Nombrados en Salta desde hace dos décadas como los narcos más poderosos de la frontera boliviana –la llave para la exportación de toneladas de cocaína a Europa desde la Argentina–, y convertidos en noticia nacional tras la detención el año pasado del mayor de los hermanos y la caída en desgracia del juez federal de Orán Raúl Reynoso, Delfín y Raúl Castedo fueron encausados como jefe e integrante, respectivamente, de una asociación ilícita que cometía delitos indeterminados, entre ellos el contrabando y comercialización de drogas a gran escala.
En sintonía con lo solicitado por los fiscales federales José Luis Bruno, Carlos Amad, Eduardo Villalba y Diego Iglesias, cotitular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), la sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó los procesamientos dictados en primera instancia. En la resolución dictada el 19 de junio, el tribunal afirmó que aquella organización criminal habría operado desde el año 1999, cuando se tomó conocimiento de las actividades desarrolladas por el diputado provincial salteño Ernesto Aparicio, que continuó con Delfín Castedo como jefe de la asociación y Raúl Castedo como su hombre de confianza, aun cuando el mayor de los hermanos se encontraba prófugo de la justicia y también luego de su detención, ocurrida el 22 de julio de 2016 en el partido bonaerense de Ituzaingó, circunstancia en la que el imputado se identificó con un documento a nombre de Eduardo Lungo.
La decisión de los camaristas Ernesto Sola, Renato Rabbi Baldi Cabanillas y Alejandro Castellanos indicó que la estructura criminal se mantuvo vigente a lo largo del tiempo de la investigación, valiéndose de todos los medios (cohecho, infracción a la ley de fronteras, amenazas –que habrían sufrido al menos Liliana Ledesma y Pilar Rojas–, eventualmente la autoría por instigación del homicidio de la primera como considerara el juez provincial, tenencia de armas, uso de documentos falsos) para lograr mantenerse operativa y obtener un incremento patrimonial como ultrafinalidad de los delitos, que los imputados no pueden justificar.
La Cámara Federal concluyó que “esta tendría por finalidad cometer una serie indeterminada de delitos –principalmente al narcotráfico– que puso en peligro la tranquilidad social, a partir de la cual la empresa criminal obtuvo ganancias que en las presentes actuaciones se observan traducidas en el incremento patrimonial de cada uno de los integrantes de la empresa criminal que –contrariamente a lo sostenido por la defensa de Delfín Castedo– razonablemente no pueden justificar”.
El 12 de mayo pasado, el ex juez de Orán, Raúl Reynoso, fue procesado por cohecho pasivo y falsificación por haber confeccionado el acta de declaración indagatoria de Delfín Castedo en la presente causa, y que este último, además, resultó procesado por cohecho activo, en virtud de las dádivas abonadas al ex juez para que dictara resoluciones favorables a sus intereses. A la vez, la Cámara hizo lugar al pedido de los fiscales por cuanto dispuso que se le recibiera declaración indagatoria a Delfín Castedo por el transporte de 180 kilos de cocaína secuestrados en el procedimiento de Gendarmería desarrollado el 22 de diciembre del 2016 en la localidad de El Quebrachal.
En cuanto a los embargos preventivos con fines de decomiso de las fincas de los Castedo denominadas El Aybal y El Pajeal, ambas ubicadas en la localidad de Salvador Mazza y linderas con el Estado Plurinacional de Bolivia, que fueron solicitados por el Ministerio Público Fiscal, la Cámara dispuso la anotación de litis en el Registro de la Propiedad Inmueble, a fin de facilitar el eventual decomiso que podría traer aparejada una sentencia condenatoria. En tanto, el pasado 22 de junio, en el marco de esta causa fue detenida Melba del Carmen Araujo –esposa de Delfín Castedo– en la localidad de Aguaray, acusada de haber formado parte de la asociación ilícita.
Proyección internacional
Informes de inteligencia sindican a Castedo como quien proveyó de cocaína importada de Bolivia a distintas organizaciones que exportaron por diversas vías esta droga a Europa en las últimas décadas, camufladas en distinta mercadería, especialmente carbón vegetal. Semejante pedigrí también se vincula con actores locales, no sólo el ya célebre Patricio Gorosito –condenado por enviar una tonelada a cocaína a través del Atlántico en el caso Carbón Blanco II– sino con otro arroyense también relacionado con el fútbol que supo tener sus momentos de gran centimetraje en las crónicas del crimen: Sergio Miguel Greco.
Greco es muy conocido en el ambiente del fútbol. Fue representante de José Omar Pastoriza, el Pato, quien fuera director técnico de Independiente, y quien en 1981 se vio involucrado en una banda que adulteraba combustibles. Pastoriza falleció en 2004, la misma época en que su amigo Patricio Gorosito comenzaba a construir el estadio de su flamante club, el Real Arroyo Seco, el mismo complejo que le vendería a Rosario Central por 16 millones de dólares y que bautizaría con el apellido de Pastoriza.
Greco había tenido una irrupción estelar en el mundo del fútbol local cuando pretendió traer a Newell’s a Carlos “Pibe” Valderrama, quien incluso llegó a Rosario pero nunca terminó de desembarcar. Luego firmó convenios a cambio de un 20 por ciento con Boca en 2001, en épocas de la presidencia de Mauricio Macri, para una presentación del Xeneize en China entre otras actividades de intercambio
Allá por 1996 Greco marchó preso en el marco de un caso espectacular. Según se probó en la Justicia, convenció a un vendedor de profilácticos de que abriera con nombre falso una cuenta en el Banco de Santiago del Estero para luego cobrar 5 millones de pesos con un cheque interbancario trucho a partir de un contacto que le facilitó la tarea dentro del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Los timadores huyeron hacia Santa Fe y finalmente terminaron detenidos. Incluso en el panteón familiar de Greco en el cementerio de Arroyo Seco fue incautado casi un millón de pesos, aunque el hombre dijo que en realidad la Policía le había mejicaneado más de un millón y medio. El hombre estuvo preso cuatro años, casualmente o no el monto de la pena que le fijó Casación en un fallo que recién llegó en 2014 bajo la figura de expendio de cheques falsos. El tribunal también le ordenó restituir solidariamente el dinero junto con el BCRA y los otros dos condenados.
El cártel de Losano
Ante la Justicia italiana, Greco fue condenado en ausencia por asociación ilícita para importar sustancias estupefacientes provenientes de otros países. Una organización transnacional conocida como el cártel de Losano –a la que se sospecha Castedo le proveía cocaína– fue desbaratada en 2005 en operativos que tuvieron diferentes nombres, tanto en España como en Italia, pero que en la Argentina se unificaron como Carbón Blanco I. Primero cayeron 300 kilos de droga en el puerto de Valencia que habían partido desde Campana y semanas después otros 700, todos disimulados en carbón vegetal, lo que disparó detenciones a ambos lados del Atlántico y el secuestro de más droga camuflada de esa manera: en un camión incautado en Capilla del Señor, casi 200 kilos y otros 700 en una casaquinta de José C. Paz.
Según una investigación de los Tribunales de Trento, en Italia, todo era parte de un entramado que llevaba 300 kilos de cocaína al mes a Ibiza y también al norte de Italia, y que a la vez comercializaba éxtasis proveniente de Holanda, vía Francia, tanto en Italia como en España. Fueron presos los dos hijos de la condesa Pinina Garavaglia, referente de la nobleza lombarda, y entre varios argentinos quienes eran apuntados como lugartenientes de Castedo: Sergio Miguel Greco y los hermanos Fabián y Diego Disipio. Un año después, la Justicia italiana vincularía estos embarques con tres mil kilos incautados en el sur de Italia a la N’Dranghetta, la mafia calabresa. En la parte argentina de la causa terminarían condenados en 2015 dos hombres, entre ellos el empresario de origen japonés Akira Taira. Y un año después el socio de Gorosito, el abogado porteño Carlos Salvatore, fue imputado como uno de los jefes de la organización que operó en el Carbón Blanco original.
En cuanto a Greco, el caso llegó hasta la Corte Suprema de la Argentina, que terminó concediendo su extradición el 1º de noviembre de 2011 pero aclarando que lo hacía sólo en condición de imputado, habida cuenta de que la sentencia, en juicio abreviado, no estaba firme.
El caso Ledesma
Delfín Castedo estuvo prófugo de la Justicia salteña desde hace diez años, acusado como autor intelectual del homicidio de Liliana Ledesma, apuñalada en Salvador Mazza el 21 de septiembre de 2006. Este homicidio destapó los negocios narco de Castedo y su hermano Raúl, trece años menor, quienes crecieron en la frontera y aprovecharon los terrenos familiares linderos con ese borde para ejecutar negocios. Antes, en 1999, el esposo de Ledesma, Gilberto Villagomez, quien al parecer trabajaba para los Castedo, había sido asesinado, y su viuda correría el mismo camino. El menor de los Castedo fue extraditado el año pasado desde Bolivia para enfrentar la acusación por el asesinato de Ledesma y también la causa por asociación ilícita. Allí estuvo preso en los últimos años cumpliendo condena por narcotráfico.
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