País

El Broche resignificado

Los Falcon, la represión, los pañuelos verdes y blancos, el celeste: un pasado presente en Tandil

La obra de un artista local que contrapone lo popular con un emblema de las patotas de la dictadura y la sociedad de la automotriz con el terrorismo de Estado volvió a resignificarse en torno al debate por la interrupción legal del embarazo. Fue vandalizada por universitarios y restaurada


El Broche. Así se llama la obra del escultor José Ambrosio Rossanigo que estuvo instalada en el Campus de la Universidad Nacional del Centro, en Tandil, y luego en la plaza céntrica de la ciudad bonaerense. Es un Ford Falcon comprimido por un enorme broche, símbolo de lo popular. La marca y modelo del vehículo es un emblema: los “Falcon verde” eran utilizados por las patotas de la dictadura para el secuestro y desaparición de personas. Y la empresa automotriz no sólo vendía los coches a las Fuerzas Armadas para su plan represivo, sino que colaboró con el terrorismo de Estado y se sirvió de él para desarticular el accionar gremial en sus plantas.

El montaje no está en cualquier lado, y su significado se renueva. En diciembre pasado, la obra fue trasladada hasta la Plaza Independencia, en el centro de Tandil, por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito local. Fue en el marco de actividades para acompañar el debate legislativo de la norma. La intervinieron, y hubo otra sintonía repetida: la de los pañuelos verdes y los blancos de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en ambos casos con los derechos humanos, avasallados o reclamados en su ampliación, como guía.

Poco antes, en Tandil también los Falcon verde se habían resignificado. Fue el sábado 28 de noviembre, de nuevo en torno el debate por la interrupción legal del embarazo: uno de ellos encabezó ese día el capítulo local de la caravana “Sí a la vida” organizada en todo el país por quienes se oponen a la legalización del aborto. La consigna estaba pintada en celeste sobre una de las puertas laterales del vehículo, adornado para la ocasión con globos y pañuelos del mismo color.

“No es una contradicción”
El Broche, intervenido en apoyo a la ley de interrupción legal del embarazo, en la Plaza de Tandil: pañuelos verdes y blancos.

 

Un Falcon verde, símbolo de las patotas de secuestradores de la dictadura, encabezó una marcha “por la vida” en Tandil.

 

“No es una contradicción. Es apología del odio, la violencia y el terrorismo de Estado. Es la reivindicación del genocidio, la tortura, la violencia sexual, los partos inhumanos en los centros clandestinos, el robo de identidad de cientos de niños y niñas recién nacidos”, expresó entonces, en un comunicado, la CTA de la provincia de Buenos Aires.

La obra de Rossanigo, El Broche, fue montada en el Campus universitario tras su presentación pública en la Plaza Independencia, pero el odio la alcanzó allí, en una casa de estudios superiores. Un muestra de que el pasado sigue en el presente y que el llamado a preservar la memoria no es un cliché. La obra fue vandalizada por un grupo de egresados, por lo que debió ser restaurada por su mismo creador, que consiguió otras partes de un Falcon para reponer las dañadas.

El Broche está de nuevo en la Plaza Independencia, frente al Palacio Municipal, donde este 23 de marzo comenzaron las actividades con una vigilia por los 30 desaparecidos de la ciudad, homenajeados hace unos años con baldosas que llevan sus nombres. El Grupo Memoria por la Vida en Democracia, junto a la Universidad Nacional del Centro, la Mesa Intersindical Tandil, el Conservatorio de Música Isaías Orbe, junto a centros culturales locales, realizaron y tienen programadas acciones e intervenciones artísticas en el marco del ciclo “Marzo por la Memoria”.

 

Los Falcon y la Ford

La automotriz Ford colaboró intensamente con la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976. En el predio de su planta de General Pacheco funcionó un centro clandestino de detención. Allí, miembros del personal de la empresa participaron de las torturas e interrogatorios. Fue uno de los casos emblemáticos de la responsabilidad empresarial en los crímenes del terrorismo de Estado.​

Los trabajadores de Ford mantenían una situación de conflicto laboral desde un año antes del golpe de Estado, durante la etapa del gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón que ya había sido colonizado por los sectores de ultraderecha del peronismo y sus grupos armados, como la Triple A. En 1976, en Ford trabajaban unos 6.500 obreros, había tres comisiones internas y 120 delegados.

El 23 de marzo de 1976, el día previo al golpe cívico-militar, la planta de General Pacheco fue rodeada por efectivos del Ejército. En el operativo fueron detenidos delegados gremiales y trabajadores. Muchos fueron liberados, pero otros permanecen en condición de desaparecidos.​

Un día después, el Ejército ocupó un sector de la planta, en la zona del campo de deportes, para instalar en el quincho una unidad. La automotriz no solo cedió el espacio, sino que proporcionó vehículos e información para facilitar las detenciones y secuestros.​

Los trabajadores fueron detenidos en plena jornada laboral y delante de sus compañeros. Los dirigentes sindicales Adolfo Sánchez y Juan Carlos Amoroso fueron convocados a una reunión, y Guillermo Galarraga, entonces gerente de Relaciones Laborales, les leyó una nota, que atribuyó al general Ramón Camps, en la que se ordenaba prohibir los reclamos laborales.

A los pocos días, Amoroso, Sánchez y los otros representantes sindicales fueron secuestrados en sus domicilios por personas que llevaban tarjetas tomadas de los archivos de la oficina de Personal de Ford.

La investigación judicial de los hechos llevó al procesamiento de los directivos de Ford Pedro Muller y Guillermo Galárraga. También el de Héctor Francisco Sibilla, ex militar jefe de seguridad de la planta, y el del teniente coronel Antonio Francisco Molinari, subdirector de la Escuela de Ingenieros en 1976. Nicolás Courard, presidente de la compañía, había fallecido años antes.

Los secuestros fueron perpetrados por militares de la zona a cargo del condenado ex general Santiago Omar Riveros. ​

El juicio, que sufrió varias postergaciones, terminó el 11 de diciembre de 2018 cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de San Martín dio a conocer la sentencia. Los directivos de la empresa en el momento de los secuestros y desapariciones fueron considerados no sólo cómplices de la dictadura cívico-militar, sino partícipes necesarios de los crímenes del terrorismo de Estado. En su veredicto, los jueces determinaron por unanimidad que los delitos juzgados fueron crímenes de lesa humanidad.

 

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