la lectura de la causa y comenzaron las cuestiones preliminares, los imputados requirieron a los penitenciarios comunicarse con los defensores. Demoraron más de 20 minutos en llevarlos para que se puedan comunicar con nosotros. A su vez, los penitenciarios tienen que avisar que los sacarán de la sala, llevarlos donde está el teléfono fijo y el abogado se tiene que ir de la sala de audiencias a otro lugar. Esto se suma a que el imputado tiene que hablar delante del personal penitenciario y la privacidad de esa conversación es un derecho”, se quejó.
Uno de los fundamentos sobre la nulidad también giró sobre el incumplimiento de uno de los requisitos que dio la acordada número 20 de 2013 sobre la viodeoconferencia. “Uno de los requisitos es que en el recinto debe estar presente un funcionario judicial para garantiza la legalidad del acto. Hace una semana, el tribunal ofició el pedido de los funcionarios a la Cámara de Casación Penal para que haya secretarios judiciales en el penal de Ezeiza. Sin embargo, la contestación fue que no tenían esa función. Justamente estos funcionarios garantizarían la legalidad de los actos y estas situaciones no ocurrirían”, aclaró Edwards.
Por estos pedidos, a los que sumaron tanto los defensores públicos como los privados de todos los acusados, se corrió el traslado al fiscal de juicio, quien se opuso por entender que no hubo afectación al derecho a la defensa.
En ese marco, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes a las 9 cuando dará a conocer su resolución sobre los requerimientos de los abogados defensores.
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