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No callan más

Los partidos políticos de Rosario atajan denuncias de violencia de género

En los últimos dos años Patria Grande, Movimiento Evita y el PRO tuvieron que echar militantes. En casi todas aplican protocolos aún si no hay una presentación judicial


Arte El Ciudadano

La renuncia del concejal y pastor evangélico Eduardo Trasante, después que una militante de Ciudad Futura lo acusara de acoso, renovó la discusión sobre la necesidad de un protocolo de violencia de género en la ciudad. Hace 10 días un alto funcionario de la provincia renunció después de una serie de denuncias. Antes el senador bonaerense camporista Jorge Romero y el radical pampeano Juan Carlos Marino fueron expulsados de los partidos por situaciones similares, pero mantuvieron sus bancas.

En los últimos dos años Patria Grande, Movimiento Evita y el PRO tuvieron que echar militantes en Rosario por denuncias internas. El socialismo, el partido Iniciativa Popular y el PRO no tienen protocolos de actuación, pero admitieron que están trabajando en el armado de uno. El peronismo, el radicalismo y Patria Grande ya los aplican. La mayoría de las guías insisten en responder rápido y trabajar con los involucrados para buscar soluciones siempre preservando la intimidad. En casi todos los partidos los aplican aún si no hay una presentación judicial. Puede ser entre dos integrantes del partido o con una persona ajena a la militancia. Las respuestas de los protocolos van desde organizar charlas, talleres, suspender a la persona denunciada o expulsarla.

Por fuera de los partidos a mitad de año la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Municipalidad pusieron en marcha protocolos de atención para acompañar a quienes quieren denunciar. Desde la provincia admitieron que no lo tienen.

La aparición de cada vez más denuncias de acoso y abuso tiene que ver con un movimiento de mujeres que dejó de naturalizar la violencia y no se calla más.

Emergente

Desde Ciudad Futura explicaron que el protocolo que activaron en el caso Trasante funciona desde hace un año. Tiene en cuenta prácticas machistas como parte de la violencia de género. El objetivo es reconocerlas para intervenir. No trabajan desde una mirada punitivista sino que apuestan a elaborar una solución con el acusado. “El protocolo dice que cuando hay una denuncia contra personas de la organización que tienen un lugar de referencia o de poder y de representación institucional hay que correrlos de esos lugares porque son propicios para generar situaciones de acoso”, explicó la concejala de Ciudad Futura, Caren Tepp, a LT8.  “Cuando se lo planteamos a Trasante, él reconoció la situación y aceptó participar del protocolo. El paso es renunciar de manera voluntaria y después hacer un trabajo de deconstrucción para erradicar estas prácticas”, señaló Tepp y explicó que la denuncia la hizo una militante por una situación de acoso pero que no derivó en una presentación judicial. Trasante continuará en el partido pero sin su banca en el Palacio Vasallo. “Hay que actuar dando el ejemplo desde arriba hacia abajo. Las organizaciones tenemos la responsabilidad de generar los mecanismos para que estos procesos nos dejen una sociedad sin violencia”, agregó Tepp en declaraciones radiales.

Respuestas

Ciudad Futura no es la única que cuenta con un protocolo de género. Dentro del peronismo, en el radicalismo y en Patria Grande hay guías que funcionan desde hace cinco años. Cada partido tiene un equipo de género para atender las situaciones y busca en cada caso la mejor forma de contenerla.

Según pudo conocer El Ciudadano, las mujeres del radicalismo en Rosario crearon el primer protocolo de género de la agrupación en 2013. Tres años después lo modificaron y lo extendieron al partido a nivel nacional. Está basado en la ley de protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y entiende a la violencia política como una serie de conductas que limitan el ejercicio político en igualdad con los hombres. Para evitarlas un comité con formación en género atiende las consultas que llegan por correo electrónico o en persona a la oficina en un plazo de dos días. Respetan la privacidad y confían en la palabra del denunciante. Cada situación la atienden de manera particular y charlan sobre cuál es la mejor acción para frenar la violencia. Pueden prohibir el contacto y evitar que coincidan en actividades. No permiten que llamen a una instancia de mediación. Hasta el momento dentro del radicalismo no hubo denuncias que derivaran en una expulsión.

Dentro de la Corriente Nacional de la Militancia Santa Fe, cuya referente local es la concejala Norma López, no hablan de protocolo sino de guía de actuación. También la tienen desde 2013. “La lanzamos dentro de una campaña donde declaramos a la Corriente como un espacio libre de violencia de género y la acompañamos con una serie de acciones. Buscamos que cada integrante supiera cómo actuar frente a una situación de violencia y que generemos relaciones horizontales”, explicó López a El Ciudadano. El equipo de género de la Corriente actualiza la guía cada año. En 2018 trabaja para formalizarla en un protocolo que pueda especificar las situaciones de violencia. “Tenemos que trabajar para erradicar los machismos. Las mujeres no nos callamos y avanzamos. En los espacios políticos y partidarios no fue gratuito el lugar que construimos como dirigentes y militantes”, agregó López. Según la concejala no recibieron denuncias de afiliados. Sí acompañaron las denuncias de militantes y de mujeres de otros espacios políticos y públicos.

Desde el Movimiento Evita, Majo Poncino contó que desde hace dos años tienen un protocolo nacional. Lo aplican para militantes sin distinción de responsabilidad y jerarquía. Un comité nacional de igualdad de género y prevención de violencia recibe las consultas o denuncias por correo electrónico. El resto del protocolo es similar al del radicalismo. Desde la aplicación del protocolo ya separaron a dos militantes por casos de violencia simbólica. “En las organizaciones mixtas y con desigualdades de poder necesitamos mecanismos y herramientas de prevención que sean una respuesta política y colectiva de protección, seguridad, respeto e igualdad. En una organización es una obligación, un compromiso y una responsabilidad”, agregó Poncino.

Después de la primera movilización por el Ni Una Menos en 2015, los integrantes de Patria Grande decidieron crear un protocolo. Lo redactaron y al año siguiente lo aprobaron a nivel nacional. En la aplicación no buscan sanciones judiciales sino actividades que permitan revertir las situaciones. Como en otras organizaciones, una mesa regional recibe las consultas y denuncias, y responden en menos de una semana. Según contaron, un integrante de la mesa se reúne por separado con los involucrados y debaten las acciones que tomarán. Informan a la comisión nacional para hacer un seguimiento y un balance final. El protocolo diferencia tres niveles de intervención según cada nivel de violencia. Van desde los insultos, descalificaciones y bromas hirientes, hasta las amenazas, golpes, abusos sexuales, violaciones y femicidios. Según contó la referente de Patria Grande, Noelia Figueroa, los casos más frecuentes fueron denuncias de acoso, maltrato o discriminación de parte de militantes hombres. Algunas llegan de parte de compañeras de militancia y otras de personas ajenas a la organización. La mayoría de los casos los resolvieron sin inconvenientes. Figueroa admitió que en pocos casos tuvieron que expulsar. “Una de las mayores dificultades está en el trabajo con los denunciados. En particular, cuando proponemos que revean su actitud en talleres o lecturas grupales. No hay muchos varones dispuestos a hacerlo”, explicó Figueroa.

En camino

Desde PRO Rosario señalaron que aún no tienen un protocolo formal de actuación, pero confirmaron que durante 2018 se capacitaron en género con personal del Instituto Nacional de la Mujer de Rosario. “Intentamos generar conciencia. El rol de las mujeres es activo y los varones tenemos que cambiar el chip. El desafío es hacerlo universal a los barrios y que las autoridades lo tomen como una política de Estado”, señaló a El Ciudadano, el concejal Carlos Cardozo. El legislador admitió que hubo dos situaciones de acoso laboral dentro de los grupos de militancia. La respuesta fue separar a los acusados.

Las mujeres socialistas de Rosario están en pleno armado de un protocolo que discutirán al interior del partido en toda la provincia. “No tuvimos ningún caso. Queremos tener esta herramienta porque pensamos que la podemos llegar a necesitar. No estamos exentas de prácticas machistas y reprochables. Es necesario no actuar en complicidad”, dijo Carolina Mozzi, directora del Instituto Municipal de la Mujer. “Tenemos que desnaturalizar las prácticas machistas que forman parte de la cotidianidad. Nos parece importante que no quede en la discusión entre militantes del partido, sino abrirlo a toda la organización. Valoramos que en todos los ámbitos y estructuras se den estas discusiones. Necesitamos repensar y proteger los derechos de las mujeres”, concluyó.

Desde Iniciativa Popular, la concejala Fernanda Gigliani, dijo que no registraron situaciones de violencia, pero que las mujeres ya comenzaron a escribir un protocolo. “Tomamos como base lineamientos que ya había trabajado la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y estamos en pleno intercambio con otras organizaciones de mujeres y partidos políticos que ya los elaboraron”, agregó Gigliani.

 

Concejal de Ciudad Futura renunció después de denuncia de acoso

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