Manuel Parola
La noche del 9 de junio de 1956, la pelea de boxeo entre Eduardo Lausse y el chileno Humberto Loayza en el Luna Park ocupaba el lugar del evento principal en materia deportiva. Todos los oídos estarían puestos en la transmisión del encuentro, por lo que los generales Raúl Tanco y Juan José Valle, militares de estirpe peronista cansados de la mentira del “ni vencedores ni vencidos” de Eduardo Lonardi y de los atropellos de Aramburu, habían planeado interrumpir la transmisión radial para leer una proclama, iniciando una rebelión contra la Revolución Fusiladora. Dado que los movimientos insurgentes estaban infiltrados por agentes del gobierno, Aramburu ya tenía preparados los decretos para establecer la ley marcial y los fusilamientos de los amotinados.
En una casa de la localidad bonaerense de Florida, un grupo de personas estaba reunido para escuchar la pelea, pero sus intenciones fueron opacadas por una redada de la policía, la cual buscaba insurgentes peronistas que integraran la rebelión de Valle. Trece de ellos fueron detenidos. Si bien algunos eran sindicalistas peronistas que estaban al tanto de los planes de los rebeldes militares, la mayoría no tenía la más pálida idea de lo que estaba sucediendo. El comando los llevó, incomunicados y sin mediar palabra, hasta un basural donde los acribillaron a balazos. Aún no regía la Ley Marcial.
Todo esto formará parte del libro Operación Masacre, que introdujo a su autor a la historia del periodismo, ya que fundó una nueva escuela: contar en formato narrativo, casi literario, una historia injusta.
“Esos productos, Operación Masacre o La Patria Fusilada y ese tipo de publicaciones que terminan siendo parte tanto de la literatura como del periodismo, no son producidas por los medios hegemónicos, son producidos a pesar de ellos” dice Ricardo “Patán” Ragendorfer, periodista e investigador dedicado a temas policiales. Ragendorfer analiza el rol de los medios hegemónicos en la época tanto en los fusilamientos de 1956 como en los de Trelew, ocurridos el 22 de agosto de 1972, prontos a cumplir sus primeros cincuenta años. “Todos los días aparecían noticias sobre falsos enfrentamientos que en realidad eran apariciones de cadáveres asesinados en centros clandestinos de detención. De ese mismo modo, ya en democracia, se habla de cruentos tiroteos cuando en realidad han sido casos de gatillo fácil”.
Para Ragendorfer, los libros insignia de Francisco Urondo y Rodolfo Walsh tuvieron un impacto en las escuelas de periodismo. “Acá tenemos que separar un poco el impacto que causaron en su momento tales textos de denuncia y ponernos a analizar cómo tales textos sobreviven aún cuando esas denuncias ya son ajenas y superadas por el tiempo. En ese sentido se da un extraño fenómeno en el cual un texto periodístico que al seguir siendo leído por su excelencia narrativa, entra a formar parte de la literatura. No fueron concebidos como un texto literario, pero fueron concebidos con técnicas que de algún modo tienen que ver con lo literario”.
En ese sentido, Ragendorfer no cree que ni Walsh ni Truman Capote, ni quienes son los iniciadores del género non fiction se hayan propuesto explícitamente hacer una renovación de la lectura periodística, sino que sencillamente es una expresión del choque entre el impulso literario de los autores con su oficio periodístico, dedicado a la narración de historias, cuanto menos, complejas.
El escritor, autor de la recordada investigación que lleva por título La Maldita Policía, descree que tanto Truman Capote como Rodolfo Walsh hayan inventado esta forma de narrar las historias periodísticas, convirtiendo una situación real y concreta en un hecho narrativo mimetizado con una auténtica novela de policías, ya que hay diversos ejemplos previos de esta metodología de denuncia. Amable, interesante, sutil. Y a la vez impactante: no dejan de ser historias escabrosas. Al fin y al cabo, Dick Hickock y Perry Smith asesinaron a la familia Clutter a escopetazos, incluyendo a los niños, a sangre fría.
Es importante recordar los fusilamientos de José León Suárez en clave no sólo histórica sino también política ya que “son bastante recurrentes en la historia argentina, y de una manera permanente hay que tratar de evitar, conjurar, que en el presente y el futuro sucedan cosas de esta índole. Los fusilamientos en todo caso hasta son hijos de los fusilamientos de la Patagonia Trágica en la época de Yrigoyen”. Para el periodista “hay una larga tradición de asesinatos múltiples por razones políticas en la Argentina desde, no sólo poderes militares, sino también no militares. En consecuencia, si bien tal vez el mundo jamás será un paraíso hay que por lo menos evitar que sea un infierno”.
Del fusilado que vive a los verdugueos policiales
“Tanto los fusilamientos de junio de 1956 como los fusilamientos de Trelew son emprendidos por gobiernos de facto y en realidad, sin ser concebidos a tal fin, fueron el preludio o el laboratorio del terrorismo de Estado que comenzó a implementarse a partir de la última dictadura” dice Patán. “En ese sentido cabe acotar que de algún modo, esos hechos, y como prolegómenos a los crímenes de la dictadura, fueron cometidos no solamente por las fuerzas armadas como en el caso de Trelew, sino también por fuerzas bonaerenses en el caso de los fusilamientos de José León Suárez. Si nos preguntamos porqué esas fuerzas de seguridad que también tuvieron un activo papel, subordinados a las fuerzas armadas durante la dictadura militar, tendremos ante nosotros un panorama ante el cual, en democracia, el llamado gatillo fácil, se ha cobrado según la Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) 8172 víctimas desde 1983 en adelante, y en ese sentido debemos reconocer que la no democratización de las fuerzas de seguridad es una de las grandes deudas que la democracia le debe a su propia historia”.
El archivo anual de la Correpi, correspondiente al año pasado, entiende a que sólo en el año 2021 se registraron 417 casos de muertes a manos de efectivos del Estado, mientras que la actualización del registro del año 2020 dejó un saldo de 537 vidas cegadas por la policía o alguna fuerza de seguridad. El año 2020 y los primeros once meses de 2021 muestran otro salto importante, debido al crecimiento inusitado de muertes en lugares de detención en pandemia. De los 537 casos de 2020, son muertes en cárceles y comisarías el 71,5% (con 384 casos), y de los 417 casos de 2021, el 65,5% (273 muertes registradas).
Una muerte cada 17 horas: estar en un calabozo y el gatillo fácil, las principales causas de asesinato a manos del estado
El viernes 17 presentamos, en Plaza de Mayo nuevamente, nuestro Informe de la Situación Represiva Nacional 2021 y la actualización de nuestro Archivo. pic.twitter.com/CAQXjuGWJ7
— CORREPI (@CORREPI) December 20, 2021
Lo alarmante es la locación de estos homicidios: según el informe, las dos modalidades más frecuentes de la represión son las muertes de personas en situación de encierro, contabilizando 4185 casos (el 51% desde 1983) y los fusilamientos de gatillo fácil, con 2877 casos (35,21% del total registrado por la CORREPI).
“En el aspecto doctrinario de la palabra, si bien esa fuerza de seguridad estuvieron sujetas durante las dictaduras, a la llamada doctrina de seguridad nacional, debemos empezar a pensar que esa no democratización deriva en una suerte de evangelio de la seguridad urbana, que es una especia de versión democrática de la doctrina de la seguridad nacional tendiente a imponer una especie de construcción del miedo para la cual, siempre es necesario” en toda construcción de este tenor, “encontrar un enemigo social”.
Así como en la dictadura el enemigo interno era el marxismo y las fronteras ideológicas, “en democracia los enemigos son espasmódicamente los menores en conflicto con la ley, los senegaleses que venden chucherías en la vía pública” enumera Ragendorfer. “En fin, el mito de la inseguridad es una especie de resultado de la doctrina de seguridad urbana” sentencia el escritor.
Precarizadamente
Pensar en una investigación del tenor de Operación Masacre hoy es difícil. Los casos de violencia institucional, de represión estatal y de terrorismo de Estado muchas veces han llegado a ser de interés público debido a una investigación periodística, pero las actuales condiciones de trabajo con las cuales se encuentran gran parte de los trabajadores de prensa distan de permitir un despliegue y una profundización en los abordajes periodísticos, siquiera en la especialización de los reporteros.
La calidad informativa, la cual hace a las historias publicadas, al discurso social y al “aquello de lo que se habla”, depende directamente de las condiciones laborales de los periodistas. No confundir: los trabajadores de prensa son eso mismo. Trabajadores de un oficio que en los últimos años atraviesa una crisis de identidad muy profunda que al día de hoy no está resuelta y que tiene como corolario su caída en calidad debido tanto a los formatos que ponderan la figura del comunicador antes que la información ofrecida y su tratamiento, como también las condiciones laborales de esos trabajadores.
https://twitter.com/sipreba/status/1533878060864483330?t=yMF7zjqZgVQIplbi0pkYmA&s=19
Según una encuesta del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), el 51% de las y los periodistas sufren problemas de estrés, en un contexto de precarización laboral. Esto también viene a cuenta de que más de la mitad de los comunicadores tienen dos o más empleos, mientras que el 26% de los mismos cobró por debajo de la línea de pobreza, aún sumando la facturación de todos sus trabajos, dentro o fuera de prensa. En lo que respecta a cómo está conformada la población de trabajadores de prensa, sólo el 12,6% de les trabajadores de prensa tiene menos de 30 años. Si el promedio de los periodistas que trabaja en condiciones de contratación precaria es de 2 de cada 10, en esta franja etaria asciende al 42%. En esa misma línea, el 74,44% de los jóvenes periodistas cobra por debajo de la línea de pobreza.
Si de género se trata, la cuestión no mejora: sólo hay un 43,8% de mujeres trabajando en los medios de comunicación, mientras que las disidencias sexuales no llegan al uno por ciento. De este porcentaje de mujeres, el 24% afirmó tener salarios inferiores a los de sus compañeros varones.
El estrés y la sobrecarga de trabajo hace en cualquier persona que su labor se desarrolle en condiciones poco óptimas. En Rosario, a la precarización se le suma la concentración obscena de los medios locales. En el quehacer periodístico, este filtro a las voces que investigan y exponen las dolencias de los postergados y las vivezas de los más poderosos hace a la pauperización de un valor inalienable de la democracia: el libre acceso a la información y a la expresión ciudadana. A pesar de todo, aún precarizados, elegimos, como dijo Walsh, dar testimonio en momentos difíciles.
Comentarios