Ezequiel Nieva
El caso Traferri, que en rigor es la continuación y profundización del caso Serjal que provocó un escándalo al interior del Ministerio Público de la Acusación (MPA), deja al desnudo las limitaciones que tiene la Justicia para ir a fondo en investigaciones que comprometen al poder económico y político. Como contracara, también permite observar cómo se ha consolidado el poder de los senadores provinciales, que tienen la fortaleza necesaria para condicionar a los gobiernos de turno, independientemente del signo político, y al propio Poder Judicial, como hicieron al cambiar las reglas de control y sanción a los fiscales años atrás. Pero también, si se toma al pie de la letra la estrategia defensiva del senador sanlorencino, que apunta a un sector del Poder Ejecutivo, se puede inferir una judicialización de la política, un lawfare en sintonía con una palabra de moda en el país el último lustro.
El pedido de desafuero contra el senador del departamento San Lorenzo y líder del bloque mayoritario Juan Domingo Perón, realizado por los fiscales que llevan adelante la causa del juego ilegal –Matías Edery y Luis Schiappa Pietra– fue rechazado por los integrantes del bloque que conduce Armando Traferri y por sus pares de la UCR. Solamente los cuatro senadores leales al gobierno de Omar Perotti votaron por quitarle la impunidad a su colega, pero no alcanzó.
El resultado de esa votación expuso en forma contundente lo que el ministro de Seguridad Marcelo Sain, archienemigo de Traferri, ha denominado como “el viejo bloque de poder que ha gobernado la provincia de Santa Fe en la última década, donde están el Frente Progresista y la derecha peronista”, el que también definió como “peronismo vandorista”.
En efecto, el Senado es una cámara conservadora y reacia a los cambios. Muchos de los senadores que votaron a favor de Traferri transitan su cuarto o su quinto mandato consecutivo. En las elecciones del año pasado, 16 de los 19 integrantes del Senado, cámara en la que sólo hay una mujer, fueron reelegidos para un nuevo período. Del lado de la alianza transitoria entre la Casa Gris y los fiscales quedaron apenas cuatro miembros del interbloque del PJ: los experimentados Alcides Calvo y Ricardo Kaufmann y los novatos Marcelo Lewandowski y Marcos Castelló.
A lo largo de los últimos meses, a medida que se conocían nuevos detalles de la causa del juego ilegal, el gobierno provincial se esforzó por intentar llevar el debate hacia el tópico “decencia versus corrupción” (las palabras son del propio Perotti), para tratar de alejar la idea de que se trata de una interna partidaria entre la Casa Gris –con el ministro Sain a la cabeza– y un grupo poderoso de senadores provinciales. Por eso en la oposición frenteprogresista, que tuvo posturas disímiles según el tipo de legislador que se expresara, calculan que tarde o temprano el discurso oficialista terminará por embarrarla.
El rechazo al pedido de desafuero de Traferri, el pasado viernes 18, parece expresar otra cosa que ese tópico enunciado más arriba. Y las posteriores intervenciones del senador de San Lorenzo en el recinto van en ese sentido: Traferri le enrostró a Perotti, no una sino dos veces, que su triunfo en las elecciones de 2019 sólo fue posible por el apoyo de los senadores en cada uno de los departamentos de la bota santafesina.
En respuesta, desde las huestes del gobernador están organizando un acto en su apoyo que se realizará el martes 29 en un camping sindical de la localidad de Sauce Viejo, departamento La Capital. Lo presentan como “un relanzamiento de la gestión”, pero en los hechos será la ocasión propicia para observar de qué lado están parados cada legislador, intendente, concejal, presidente comunal y dirigente de base del PJ.
El PJ santafesino vive horas de agitación y la ruptura de su bloque de senadores –de un lado quedaron los aliados de Traferri, del otro los leales al gobierno– es el primer hecho formal que visibiliza esa crisis. Lejos parece haber quedado aquella “unidad en la diversidad”, tal como la definió el presidente del partido Ricardo Olivera, que le permitió al peronismo recuperar el gobierno de la provincia luego de 12 años. Ahora, el desafío para Perotti es reacomodar las piezas de la coalición para afrontar los próximos tres años de su mandato, en el ingreso a un año electoral, con minoría en ambas cámaras y sin posibilidad de reelección, cosa que la Constitución provincial no prevé, aunque ya comenzaron los rumores en el propio oficialismo de que sería un buen momento para impulsar lo que sus antecesores no pudieron: reformar la Carta Magna.
Conflicto entre poderes
Los senadores que rechazaron el desafuero de Traferri coincidieron en señalar que las pruebas presentadas por los fiscales Edery y Schiappa Pietra no son suficientes para quitarle la inmunidad al legislador del departamento San Lorenzo. Los fiscales pretendían imputarlo como organizador de una asociación ilícita que tendría como objeto brindar protección a una red de juego clandestino operada por el “empresario” arrepentido Leonardo Peiti.
Desde que la causa tomó estado público, quedaron a la vista las tensiones –cada vez mayores– entre los distintos poderes del Estado provincial. Desde el MPA (Poder Judicial) observan con recelo los avances de la Legislatura en el control de los funcionarios judiciales: aducen que de esa manera el poder político se autoprotege y, al mismo tiempo, condiciona la tarea de los fiscales, sobre todo en investigaciones que incomodan a los propios legisladores o al Poder Ejecutivo.
Si bien en la Legislatura no hay unanimidad en torno de estas cuestiones, aquel “bloque de poder” al que alude en todo momento el ministro Sain ha puesto el grito en el cielo por lo que consideran “operaciones” de desprestigio pergeñadas por el gobierno en complicidad con los fiscales del nuevo sistema penal. El propio Traferri dijo públicamente ser víctima de los “carpetazos” del Ministerio de Seguridad y de una “persecución política” por parte del MPA: Sain es el jefe con licencia del Organismo de Investigaciones (la policía judicial).
El gobernador Perotti habla poco del tema. En sus últimas declaraciones, linkeó la investigación sobre las redes de timba ilegal con su discurso de asunción, en diciembre de 2019, cuando dijo que su voluntad era cortar de raíz cualquier vinculación entre las instituciones del Estado y el crimen organizado. En la misma tónica, el gobernador repite como mantra el lema “caiga quien caiga”. Sin hacer nombres propios, se puede leer entre líneas a quiénes alude el mandatario provincial con esas palabras.
El conflicto entre los poderes del Estado vuelve a salir a la luz con la causa del juego clandestino, pero no es nuevo. Los enfrentamientos entre el Ejecutivo y la Justicia –en los cuales intentó terciar sin mucho éxito la Legislatura– fueron moneda corriente durante el proceso de transición del viejo al nuevo sistema penal (2007-2014).
La puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, el 10 de febrero de 2014, estuvo signada por una larga polémica entre la Corte Suprema y la Casa Gris. Conflictos similares, aunque motivados por hechos de otra índole, se sucedieron durante el caso Tognoli (2012), también cuando se discutió la destitución del ex defensor provincial Gabriel Ganón (2016) y cuando se sancionó a los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí mientras investigaban las gestiones de los entonces ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro e intendente de Santa Fe José Corral.
También en la llamada megacausa inmobiliaria que llevó adelante el fiscal Sebastián Narvaja (con Valeria Haurigot) e involucró a la crema del poder económico rosarino, con un ejecutivo de medios que zafó del proceso en una resolución validada por el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, ahora preso en la causa de coimas del juego clandestino, y en la pesquisa por los fondos reservados del Senado, que Narvaja impulsó con su par Adrián Mac Cormack.
En todos esos casos, el tópico del debate fue: ¿quién controla a quién y cuál es el poder real de cada organismo del Estado cuando son funcionarios del propio Estado quienes están involucrados en maniobras irregulares? En otras palabras: ¿quién tiene la última palabra?
Por la causa del juego clandestino están bajo proceso el mencionado Peiti, quien en un caso similar en Melincué enfrenta un pedido de ocho años de cárcel y sin embargo se mantiene en libertad, y dos ex fiscales del nuevo sistema penal: Serjal y su subordinado Gustavo Ponce Asahad, ambos tras las rejas. Serjal debió renunciar a su cargo cuanto estalló el escándalo y Ponce Asahad fue destituido por la Legislatura.
Sin embargo, poco después, el impulso que le imprimieron Edery y Schiappa Pietra a la causa se topó de frente con la decisión corporativa del Senado, tal como la definieron los propios fiscales. La investigación prosigue y nada permite suponer que Traferri está salvado del todo: las dos causas por juego clandestino siguen su curso y además la pelota puede terminar en la Corte Suprema tras un pedido de inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal, que habla de los fueros. Habrá nuevos capítulos en esta historia.
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