La fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, dispuso mediante la resolución 467 que a partir de este viernes los órganos fiscales de la provincia podrán intervenir en la investigación de los delitos alcanzados por la llamada desfederalización de la persecución penal de la venta de estupefacientes a baja escala, conocida como narcomenudeo. Esos delitos estaban antes reservados al fuero federal.
La actuación de los fiscales estará regida por medio de una guía de actuación elaborada por un equipo de trabajo que estará conformado por las fiscales Carla Cerliani y Valeria Haurigot, el fiscal Diego Vigo, el subdirector provincial de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigaciones, OI, Víctor Moloeznik, y la secretaria de Gestión con funciones asignadas a la Fiscalía General, Marina Pieretti.
La incursión de la justicia provincial en esos delitos está amparada en la recientemente aprobada ley provincial 14.239 de Adhesión a la Desfederalización de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes.
En su resolución de este miércoles, la fiscal general explica que la tarea que realizará el MPA desde el 29 de diciembre será gradual y progresiva hasta tanto “se reúnan las condiciones necesarias para la plena vigencia de la normativa”. Se refirió, en ese punto, a las “reformas legales a la ley provincial 13.013, al Código Procesal Penal de Santa Fe y la creación definitiva de la Agencia Especial de Inteligencia, recursos humanos y equipamiento”, aún pendientes.
Un problema a resolver es el sistema de traspaso de causas que actualmente tramita el fuero federal, un mecanismo que no está contemplado en la ley. Por eso, Vranicich incluyó en su resolución la promoción de una instancia interinstitucional y la invitación a los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación y a los jueces federales para en conjunto determinar la forma y los alcances de la migración.
La fiscal general señala en el texto de la resolución que “esta instancia es una ampliación al trabajo conjunto ya existente entre el MPA y la Procuración General de Nación, y particularmente con la Procunar (narcotráfico), en el marco de casos de criminalidad organizada, siendo la presente una oportunidad para profundizar, extender e institucionalizar el trabajo conjunto”.
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