El quinto paro nacional contra Cristina de Kirchner dejó en el sindicalismo opositor una sensación de inquietud. Aunque los dirigentes celebraron la contundencia de la medida de fuerza, impulsada en particular por la restricción total en el transporte público de pasajeros, por lo bajo admitieron estar frente a su mayor temor: la posibilidad concreta, por primera vez desde el retorno de la democracia, de ya no infundir miedo en la clase gobernante. Sin embargo, movidos por la inercia, admitieron que hasta octubre estarán obligados a mantener el mismo nivel de conflictividad.
Como un monstruo forzado a jubilarse porque los niños ya no le temen, los gremialistas opositores sospechan que la jefa del Estado encontró la fórmula para neutralizarlos. Y advierten, en conversaciones reservadas, que la mayor preocupación es que ese antídoto llegue a los botiquines de los presidenciables y de los futuros administradores políticos.
La máxima de Augusto Timoteo Vandor de “golpear para negociar”, enraizada en el grueso de la dirigencia sindical de la actualidad, parece haber quedado desactualizada con Cristina de Kirchner, quien demostró inmunidad frente a las últimas acciones a nivel nacional. Huelgas de altísimo nivel de adhesión como la del martes y la del 31 de marzo –que no necesitaron como años atrás de los cortes de la izquierda para vaciar las calles– no mellaron la popularidad de la jefa del Estado y, por el contrario, parecieron fortalecerla.
Cerca de Hugo Moyano, donde se diseñan los pasos a seguir de los gremialistas opositores, reconocieron que existe una suerte de admiración por la resiliencia de la mandataria, pero avisaron que eso no les impedirá continuar con las protestas hasta las próximas elecciones. Lo harán para no mostrarse derrotados ante la estrategia oficial, pero principalmente para exhibir fortaleza ante los candidatos para octubre. También lo reconocen en la CGT oficialista, donde sin embargo eligieron la senda de la negociación con el gobierno hasta esa fecha.
Ese diagnóstico común motorizó contactos en los últimos días entre dirigentes de ambas versiones de la CGT, y dejará el camino allanado para posibles encuentros con vistas a la meneada y demorada unidad de la central obrera. La reunificación entre esos gremialistas con años de experiencia se trata ya de una cuestión de supervivencia más que de fortaleza.
Hay otro factor que explica el renovado impulso en torno de la fusión de la CGT: el protagonismo que adquirió un puñado de sindicatos del transporte, con la Unión Tranviarios Automotor (UTA, colectiveros) y La Fraternidad (maquinistas de trenes) como emblemas y garantes, casi en soledad, de la efectividad de una huelga nacional.
De hecho, esas organizaciones empujan una semana de paros escalonados en julio, con un día dedicado al transporte terrestre (colectivos, trenes y camiones), otro al aeronáutico y un tercero al de puertos y vías navegables.
Moyano, que forma parte de ese esquema sectorial, se niega a ser un eslabón más y reivindica su rol protagónico: de ahí que convocara a un paro de los camioneros una semana antes de la protesta nacional, y encabezara un acto en Deportivo Español para darle aire a su reelección al frente de los choferes. Esa misma necesidad de no quedar rezagado lo arrimará a los negociadores de la CGT oficialista, como Gerardo Martínez y José Luis Lingeri.
El escenario, así planteado, dejará mientras tanto a la CGT de Antonio Caló pegada a Cristina de Kirchner hasta el final de su mandato, y a las versiones opositoras de Moyano y Luis Barrionuevo, así como a la CTA de Pablo Micheli, encadenadas a protestas mensuales o bimestrales hasta octubre. Ese accionar, además, precederá la casi obligada inmovilidad que tendrá el sindicalismo en los primeros meses del próximo gobierno. Oficialistas y disidentes de hoy coinciden, en ese punto, en que cualquiera fuese el futuro presidente el gremialismo tradicional deberá cederle un período de gracia.
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