Un informe del Cuerpo Médico Forense presentado en marzo de 2005 había dictaminado que el ex represor Emilio Eduardo Massera se encontraba “demente”, por lo cual no estaba siendo juzgado por las múltiples causas que enfrentaba por violación de los derechos humanos.
La demencia del ex almirante provocó la paralización de tres expedientes en los que se encontraba imputado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
La jueza Marcela Pérez Pardo había ordenado la confección del informe, luego de que la Justicia Penal dispusiera la libertad de Massera, por entender que no estaba en condiciones mentales de ejercer su defensa.
De ese modo, el estudio forense terminó reforzando esas conclusiones al sostener que Massera, en aquel momento de 79 años, tenía “pensamiento retardado” y un “marcado descenso del capital ideativo”.
Para los especialistas, el cuadro de Massera se podía encuadrar dentro de las previsiones del artículo 141 del Código Civil que establece que “se declaran incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes”.
Los jueces que decidieron sobre la libertad de Massera fueron María Servini de Cubría, quien lo investigaba por casos puntuales de desaparición de menores, Guillermo Montenegro, quien en la actualidad se desempeña como ministro de Seguridad de Mauricio Macri y en 2005 llevaba la causa por el plan sistemático para el robo de bebés, y Sergio Torres, quien tramitaba un pedido de extradición de la Justicia alemana por la desaparición de dos ciudadanos de ese país.
En octubre de 2004 los fiscales Patricio Evers y Luis Comparatore habían reclamado la conformación de una junta médica para indagar sobre la salud mental de Massera, quien había sido operado varios meses antes en el Hospital Naval por un derrame cerebral.
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